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Jueves, 23 de noviembre de 2017
Publicado en OPINION Martes, 24 de octubre de 2017 08:00

Cataluña: Elecciones aclaratorias inmediatas

Fernando G. Urbaneja | Sea por iniciativa del gobierno catalán o del español Cataluña queda esta semana abocada a unas elecciones a principios de 2018. Unos dirán que se trata de elecciones constituyentes para alcanzar la independencia y la nueva República de Cataluña y otros, que son elecciones autonómicas al amparo de la Constitución Española de 1978. De hecho se tratará de unas elecciones aclaratorias del mapa político real y actual de Cataluña.

 

Las de 2018 serán las duodécimas elecciones consecutivas desde las de 1980 convocadas bajo la legalidad de la Constitución y el estatuto de Autonomía de 1979 aprobado en Madrid y en Cataluña con amplio consenso parlamentario. Desde entonces el partido nacionalista encabezado por Jordi Pujol obtuvo mayorías absolutas o suficientes en nueve ocasiones (entre 1980 y 1999 y entre 2006 y 2017), y los socialistas catalanes (tan socialistas como nacionalistas) obtuvieron una mayoría insuficiente para gobernar con los independentistas de Ezquerra Republicana de Cataluña (ERC) entre 1999 y 2006, periodo durante el que reformaron el Estatuto sin consenso suficiente (con la oposición del PP que llevó a una polémica sentencia del Tribunal Constitucional que limitó el alcance de algunos artículos del Estatuto y que está en la base argumental de la actual reivindicación independentista).

 

Durante los 37 años de autonomía Cataluña ha estado gobernada por partidos nacionalistas (incluido el del PSC encabezado por Maragall) que han construido una administración con amplísimas facultades políticas y administrativas trasferidas desde el Estado central. Ningún estado federal europeo o americano tiene tantas competencias como Cataluña, a cuyo gobierno solo falta el reconocimiento más explícito de nación (la Constitución dice nacionalidad) y el control del poder Judicial y la gestión íntegra de los impuestos y de la Seguridad Social.

 

Las elecciones de 2018 tendrán la función de aclarar la mayoría entre la pulsión independentista que nunca ha sido mayoritaria y la autonomista o constitucionalista. El año 1978 los catalanes votaron con altísima participación y amplísima mayoría la Constitución Española y desde entonces todas las encuestas detectan tres posiciones:

 

1.- El bloque que oscila entre el 15 y el 25% que se califica como nacionalista-independentista por sentimientos, tradición y voluntad.

 

2.- El bloque constitucionalista, tan español como catalán, entre el 30 y el 40%, que quiere la autonomía pero no está por la independencia.

 

3.- Un tercer grupo de indecisos, quizá más catalanes que españoles, que modifica sus preferencias, entre la abstención y la participación, en función de impulsos coyunturales.

 

4.- Sin olvidar a dos minorías en los extremos: los españolistas no autonomistas que apenas alcanzan el 10% y que cuentan poco. Y la extrema izquierda, antisistema y revolucionaria, que aspira a la independencia como camino a la revolución que actúa ahora como minoría (menos del 10% del voto en la coyuntura más favorable) activa, decidida que encabeza y condiciona la actual urgencia independentista. Un grupo que no descarta la violencia revolucionaria pero que en estos momentos practica un activismo no violento sustituido por una resistencia activa muy bien organizada.

 

Los independentistas cubren un espectro ideológico muy amplio que va de la extrema izquierda a la derecha y la burguesía más tradicional, dispone de los recursos del gobierno catalán (enseñanza, televisión pública, presupuesto y subvenciones…), despliega una estrategia de marketing político muy profesional con intensa utilización de las redes sociales y suma a sus promotores del sentimiento nacional por la independencia, el malestar por la crisis económica y la antipatía a Rajoy, el PP y el españolismo considerados como causantes de sus problemas. La independencia aparece a ojos de estos últimos como una alternativa que se puede explorar sobre todo a la vista de las promesas de los promotores: crecerá la economía, habrá más pensiones, serán bien recibidos en Europa y en los organismos internacionales… promesas que se difuminan y complican a medida que pasan las horas.

 

Independentistas y constitucionalista tendrán que sustanciar cuál es la posición mayoritaria en una selecciones a cara de perro que se celebrarán en el plazo máximo de medio año, antes de primavera. De momento lo que se ha producido en Cataluña a lo largo de estos meses de tensión en una fractura social sin precedentes desde la Guerra (in)Civil, una severa erosión de la economía catalana que en el corto período de 15 días ha registrado la migración a otras ciudades españolas de las sedes sociales de buena parte del tejido empresarial con posibilidades para hacerlo, además de un retroceso del consumo, la inversión y el turismo. También se percibe en la sociedad catalana una angustia creciente (equivalente al entusiasmo de los independentistas convencidos) que se contagia al resto de los españoles.  

 

La novedad en este momento es que los catalanes están abocados a unas elecciones aclaratorias, al ejercicio del derecho a decidir, que durante los últimos cuarenta años han ejercido en 39 ocasiones para elecciones generales españoles, autonómicas catalanas, municipales, europeas además de varios referéndum de carácter constitucionales o estatutario.

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