Las acciones de lealtad no tienen quien las quiera

La Bolsa

Fernando Rodríguez  | Aprovechando la transposición de la Directiva UE 2017/828, de fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas en las sociedades cotizadas, se van a introducir en España las llamadas acciones de lealtad, que permitirán ofrecer voto doble a quienes mantengan sus títulos más de dos años.  

Consejeros, proxys, analistas, inversores y emisores, juristas, abogados…La prevista introducción de las Acciones de Lealtad en España, en tramitación parlamentaria dentro de una amplia reforma de la Ley de Sociedades de Capital para adaptar la directiva de fomento de la inversión a largo plazo, concita poco entusiasmo.

La mayoría de los técnicos requeridos por el Tesoro para opinar sobre esta figura legal en el periodo de consulta pública se ha mostrado muy crítica sobre su utilidad teórica y práctica para la realidad del mercado español de capitales, pero el Gobierno la ha mantenido amparándose en los tres objetivos que dice perseguir en la Exposición de Motivos del borrador del proyecto: (1) La necesidad de prevenir el cortoplacismo inversor; (2) La promoción de la involucración a largo plazo de los accionistas; y (3) El deseo de mejorar el atractivo y competitividad de los mercados de valores españoles respecto a sus competidores, en especial, los homólogos europeos. 

Sebastián Albella, presidente de la CNMV en funciones (en tanto no toma posesión Rodrigo Buenaventura), se ha mostrado públicamente a favor de este triple enfoque en una jornada organizada recientemente por Ashurst e Icade, entendiendo que esta nueva herramienta alinearía a España con la corriente legal habitual en nuestro entorno, además de ser una herramienta más para “tenerla en el menú”, para hacer más atractivo nuestro mercado bursátil a las empresas extranjeras que quieran cotizar en España o para las empresas familiares españolas que deseen dar el salto al parqué. Albella explica que la introducción de las llamas «acciones de lealtad» en nuestro país se va a hacer con varios “elementos de cautela” respecto a su aprobación en las juntas de accionistas, con exigencia de quórum reforzado y criterios restrictivos en las votaciones. 

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