Las implicaciones inesperadas de este Brexit

Acuerdo Brexit

Alexandre Mato (Bruselas) | 1.246 páginas para reflejar un nuevo acuerdo que ha dejado sectores clave, como el financiero, a expensas de nuevas negociaciones –que en ese caso deberán cerrarse en marzo– sobre el régimen de equivalencias regulatorias.

Fue en 1973 cuando Reino Unido, entonces gobernada por el conservador Edward Heath, europeísta convencido, entraba en la Comunidad Económica Europea. El 1 de febrero del 2020 su país abandonó el proyecto comunitario tras cinco décadas de membresía y finalmente el pasado 1 de enero –casi un año protegido por el paraguas aduanero y del Mercado Único comunitario para evitar una ruptura potencialmente muy dañina para los derechos de los ciudadanos y el funcionamiento de las empresas– Reino Unido emprendió su futuro en solitario.

“Ha sido un camino largo y tortuoso”, lamentó la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, “es un nuevo comienzo para viejos amigos”. Mientras, en Londres, el premier Boris Johnson publicaba un tweet celebrando desde su mesa de trabajo que “the deal is done”.

Y lo está. La Unión Europea y el Reino Unido han evitado el hard brexit, la ruptura por las bravas que provocaría una increíble subida de las tarifas arancelarias en los intercambios comerciales entre ambas orillas del Canal de la Mancha además de paralizar, posiblemente, los viajes por el Eurotúnel, la actividad de las aerolíneas o la actividad de las flotas pesqueras europeas en las aguas británicas.

El nuevo acuerdo firmado entre Bruselas y Londres son 1.246 páginas y ya se está aplicando de manera provisional, a la espera de las ratificaciones parlamentarias. El uniforme Mercado Único que se extendía por el Atlántico Norte oriental está ahora partido en dos. Reino Unido es uno en sí mismo, rodeado a su vez del mercado comunitario.

Volando entre turbulencias regulatorias

El sector de las aerolíneas fue desde el principio uno de los señalados si no había un acuerdo. La irlandesa Ryanair y la húngara Wizz Air han tenido que realizar cambios en sus estructuras accionariales y corporativas para no ver frenada su actividad en los aeropuertos británico y comunitarios.

Las normas de la UE exigen a las aerolíneas que operan vuelan intracomunitarios que tengan una mayoría de accionistas comunitarios y los inversores británicos han perdido esa condición. Por eso, tanto Ryanair como Wizz Air han anulado los derechos de voto de los accionistas no residentes en la UE, asegurando así a los ‘europeos’ el control de la gobernanza.

Más problemas está teniendo la española Iberia, parte del conglomerado IAG. Desde que estalló el brexit, han sido frecuentes las visitas a Bruselas del correspondiente titular español de Fomento para discutir con la Comisión Europea una salida al entuerto de su accionariado. Sus títulos se negocian tanto en Londres como en Madrid y están controlados principalmente por Qatar Airways, un 25%, el fondo británico Standard Life Investment en un 6%, o los americanos Europacific Growth Fund y Capital Group, cada uno con un 5%. La SEPI española posee un 2,44%.

Iberia o Vueling no podrían volar sobre cielo comunitario, pero ni Bruselas ni por supuesto Madrid quieren que miles de pasajeros y millones de mercancías se queden varadas en tierra, incluso en estos tiempos de pandemia que han reducido al límite la actividad del sector. Por eso, en el acuerdo del post-brexit hay una cláusula que pide la modificación o eliminación en el plazo de un año de los requisitos de propiedad actuales para obtener o mantener la licencia comunitaria.

Aunque la condición de al menos un 50% de accionistas comunitarios se mantiene, también se emplaza a ambas partes a llegar a un acuerdo para liberalizar recíprocamente el control de las compañías y los requisitos de propiedad.

“Las partes reconocen los beneficios potenciales de la continua liberalización de la propiedad y el control de sus respectivas compañías aéreas”, recoge el texto del acuerdo, “las partes acuerdan examinar en el Comité Especializado en Transporte Aéreo opciones para la liberalización recíproca de la propiedad y el control de sus compañías aéreas dentro de los 12 meses siguientes a la entrada en vigor de este acuerdo”.

2021 será, por tanto, el año en el que la Comisión Europea y el gobierno británico mantendrán abierto un comité bilateral para estudiar la situación accionarial de sus aerolíneas.

El agujero bancario del acuerdo

La industria de los servicios financieros también se convirtió en otro de los frentes de batalla desde el principio de las negociaciones en 2017, cuando todavía los británicos estaban en la UE. El pasaporte bancario del que gozaban las entidades de la City para operar en suelo comunitario se terminaría y debían adaptarse, igual que las aseguradoras, los fondos de inversión o hedge funds.

Aunque las previsiones más alarmistas sobre una huida masiva de firmas, trabajadores y negocios desde la City hacia jurisdicciones comunitarias no se han cumplido, es evidente que el sector perderá su peso en la UE, un mercado que le aporta, según los cálculos de Ernst&Young, en torno a una cuarta parte de sus ingresos anuales, entre 44.000 y 60.000 millones de euros.

Con el nuevo acuerdo, desde el 1 de enero, el sector operará bajo un régimen de equivalencias regulatorias a ambos lados del Canal, pero, por citar un ejemplo claro, ningún ciudadano europeo con su residencia fiscal en suelo comunitario puede ya contratar nuevos servicios financieros con entidades británicas. Sólo si lo hace con una filial de esa entidad que opere en uno de los Estados Miembros.

La UE y Reino Unido se han dado hasta marzo para firmar un nuevo memorándum que confirme estas equivalencias regulatorias, un proceso que nunca implicará las mismas condiciones y facilidades que disfrutaba la City hasta ahora en el Mercado Único. Finance Finland, la asociación bancaria del país escandinavo y socio de la European Banking Federation, ya ha señalado que “llevará años comprobar la dirección que tomará la regulación británica de servicios financieros”, alertando ante situaciones futuras como la “renovación de Solvencia II sobre los requisitos prudenciales en los seguros” o “cómo implementará el Reino Unido los nuevos requisitos globales de capital bancario de Basilea III”.

Falsas promesas comerciales

El acuerdo del post-brexit anunciado el día de Nochebuena se ha vendido como la piedra filosofal capaz de evitar un tsunami de aranceles que golpearía existencialmente la actividad de millones de empresas comunitarias y británicas.

Si bien es cierto que las normas de la OMC no han tenido que entrar en vigor y la UE y Reino Unido han pactado amistosamente sus relaciones económicas, pocos días después de que se firmase este pacto la realidad ya empieza a ser cruda. Christoph Leitl, presidente de Eurochambres, la asociación de las Cámaras de Comercio europeas y que representan a más de 20 millones de negocios, lo ha advertido. “Este acuerdo evita el peor escenario, pero se mantiene el hecho de que Reino Unido abandona la UE. Todavía necesitamos preparar a los negocios, especialmente a las pymes, para nuevas conexiones comerciales”.

En la televisión Sky News, con el cambio de año, lo lamentaba elocuentemente un empresario británico, votante pro-brexit, propietario de una granja de anguilas especializada en la exportación del producto a mercados como el francés o belga. Él sí se había preparado para la nueva avalancha de burocracia necesaria, pero ¿por qué iban a hacerlo sus clientes europeos pudiendo importar productos similares de otras partes del mercado único sin ese coste extra? El empresario lamentaba el sentido de su voto el 23 de junio de 2016.

Papeleo aduanero, adecuación a regulaciones que se pensaban ya no habría que cumplir, problemas logísticos, permisos temporales de trabajo… esa es la nueva realidad para las empresas comunitarias y británicas si desean mantener como hasta ahora sus negocios, proveedores y clientes. Uno de los gigantes de la paquetería europea, DPD, que movió más de 1.000 millones de envíos en 2019, tuvo que paralizar sus envíos desde Gran Bretaña a la UE con el cambio de año.

Y retrasos también en los suministros de alimentos. Tiendas en París de la cadena Marks&Spencer ya han experimentado problemas para recibir ensaladas frescas procedentes de Inglaterra. También los mercados de abastos galos o belgas están sufriendo retrasos en las entregas de salmón escocés.

Estas son algunas de las implicaciones inesperadas del brexit y que ni políticos comunitarios ni británicos habían advertido ante la ruptura de la Unión Aduanera y del Mercado Único. 2021 irá levantando más problemas comerciales inesperados para el mundo empresarial y la vida de los ciudadanos europeos.