Gustavo Matías | Por mucho que algunos enfaticen sus diferencias, RSC y sostenibilidad emergieron en el siglo XX como dos caras de similares respuestas, ambas en forma de promesas de inclusión o acceso, monedas de cambio ante los problemas de organizar el futuro. Llegaron a raíz de las interrelaciones e interdependencias de la última globalización, aceleradas por la crisis energética de los 70 y la subsiguiente revolución digital.

La idea de RSC se centró en las empresas; la de desarrollo sostenible, en las administraciones públicas. Pero en ambas esferas de la vida social hay organizaciones a quienes demandar responsabilidades, en correspondencia con las que ellas piden a las personas que las integran. Cabe pues concebirlas como formas del necesario pacto social, tan implícito y cambiante como el mundo. Los dos conceptos se retroalimentaron y explosionaron antes de que el globo, de golpe, se preocupase y casi parase por la primera ola del virus Sars-Cov 2, cuya pandemia, en principio ha dificultado todo más que la previa crisis financiera, de la que países como España apenas se habían recuperado totalmente. Tal era la demanda que la Fundación SIF de EEUU, decía, al empezar el año, que uno de cada tres dólares invertidos en los EE.UU (17.1 billones, o trillones en inglés) ya tenía un mandato sostenible, y de ellos más de 0,5 billones eran añadidos, solo en 2019, por los llamados fondos de impacto, según Global Impact Investing.

Cuando en enero preparábamos en Bruselas el dictamen del plan de inversiones verdes del Green New Deal para la década 2020-2030, donde la nueva Comisión quería movilizar un total de dos billones de euros, agentes de los mercados norteamericanos estimaban su monto en torno a los 20 billones.

Casi todo era humo, como sucede en otros ámbitos ahora que los costes de la desinformación tienden a cero, como las TICs, por lo que las redes sociales polarizan la opinión y crean un ambiente casi guerra-civilista en EEUU, España y otros países infectados por populismos; y que quien lo dude vea el documental de Netflix sobre ese dilema social. Así, por ejemplo, muchos fondos sostenibles incluían compañías de tarjetas de crédito en su cartera con el argumento –según Michael Martin en Financial Times–  de que brindan a las familias de bajos ingresos un sustento financiero vital para llegar a fin de mes. Cuando es sabido que los intereses TAE de las mismas suelen superar el 20% mientras los bancos centrales inundan de liquidez los mercados al 0%. Sostenibilidad así emboscada  y convertida en impuesto a los pobres, con su condena añadida de deuda futura.

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