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Publicado en CONSENSO Viernes, 10 de febrero de 2017 18:00

MiFIDII pone patas arriba la asesoría financiera

Fernando Rodríguez | Buena parte de los 165.000 empleados de la banca española –los que ofrecen productos financieros directamente al cliente– disponen de un año para demostrar fehacientemente su capacitación profesional. La CNMV debe ultimar ya el proceso de certificación a que obliga MiFIDII antes de finalizar 2017.

La segunda Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros –MiFIDII–, que entra en vigor el 1 de enero de 2018, va a poner patas arriba la asesoría financiera en España, una actividad opaca –el inversor o ahorrador medio piensa que es gratis o no conoce qué se cobra ni porqué en la mayoría de los casos–, muy intermediada por la banca y seriamente dañada por la abundante afloración de sentencias –incluidas las del Supremo– por la comercialización de productos inadecuados y/o una deficiente recomendación al cliente. MiFIDII y su reglamento de aplicación –MiFIR– debían haber entrado en funcionamiento en enero de este año, pero la Comisión Europea (CE) retrasó un año su puesta en marcha.

 

El Instituto de Estudios Bursátiles (IEB) y la división española de Efpa –la más prestigiosa organización europea de certificación de asesores financieros– han explicado los efectos de esta norma en su reciente estudio Nuevos Modelos de Negocio en el Asesoramiento Financiero tras las Modificaciones Regulatorias de MiFIDII. Entre los principales aspectos claves de esta normativa de aplicación obligatoria en la Unión Europea (UE), figuran los siguientes:

 

  • Prohibición de recibir incentivos cuando se preste el servicio de asesoramiento independiente y de gestión discrecional de carteras, y un aumento de los requisitos para considerar que se aumenta la calidad del servicio y, por tanto, poder cobrar incentivos en asesoramiento no independiente y mera ejecución.

 

  • Se incrementan los deberes de información a ser proporcionada a los clientes, en particular, respecto a la información sobre costes y gastos, el servicio de asesoramiento y sobre las características de los instrumentos financieros; siendo necesario en todo momento tener en cuenta la necesidad de proporcionar esta información y cualquier otra exigida por la normativa MiFID II con suficiente antelación.

 

  • Prohibición de retribuir a los empleados de servicios de inversión en función de objetivos de ventas, evitando de esta forma que dicha remuneración pueda ser un incentivo para que se comercialice o recomiende un producto determinado habiendo una alternativa que se ajuste más al perfil del cliente.

 

  • La formación del personal que va a prestar el servicio de asesoramiento financiero o va a proporcionar información a los clientes sobre servicios de inversión o auxiliares y productos financieros debe ser adecuada.

 

Camino por andar

 

En la práctica, MiFIDIII llega a España con un gran trabajo pendiente en lo que respecta a la asesoría financiera, tanto por parte de la demanda como de la oferta.

 

En cuanto a los inversores o ahorradores, las entidades financieras han reconocido, según el estudio citado, que en España tan sólo existen 550.000 clientes minoristas calificados como “asesorados” sobre una cifra estimada global de 9,5 millones de clientes que utilizan productos o servicios financieros. La cifra concreta que más se acerca a la realidad se incluye en una encuesta de la gestora de fondos BlackRock de 2014: menos de una cuarta parte de los inversores españoles utilizan servicios de asesoría financiera profesional, por lo que, en pura teoría, “no estamos lejos ni de la media europea (20%) ni de la media mundial (25%)”. Según el informe Ahorro Financiero de las Familias Españolas, de Inverco –la patronal del sector de la inversión colectiva en España–, el perfil del inversor español medio es muy conservador: más del 50% del dinero se coloca en depósitos, efectivo, fondos, planes de pensiones y otros productos de bajo riesgo.

 

Por el lado de la oferta de asesoría, MiFIDII entra de lleno a regular su labor: los asesores –bancos y demás operadores– deberán incluir en los contratos de asesoramiento qué precios cobran y por qué y, además, las entidades deberán poder demostrar al regulador –la CNMV– que las personas físicas que prestan servicios de asesoramiento, e incluso las que simplemente facilitan información a los clientes, disponen de los conocimientos y las competencias necesarios para cumplir con las obligaciones de protección al inversor. Si un miembro del personal no ha adquirido suficiente conocimiento y competencia podrá temporalmente prestar servicios relevantes, siempre bajo la supervisión de personas que sí lo posean y sólo durante un máximo de 4 años.

 

Esta capacitación profesional deberá estar actualizada y renovarse cada año, según procedimientos concretos que la CNMV debe todavía concretar, a pesar de que el sector considera que apenas le queda hasta junio de este año para hacerlo. Además, MiFIDII entra en el propio diseño de los productos y servicios financieros, al situar bajo la supervisión y control directos de los reguladores europeo y nacional –la European Securities and Markets Authority (ESMA) y la CNMV– que éstos ß pudiendo suspender de oficio su comercialización si no cumplen este requisito o generan inseguridad en el mercado financiero.

 

Los efectos de MiFIDII

 

“Las preferentes de Bankia no hubieran pasado el filtro de MiFIDII”, explica gráficamente Fernando Zunzunegui, coordinador de la Asesoría de Regulación de Efpa España, para explicar el alcance de esta directiva europea. Probablemente, los reguladores se hubieran visto obligados a retirar las preferentes del mercado al verificar que a muchos jubilados con perfil conservador y poca cultura financiera se les estaban distribuyendo productos de deuda perpetua de renta variable. Zunzunegui, veterano experto en derecho financiero y del mercado de valores que ha asesorado a todas las partes implicadas –UE, banca e inversores– en algún momento de su práctica profesional, explica que “MiFIDII es más participativa que MiFIDI, en la que sólo participaron legisladores, reguladores y supervisores. En la II se han organizado multitud de comisiones para los desarrollos técnicos incluyendo a todos los operadores y también a los consumidores, lo que la convierte en una normativa más aplicable”.

 

En el corazón de esta directiva, según este experto, está que “todo queda bajo el paraguas del supervisor, con un objetivo claro de que no lleguen al mercado productos no adecuados a las necesidades del inversor. Se entra en el diseño del producto desde que se fabrica: debe haber unos protocolos propios y que sólo se diseñe con un propósito claro de segmento de inversor o de mercado, y el reglamento autoriza a ESMA y a la CNMV incluso a suspender o prohibir la comercialización de productos cuando afecten a los intereses de los clientes y a la estabilidad del mercado”.

 

Con ser importantes estas nuevas reglas de juego, la de mayor exigencia es la relativa a la formación de quienes tienen trato directo con el cliente, que, según el estudio de IEB/Efpa España, provocará que “la tradicional figura del “asesor-vendedor” que coloca u ofrece productos evolucionará de forma paulatina a la de “asesor-gestor de carteras” para ofrecer valor añadido a los clientes. El cambio de “vendedor” a “gestor de carteras” es radical y requiere, además de formación específica, seguimiento de los mercados y comprensión de la realidad económica”.

 

La banca se prepara

 

Este requerimiento de capacitación –y, en general, MiFIDII– afecta de forma especial a las redes comerciales bancarias. El sector transmite, de momento, tranquilidad. Sobre MiFIDII, José Luis Martínez Campuzano, portavoz de la Asociaciación Española de Banca (AEB), admite que “sin duda hay muchos aspectos que debemos destacar: las entidades financieras deben invertir en tecnología en temas varios como el nuevo régimen de transparencia y reporting; se crea una nueva figura de asesores independientes; mayor transparencia que incluye tanto la grabación de conversaciones como en la información proporcionada; y el hecho de que el diseño de productos tenga al inicio que fijar un mercado objetivo, lo que podría traducirse en menor oferta de productos a futuro”. En cuanto a la formación del personal del “front-office” de los bancos, Martínez Campuzano señala: “Estamos pendientes del desarrollo de la normativa por la CNMV, tras las recomendaciones de ESMA. Con todo, las entidades de crédito ya están diseñando sus programas de formación de los empleados y no consideramos que haya un problema de plazo una vez que la norma entre en vigor”. El portavoz se resiste a reconocer que al sector le queda mucho camino por andar, y asegura que “los problemas judiciales en mi opinión tienen más que ver con un cambio de percepción social que está llevando a cambios en la regulación más que por el incumplimiento de los bancos de la legislación anterior existente”.

 

Esa no es la opinión de los consumidores. Jorge Mora, portavoz de OCU, afirma que “el asesoramiento es la asignatura pendiente de la industria financiera española”, y que, haciendo referencia a MiFIDII, “eso no se resuelve desde el corporativismo con cursitos ni con certificaciones emitidas desde el propio sistema financiero que muchas veces no sabe ni qué es lo que está vendiendo. La protección del consumidor/ahorrador se consigue con un sistema que fomente el asesoramiento independiente frente al ofrecido desde las propias entidades, con un sistema sancionador que no vaya a parar a la Administración sino a los perjudicados y con un sistema de arbitraje de consumo obligatorio para las entidades financieras que ahorre el coste de acudir a los tribunales.”

 

Sea como sea, el alcance y resultados de la nueva normativa van a depender en gran medida de su adaptación por la CNMV. En especial, en el caso de la certificación de capacitación profesional del asesor. “Se trata, al fin y al cabo, de un filtro que dejará fuera de la profesión a todos aquellos que no estén cualificados”, ha escrito Zunzunegui en un artículo para Fundspeople. “Dado lo relevante de la nueva exigencia para la organización interna de las entidades y las decenas de miles de profesionales a los que afecta, ya hay países como Italia e Irlanda que han tomado la iniciativa de someter sus propuestas a la opinión del mercado mediante la convocatoria de una consulta pública. Es una medida más que razonable que sería conveniente que la CNMV contemplase. De este modo, se podrían recoger las opiniones y sugerencias de los interesados, con el fin de una mejor adaptación de nuestro mercado a las exigencias europeas. Pensemos además que para España es todo una novedad. Junto a Bulgaria éramos el único país de la UE en el que aconsejarnos sobre nuestra futura jubilación o sobre nuestro futuro financiero en general podría ser hecho –en teoría–, por alguien no cualificado e incluso analfabeto”, escribe. “Nos gustaría que hubiese un organismo independiente certificador, tipo Efpa”, puntualiza Zunzunegui a la Newsletter de CdM.

 

Mayor transparencia; mayor competencia

 

MiFIDII también es importante para el conjunto de la industria financiera y, en especial, para la inversión colectiva.

 

Antonio Banda, Ceo y fundador de la Eafi Feelcapital, que ofrece asesoramiento independiente –mediante técnicas informáticas de Robo Advisor– a unos 10.000 inversores con un patrimonio global de 1.100 millones de euros que pagan por él hasta 150 euros al año, cree que “la clave es que MIFIDII no tiene vuelta atrás y que el cliente es el que sale beneficiado. Antes estaba abandonado, pero ahora los contratos de asesoramiento deben incluir si se es dependiente o independiente y todos los costes y los servicios que se prestan por ello”. Según Banda, uno de los representantes de la nueva asesoría que llega, “la mayor información y la transparencia en precios y servicios va a abrir el mercado, que ahora está monopolizado por la banca, introduciendo mayor eficiencia y competencia. Ahora, los inversores piensan que los servicios de gestión de activos de la banca son gratuitos y se resisten a la idea de pagar por el asesoramiento. Esto va a acabar”.

 

¿A quién cobrar?

 

En efecto, el colectivo de profesionales de la asesoría se pregunta si el inversor particular español, tradicionalmente esquivo a pagar por este servicio, va a cambiar de opinión cuando aumente la transparencia y conozca en realidad cuánto se le cobra y por qué. Según el estudio de IEB/Efpa España, “está claro que la entrada de MiFID II supone un aumento significativo de los costes, los cuales sólo podrán ser asumidos por entidades que cuenten con un importante nivel de clientes rentables, y por rentables se debe entender aquellos clientes que demanden asesoramiento, con altos volúmenes de patrimonio y que soporten las cargas por asesoramiento. Sin embargo, muchos clientes que no cuentan con niveles de patrimonio elevado, en el caso de España, tienen la opción de permanecer bajo el esquema de arquitectura guiada (o cerrada) de las entidades financieras, con una oferta limitada a los productos que estén en la cartera de la entidad, o bien operar por su cuenta”.  

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