Usamos cookies propias y de terceros para mejorar servicios y mostrarle publicidad de su preferencia mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso.

Martes, 14 de julio de 2020

Pulse en el valor para ver ratios >

Publicado en OPINION Miércoles, 06 de mayo de 2020 00:00

Contar los daños

Enrique Badía y Liberal | Los hay que sueñan con dictar acta de defunción del capitalismo, aprovechando la oportunidad. No deja de ser llamativo, dado que no ha quedado precisamente acrediatada la eficiencia pública en la gestión de la pandemia.

 

 

 

Además de ir restableciendo la normalidad -veremos cuál-, llega la hora de contar los daños: los de verdad, coincidan o no con la propaganda que, a uno y otro lado, ha rebasado no pocos límites durante las largas semanas de interrupción.

  

Pandemias ha habido muchas a lo largo de la historia, pero lejanas. Ésta ha surgido en un contexto en que la mayoría estaba convencida de que no podía pasar; se consideraba incompatible con el potencial científico alcanzado… estábamos discutiendo si iba superar los 100 años de vida la actual o la próxima generación. Conviene, pues, frenar la lógica tentación de prever o especular. Pronosticar requiere datos, referencias y antecedentes de los que echar mano, pero no hay.

 

Para ir trazando un balance, en cambio, hay materia. Ha bastado la propagación inadvertida de algo cuyo tamaño se mide en minúsculos nanómetros1 para poner patas arriba el planeta. La primera víctima ha sido el sentimiento de invulnerabilidad. Se han constatado vulnerables las personas -unas más que otras-, las sociedades, el sistema… todo cuanto se creía afianzado y en cierta medida garantizado hacia el porvenir. No es que la incertidumbre se haya instalado de nuevas, pero la poca o mucha de cada uno se ha multiplicado en un par de semanas, elevada a miedo e inquietud. Salir de esto no será fácil. Acudiendo al símil médico, para que una terapia tenga posibilidades de éxito debe partir de un diagnóstico certero y atinado del mal. Uno de los dramas que han confluido para perfilar la peor evolución de la pandemia ha sido la falta de conocimiento sobre la enfermedad: un obstáculo decisivo para aplicar desde el principio un tratamiento eficaz.

 

El recuento de daños acarreará delimitación de responsabilidad. Sostener que no ha fallado nada, o que ha fallado todo, está siendo causa de otro gran estropicio que lega lo que acaba de pasar: se ha esfumado parte de la -ya erosionada- confianza que los ciudadanos muestran hacia las instituciones y los políticos que las dirigen o aspiran a dirigirlas. Además de los errores concretos en que cada quien haya incurrido, se han apreciado vergonzantes propósitos de aprovechar la coyuntura para desgastar al adversario. El espectáculo de unos arrojando muertos y contagiados contra los otros ha sido, si no lo más dramático, sí de lo más deplorable que ha tocado presenciar; aún peor será que haya reducido el escaso margen evidenciado para cerrar acuerdos y aunar esfuerzos, cara a afrontar todo lo difícil que está por venir. Dada la magnitud de lo ocurrido, el escapismo no se puede tolerar. Todos, los que han estado enfermos, asintomáticos, acojonados, confinados y sobre todo quienes han perdido a un ser querido, merecen, tienen derecho a que se les explique qué se ha hecho mal, quién se ha equivocado y por qué. Lo reclama también el serio destrozo causado a la economía o, citando un hecho tan incomprensible como singular, lo exigen los alrededor de 30.000 sanitarios, tanto víctimas como involuntarios propagadores del maldito virus. En el fondo, dejar claro y justificar por qué se eligió actuar de este modo y no de otro.

 

Más que descalificaciones genéricas o autocomplacencia desmesurada, lo que esta sociedad merece es explicación clara, solvente y creíble para despejar todas las incógnitas que se han suscitado. Tan cierto como que el virus no ha discriminado fronteras para extenderse, es que ha habido relevantes distinciones en el balance de su impacto, país a país. El citado récord de propagación en la red sanitaria, la hecatombe en las residencias de ancianos, los dispares índices de contagios y mortalidad por habitante, y el efecto contraproducente de algunas medidas deben ser aclarados como requisito para atender las reclamaciones de solidaridad –léase compartir sacrificios- que el presidente Sánchez no deja de proclamar para la etapa de reconstrucción. La sensación de que la alarma se declaró tarde, aireada por la oposición -a veces torticeramente-, las discrepancias expresadas por varios presidentes autonómicos, el eventual ninguneo que han acabado denunciando casi todos los partidos o el fiasco de algunas decisiones no conviene que queden en la nebulosa, facilitando la profusión de interpretaciones disparatadas y bulos de todo cariz. Algunos aspectos merecen preferente atención.

 

La declaración inicial del estado de alarma determinó centralizar la compra de material en el Ministerio de Sanidad, que no lo hacía desde al menos dos décadas, transferidas como están las competencias a las comunidades autónomas. ¿Fue determinante para las carencias que han padecido ambulatorios y hospitales? Por encima de las diarias declaraciones gubernamentales, dos meses después de establecida la alarma adquirir mascarillas no es fácil, encontrar guantes, imposible y persiste una total confusión sobre los test. La tardía decisión de intervenir los precios de algunos artículos, en lugar de hacerlo sobre todo el proceso de producción y distribución, no ha hecho sino provocar desabastecimiento y un remedo de mercado subterráneo, a costes varias veces superiores a los decretados por el gobierno. Más caótico discurre lo referido a los test. No hay modo de saber cuáles sirven, oficialmente son gratuitos y se están realizando por miles –las cifras avanzan y retroceden, según los días-, pero la dificultad -¿escasez?- en acceder a ellos a través de la red pública contrasta con la disponibilidad en centros privados... previo abono de entre 70 y 170 euros. ¿No requiere, aunque llegue tarde, una explicación creíble? Y qué decir del baile de unidades distribuidas, primero, y retiradas por defectuosas, después...

 

Aunque han surgido voces cuestionándolo, la mayoría de expertos valora que la declaración del estado de alarma y las medidas decretadas se han ajustado, tanto a lo que señala el artículo 116.2 de la Constitución, como a la ley orgánica 4/1981 que lo desarrolla. Se augura, por tanto, escaso recorrido a los intentos de judicialización. Cuestión distinta es apreciar si la Carta Magna debería haber ido más allá: igual que prohíbe la disolución de las Cortes durante la vigencia del estado de alarma, ¿no debería haber fijado un plazo máximo para convocar elecciones una vez finalizado? No se hizo y los ciudadanos no van a poder aprobar ni reprobar la gestión gubernamental de la pandemia a través del voto... quizás hasta 2024. No evitará, antes al contrario, cruces de calificaciones y descalificaciones, echando leña al ambiente de crispación que las últimas semanas no ha hecho más que aumentar. La gran pregunta que sobrevuela cara al futuro es en qué medida todo esto nos aboca a una nueva realidad y en qué grado será distinta de la anterior. De momento, es difícil, casi imposible de calibrar, pero algunas intuiciones se pueden manejar. Una de ellas es el probable impulso a los procesos de digitalización. Vale la pena imaginar cuán distinto hubiese sido el periodo de confinamiento sin los despliegues y capacidades de banda ancha ni la vasta gama de bienes y servicios online, incluidos el teletrabajo y las intercomunicaciones asociadas a la prestación sanitaria y la investigación. Otro efecto presumible será una renovada puesta en cuestión de la globalización, con tendencias reforzadas, siquiera a corto plazo, a establecer barreras protectoras, propensiones autárquicas y cierre sobre sí mismas de muchas sociedades.

 

Más enjundioso va a ser el ya emergido intento de presentar como remedio la extensión de lo público y la presencia del Estado en la dinámica socioeconómica. Los hay que sueñan con dictar acta de defunción del capitalismo, aprovechando la oportunidad. No deja de ser llamativo, dado que no ha quedado precisamente acreditada la eficiencia pública en la gestión de la pandemia ni, todavía menos, su labor de prevención. Reabrir caducas dicotomías entre lo público y lo privado, atribuyendo a uno superioridad moral y al otro propensiones perversas –o viceversa-, contribuirá poco a superar el bache –casi pozo- que tenemos por delante. Despreciar lo que pueden aportar unos y otros, infectados de alergias recíprocas, será cuando menos temerario, si no algo peor, porque lo requerido es querer y saber sumar. Será, sin duda, más productivo que aferrarse al mantra buenista de que, sólo por repetirlo, saldremos de ésta mejor. Tampoco van a faltar creencias que revisar. Autoatribuirse disponer del mejor sistema sanitario del mundo parece impropio cuando se ha constatado que no existe uno, sino diecisiete, tan heterogéneos como faltos de coordinación. Tanto como han brillado la capacidad, la eficiencia y la dedicación de los profesionales, los aspectos organizativos han dejado bastante que desear.

 

A modo de última reflexión, también ha resultado perjudicada la idealización del mecanismo multilateral. En primer plano, el desempeño de la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha sido precisamente brillante, y no por primera vez. Y particularmente infectado se ha revelado el proyecto europeo, acentuando su estado de shock indolente, insolidario y burocratizado, más o menos que cuando la crisis financiera de 2008-10, la de los refugiados o lo que condujo al Brexit. Ahora, con el descaro añadido de reavivar la asimetría norte-sur. Otro ingrediente para reconsiderar si el estado protege a los ciudadanos lo que sus ocupantes políticos aseguran... y buena parte de la sociedad ha querido o preferido creer.  

Aviso:  Acceda al contenido completo de Consenso del Mercado sumándose a nuestra Zona premium.