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Publicado en OPINION Martes, 07 de marzo de 2017 00:00

Debate en abierto ¿Tiene España mucha, poca o ninguna seguridad jurídica?

Fernando Barciela | El ya sempiterno debate de si España es una democracia de calidad, con una seguridad jurídica al nivel de Europa se ha vuelto nuevamente de actualidad estos días tras conocerse la decisión de los tribunales en los casos Urdangarin y de las tarjetas ‘black’. Semanas antes ya hubo bastante discusión en tono al tema de la seguridad jurídica, con motivo de la decisión de los tribunales de obligar a los bancos a restituir la suma de las cláusulas suelo a sus clientes hipotecarios.

 

Y esto no es todo. Muchos se preguntan sobre la actuación de algunos ayuntamientos, como el de Madrid, que han parado actuaciones inmobiliarias ya aprobadas o por el asunto de las primas a las energías renovables, un verdadero escándalo internacional. Sin cortarse un pelo, y agobiado por el creciente y gigantesco déficit tarifario, el gobierno Rajoy redujo la retribución acordada con los inversores, un tema que está en los tribunales de arbitraje internacionales.

 

Todos estos hechos, que no son exclusivos de España, pero parecen darse aquí con mayor frecuencia, han empezado a suscitar dudas sobre el nivel de seguridad jurídica en nuestro país al punto de que muchos se preguntan si no nos estaremos empezando a parecernos más a Argentina que a Francia. Lo que, lógicamente, puede acabar afectando negativamente la famosa ‘marca España’.

 

Estas dudas se han acentuado debido a las denuncias de algunos fiscales de interferencia del gobierno en su trabajo, quienes han denunciado que habrían recibido instrucciones concretas sobre el modo de proceder en una serie de asuntos judiciales en marcha. Estas interferencias, presuntas claro, han encontrado hueco en la prensa internacional. Una mala noticia, pues. Hay que tener en cuenta que los lectores – y redactores de las noticias- fuera de España no están para muchos matices: lo normal es que se queden en el titular, y poco más.

 

Y los titulares han sido avasalladores. Mientras que Isabel Pantoja se ha pasado años en la cárcel, a la infanta Cristina ha salido airosa del percance. ¿Por ser la hermana del Rey? esa es la duda. Tampoco se entiende fácilmente que, después de haber sido condenado a seis años y tres meses, se diga que Iñaki Urdangarin no presenta riesgos de fuga. El hecho de que esté viviendo normalmente en Suiza y le hayan obligado simplemente a que se presente ahí a las autoridades, les resulta grotesco a algunos comentaristas. No parece que existan muchos precedentes de este tipo.

 

Lo mismo podría decirse respecto de la buena disposición del tribunal con Rodrigo rato y Miguel Blesa, condenados a penas de seis y más de cuatro años, y que esperan ahora, confortablemente, en sus casas a que el Supremo convalide esas sentencias. Hay temor a que se las rebajen. Igual que a Urdangarin. Mientras los políticos de los grandes partidos y responsables judiciales, y hasta muchos periodistas, en España se declaran satisfechos y repiten machaconamente el manta de que “se confirma que la justicia funciona para todos”, esa no parece ser la impresión reinante en la calle, ni en los comentarios de la prensa internacional.

 

El caso de las cláusulas suelo es exactamente al revés. Aquí son los tribunales los que se han mostrado especialmente duros con los bancos, que argumentan, igual que los notarios, que esas cláusulas entraban dentro de la ley y eran conocidas de los firmantes. El que los tribunales puedan modificar, y hacer pagar, procedimientos plenamente previstos en la ley vigente ha sido denunciado por los bancos, quienes consideran que es un ejemplo manifiesto de falta de seguridad jurídica. Que puede comprometer, por lo pronto, al mercado hipotecario, y de modo más difuso, a la imagen e España.

 

Otro ejemplo de cómo el gobierno actúa de modo arbitrario (estos usos nos e limitan a los ayuntamientos de Podemos) fue la forma como el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, les ha obligado, de súbito y sin aviso previo, a las grandes empresas a adelantar el pago del Impuesto de Sociedades, una medida tan ‘incomprensible’ para muchos que hasta la propia Esperanza Aguirre la criticó y calificó como ‘disparate’. Y Juan Rosell, presidente de la CEOE, tampoco se cortó. "Hacerlo en diciembre casi con nocturnidad va muy mal contra lo que llamamos seguridad jurídica y marca España".

 

No es la primera medida de este tipo en el que el gobierno adopta decisiones arbitrarias, y hasta retroactivas. Ese fue el caso de las primas a las renovables. Abrumado por un déficit tarifario – provocado por esas primas, desmesuradas, si – y una deuda eléctrico que no paraba de escalar, ¿Cuál fue la solución del ejecutivo de Rajoy? Recortarlas.

 

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que el gobierno español había seducido a los inversores para que pusieran su dinero en parques eólicos y solares a cambio de una prima determinada, y por un número de años también prefijado. Sin embargo, de buenas a primeras dijo que donde decía digo diego y les bajó, dejándolos en la estacada para devolver sus créditos. Muchos de estos inversores, sobre todo los grandes fondos, no se han quedado quietos y se han ido a los tribunales internacionales.

 

Según una asociación del sector, solo el colectivo de productores fotovoltaicos agrupa a 62.000 instalaciones que se encuentran en manos de más de 200.000 familias "que tienen una deuda frente a la banca de más de 18.000 millones de euros" que ha debido ser refinanciada.

 

La sensación de que el Estado en España, omnipresente, es también omnipotente. Y eso provoca yuyu en muchísima gente. De ahí que la reciente denuncia de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) de que a los fiscales les dan órdenes singulares para que dejen de investigar este o aquel asunto ha provocado verdadera conmoción.

 

Esto ha llevado, según la APIF a que en algunos asuntos, Banco de España y Presidencia de Murcia, “el Ministerio Público ni siquiera se ha planteado la necesidad de que tales Autoridades (al frente de dos instituciones de control y vigilancia) deban declarar en sede judicial como investigados (antes imputados) por hechos que, al menos en abstracto, tuvieron conocimiento y capacidad para intervenir (e incluso evitar)”. Todo esto parece, pues, muy serio y muy grave. Que es mejor pararlo antes de que el Financial Times nos declare solemnemente ‘República Bananera’.