Usamos cookies propias y de terceros para mejorar servicios y mostrarle publicidad de su preferencia mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso.

Domingo, 09 de agosto de 2020

Pulse en el valor para ver ratios >

Publicado en OPINION Martes, 12 de mayo de 2020 00:00

"Inevitable, pero peligrosa" (W. Schäuble, sobre la Sentencia del Tribunal Constitucional de Karlsruhe)

Luis Martí | En el fondo, el Constitucional alemán muestra el temor fundado de que los gobiernos nacionales estén “dejando hacer” al BCE para demorar sine die las decisiones de política fiscal que exige la UE.

 

El Tribunal Constitucional Federal de Karlsruhe (el Tribunal) ha resuelto al fin el caso planteado contra la política de compra masiva de activos financieros que practica el BCE desde 2015. Los querellantes son reflejo del fondo anti-UE que alienta en algunos rincones de la política alemana, y en particular de una opinión pública persistentemente mediatizada en contra de la política monetaria, cualquiera que fuese, del BCE.

 

El Tribunal es sumamente preciso y detallado en la elaboración de sus sentencias y una revisión crítica del texto actual desbordaría por completo los límites de esta columna (la versión online no está paginada, pero enumera 236 párrafos, 237 si se incluye como tal el nombre de los firmantes, incluido el juez, no identificado, que votó en contra). Hoy solamente se pretende contra-argumentar brevemente un punto gravísimo de la sentencia: la interpretación que dan los jueces al art 5, apdo 4, del Tratado de la Unión Europea (TEU).

 

El art 5 del TEU establece tres principios que deben guiar toda actuación de los órganos de la UE: uno de ellos se ha convertido en arma arrojadiza frente al BCE. Los demandantes consideran que el BCE está operando más allá de las competencias que le reconoce el TEU cuando decide intervenir en los mercados mediante la medida que se conoce como quantitative easing, El BCE puso en vigor su programa de compras masivas de títulos en mercado secundario, el llamado PSPP (Public Sector Purchase Programme) en 2015, durante el mandato de Draghi. Fué una innovación dentro del arsenal de instrumentos del BCE, pero otros bancos centrales, en Japón, EEUU, Reino Unido, llevaban tiempo empleando este recurso de expansión monetaria. El citado art 5 establece el principio de proporcionalidad, según el cual las actuaciones de la Unión y sus órganos no deben ir más allá de lo que sea necesario para conseguir los objetivos propuestos. Sentido común plasmado en un acuerdo internacional. Los demandantes consideran que el BCE está contraviniendo este principio y por tanto, opera ultra vires al desarrollar el PSPP.

 

El Tribunal había considerado procedente escuchar una opinión autorizada sobre tema tan delicado, y en julio 2017 refirió al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), entre otras, dos cuestiones fundamentales relativas al caso. La primera se refería a la rigurosa prohibición que formulan los Tratados respecto a la financiación monetaria del presupuesto de un país miembro (art 123 TFEU): el Tribunal recelaba de que detrás del PSPP se pudiese ocultar realmente una oferta de financiación extrapresupuestaria en favor de las economías europeas más débiles. Era una duda perfectamente legítima. En diciembre 2018, el TJUE argumentó, mediante un estudiado informe del abogado-general español, por qué el programa del BCE en absoluto infringía la prohibición de financiación extrapresupuestaria. El Tribunal de Karlsruhe acepta el razonamiento y la duda no pasa a ser problema. La segunda se refería al alcance del mandato otorgado al BCE habida cuenta de las dimensiones alcanzadas por el PSPP. Estaba en juego la trascendencia del principio de proporcionalidad del art 5 TUE. El TJUE argumentó razonablemente en favor de la compatibilidad, pero esta vez los jueces alemanes rechazaron tajantemente su opinión: es una opinión que manifiestamente desconoce la trascendencia del principio de proporcionalidad del art 5 TUE ; y es insostenible metodológicamente, ya que desconoce los graves efectos de política económica que produce el programa.

 

Qué es realmente lo que no le gusta al Tribunal alemán? Su sentencia pone notable énfasis en el principio de proporcionalidad. No es un principio específico ni innovador, ideado expresamente para poner algo de orden en las relaciones entre órganos comunitarios y países miembro. La verdad es que se trata de un principio elemental para el funcionamiento eficaz de cualquier organización. Fijados los objetivos de una medida, como recuerda Daniel Sarmiento en su estudio del derecho en la UE, debe analizarse si los medios disponibles son los apropiados (“test de adecuación”), y si son estrictamente indispensables (“test de necesidad”). Ningún prontuario responde estas cuestiones, que deben plantearse y resolverse a partir de los datos de cada caso, pero sin duda los órganos profesionales de la UE disponen de la formación y experiencia necesarios para valorar y seleccionar entre fórmulas técnicas alternativas. Los jueces alemanes saben que el BCE, como otros bancos centrales, opera hoy en el entorno estrechísimo del tipo de interés cero, un estado de cosas que ha arrumbado las tradicionales medidas de fijación periódica del tipo de interés. Pero consideran que la dirección del BCE no ha tenido en cuenta los efectos negativos inherentes a la ejecución de un programa de billones (europeos) de euros a lo largo de varios años. Y ello les permite subrayar el incumplimiento flagrante del principio de proporcionalidad que impone el TFUE.

 

Qué efectos negativos constituyen la preocupación del Tribunal? No quedan cortos de ejemplos. Prácticamente todos los ciudadanos se ven afectados negativamente: como accionistas, propietarios de inmuebles, ahorradores, asegurados... Dos casos se destacan: los ahorradores que calculaban mantener o reforzar sus ahorros gracias a tipos positivos de interés, y las empresas mal gestionadas a las que solo el impacto de un interés mínimo permite la supervivencia. Hay en este punto una incursión muy audaz en el mundo de la política económica. Se imputa al BCE que sus acciones (PSPP) tengan mayor alcance del necesario para conseguir los objetivos permitidos (política monetaria). El exceso se debe a que el PSPP genera efectos de política económica y ésta no está encomendada al BCE (la retienen los gobiernos). El Tribunal menciona por extenso los efectos negativos que arroja la política monetaria actual sobre sectores determinados. Los responsables políticos saben, pero aparentemente, no el Tribunal, que al adoptar muchas decisiones de carácter económico, se generan, junto al efecto deseado, impactos negativos sobre determinados grupos sociales. Construir una nueva autopista obligará a expropiar propiedades privadas. Introducir una renta básica universal obligará a elevar impuestos. Rebajar determinado arancel puede cerrar una fábrica de altos costes. El programa del BCE desata la oposición del Tribunal que parece sensibilizado por la constante crítica impenitente de algunos sectores y se permite ignorar un hecho palmario: en cualquier sistema, las autoridades adoptan muchas medidas cuyo beneficio va acompañado de algún impacto negativo. La sociedad acepta el perjuicio como contrapartida menor del impacto positivo esperado. Pero el Tribunal hace hincapié, especialmente, en un ejemplo muy discutible, el del grupo específico que conforman los ahorradores alemanes, un grupo de presión muy singular, potenciado a través de medios de comunicación anti-BCE y de la importante banca pequeña y cooperativa. En general, no es tomador de riesgos y deliberadamente se aferra al crecimiento esperado de su ahorro gracias al efecto del interés compuesto sobre saldos prácticamente inmóviles (el efecto de la “libreta de ahorro” de nuestros mayores). En estos años, grandes bancos y fondos internacionales están tratando de influir en la mentalidad de este colectivo, ofreciendo al pequeño ahorrador alternativas riesgo/rendimiento más interesantes. En este punto, no merece respeto la argumentación del Tribunal. Critica severamente el PSPP como medida desproporcionada. Sin examinar sus efectos positivos sobre la estabilidad financiera del eurosistema, la invectiva se basa en el daño colateral a grupos de presión que representan el conservadurismo financiero más obsoleto.

 

Cómo pueden afectar a la UE el choque entre los dos tribunales (y algunas otras incidencias)? Como -dicen que- dijo un político chino, preguntado sobre la Revolución Francesa, “it is too early to say”. Pero pueden esbozarse algunos comentarios.

 

1 El Tribunal ha dado un plazo de tres meses para que el BCE demuestre, “en términos comprensibles y fundamentados” que sus objetivos de política monetaria respetan el principio de proporcionalidad, y el Bundesbank asegure que los títulos en su cartera se venderán dentro de una estrategia a largo coordinada con el eurosistema. No deja de haber cierta insolencia en la fijación de un plazo condicional al BCE, pero debe ser la oportunidad, para todos, de cerrar esta incidencia.

 

2 El Tribunal considera que, en vista de su responsabilidad sobre la integración europea, el gobierno federal alemán y el Bundestag deben involucrarse en la actuación del BCE, asegurándose de que respeta el principio de proporcionalidad y de que opera totalmente dentro de su mandato. El Tribunal pretende imponer esta exigencia sobre las instituciones políticas alemanas, haciendo caso omiso de la caracterización del BCE en los Tratados. El BCE “será independiente en el ejercicio de sus funciones y en su (propia) gestión financiera” (TFUE, art 282), pero además debe informar anualmente al Parlamento europeo y al Consejo, someterse en su caso a un debate general, y a demanda del Parlamento, sus directivos pueden ser convocados por los comités parlamentarios competentes (ibid, art 284, 3). Estas son las modalidades de control político sobre el BCE establecidas en normativa comunitaria. No es de recibo que el Tribunal pretenda superponer otra nueva modalidad asignada además a los poderes ejecutivo y legislativo de un solo país miembro.

 

3 Es potencialmente muy grave la decisión del Tribunal de ignorar abiertamente la opinión emitida y fundamentada por el órgano judicial de la UE. La UE dispone de un sistema judicial al que se encomienda la interpretación de los tratados y legislación accesoria: parece obvio que tribunales lituanos, franceses, portugueses o húngaros podrían emitir opiniones incluso contradictorias sobre un mismo punto. Los miembros de cualquier asociación de países tienen que aceptar la constitución de un único órgano jurisdiccional capacitado para resolver, sin recurso, cualesquiera cuestiones interpretativas que provoque su funcionamiento. Cualquier alternativa conduciría a la desintegración de la asociación. Es la razón por la cual la Comisión Europea, y su presidenta, no se olvide, alemana, han reaccionado inmediatamente en defensa del proyecto europeo.

 

Parece claro porque el Dr Schäuble, europeísta de primera línea, considera peligrosa esta incursión del órgano alemán de defensa constitucional. Pero también inevitable, porque en el fondo de los considerandos del Tribunal, se desliza el temor fundado de que los gobiernos nacionales estén “dejando hacer” al BCE para demorar sine die decisiones de política fiscal que exige la UE y que son de su exclusiva competencia. Este es, naturalmente, otro problema.  

Aviso:  Acceda al contenido completo de Consenso del Mercado sumándose a nuestra Zona premium.