Ricardo Jiménez (Harmon) | La crisis financiera de 2008 provocó el colapso del sistema financiero y la bancarrota de numerosas entidades financieras, empresas y particulares. Cuando la crisis llegó a Europa fue necesario rescatar a países como Portugal, Irlanda o Grecia, con España al borde del abismo.
La desregulación financiera, el exceso de crédito y el desarrollo de productos financieros complejos estaban en el origen de un estallido que costó 27 millones de empleos, según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
La necesidad de estabilizar y hacer más seguro el sistema financiero dio lugar a regulaciones más estrictas como la ley Dodd-Frank en Estados Unidos. En Europa, el BCE aumentó los requisitos de capital para los bancos, lo cual hizo que se contrajera la oferta y el acceso al crédito.
En cualquier mercado, cuando desaparece el proveedor de un bien básico o este se vuelve escaso, aparecen otros actores dispuestos a suministrarlo, normalmente a mayor precio. En el mundo financiero, el crédito es ese recurso esencial sin el cual no se puede lograr el crecimiento. El paso atrás de los bancos ha dado lugar al desarrollo del llamado private lending o direct lending.
Esta figura es una forma directa de financiación a la empresa, sin intermediación de entidades financieras. Tiene como actores a fondos de inversión y fondos de deuda, que otorgan préstamos a empresas, normalmente pequeñas y en general ya endeudadas. Las llamadas “empresas de fuerte crecimiento”.
Desarrollada con enorme velocidad en Estados Unidos, se ha implantado también en Europa. En España está arraigada con fondos internacionales, inicialmente, y en los últimos diez años, con fondos de capital español. Su presencia ha sido especialmente activa en el sector inmobiliario, en el sector de las energías renovables, o financiando a fondos de private equity en la adquisición de compañías españolas como Caiba especializada en la fabricación de envases de plástico o en la compra de The Natural Fruit Company, uno de los mayores procesadores de cítricos.
La rentabilidad de dichos productos en la última década ha rozado el 11,4% de media anual, según datos de la consultora Cliffwater. Esto hace esta actividad tremendamente atractiva y explica que su volumen haya crecido de 728 billones en 2018 a aproximadamente 1,5 trillones en 2022. Si incluimos los fondos que, además de deuda, prestan dinero para adquisiciones de empresas, esta figura de financiación alternativa a la banca alcanza los 12,8 trillones de acuerdo con el informe Global Private Equity Report de Bain Capital.
Los fondos de deuda han desplazado a los bancos, que han visto disminuir su volumen de créditos sindicados y su generación de comisiones. La evolución en Bolsa durante los últimos tres años de los principales fondos activos en operaciones de private lending ha sido muy superior a la de los bancos, reflejando el fuerte crecimiento del negocio y de sus resultados.
 Al ser una actividad financiera con una muy escasa regulación en comparación con el sector bancario supone por sí misma un riesgo. El propio tamaño alcanzado por está “banca en la sombra” supone también un factor de inestabilidad.
La mayoría de los riesgos se derivan de la opacidad de este mercado, que se basa en acuerdos entre las partes contratantes. Un riesgo está en sus fuentes de financiación y en el nivel de apalancamiento de los fondos, sobre lo cual la información es muy escasa.
Los fondos de deuda acuden a financiarse a compañías de seguros y fondos de pensiones, depositarios del ahorro a largo plazo, y también a family offices.  En un escenario de tipos de interés alrededor del cero por ciento durante varios años, los fondos de pensiones necesitaban aumentar su rentabilidad, dado que tenían problemas para cubrir los compromisos futuros con sus partícipes.
Compañías con obligaciones a largo plazo, prestando dinero a pequeñas empresas cuyas ratios de solvencia no superarían un análisis de riesgo crediticio tradicional. Las valoraciones de dichas compañías, al no ser cotizadas, dependen en gran medida de las estimaciones del propio fondo que les presta el dinero. Esto presenta un fuerte contraste con los mercados regulados donde hay precios diarios para los distintos activos. El riesgo es evidente.
Otro aspecto es que las condiciones de dichos préstamos no responden a claúsulas generalmente establecidas y aceptadas, como ocurre con el préstamo bancario. Las condiciones son negociadas de forma particular en cada caso y no son públicas, lo que añade dosis de incertidumbre, falta de transparencia y diferencias de condiciones entre los inversores.
Existe opacidad también en la información sobre la evolución de las compañías que han recibido los préstamos. La ventaja de esta opacidad informativa es un importante ahorro de costes frente a las exigencias de los mercados regulados.  Esto se ha intentado corregir a través de una reciente regulación de la SEC sobre este tipo de acuerdos, obligaciones de reporte mínimas, coste de comisiones y otros aspectos. Un primer paso para iluminar este posible foco de problemas, que cuenta con la oposición de los principales actores en este mercado.
Esta financiación se suele establecer en base a un tipo de referencia y un spread que puede variar alrededor los 600 / 800 puntos básicos. En el momento actual, donde los tipos oficiales de referencia han aumentado sensiblemente, podemos encontrar financiaciones con costes entre el 12%-14%. Un dinero caro, pero que para muchas empresas es la única opción. Compañías cuyos costes operativos han aumentado con la inflación, lo que puede generar que algunas no sobrevivan.
En abril, la cadena de clínicas dentales Smile Direct Club quebró tras recibir préstamos privados por valor de más de 200 millones. Lo mismo ha ocurrido en septiembre con la compañía Beth Bath & Beyond que contaba con más de 350 millones de financiación privada. Un reciente análisis de Standard&Poors sobre 2.000 compañías que han recibido este tipo de financiación menciona que el 47% no generaban flujo de caja suficiente si los tipos de interés se mantienen en sus actuales niveles.
Hay que tener en cuenta que estas financiaciones tienen como garantía los bienes o las acciones de la empresa. Un pequeño incumplimiento puede hacer que la propiedad de las empresas, del terreno o de la promoción, pase a manos del fondo.
Junto a la opacidad, la iliquidez en otro de los grandes problemas, dado que estos fondos suelen tener periodos de permanencia que pueden rondar de cinco a diez años.
Muchos de estos fondos están dando pasos para comercializar sus productos entre el inversor minorista por sus mayores comisiones y por la enorme oportunidad que representa. La llamada inversión alternativa, la que no es inversión en acciones o bonos, es muy atractiva para el minorista por sus llamativas rentabilidades cuando todo va bien. La combinación de los riesgos anteriores, la opacidad y la falta de liquidez, puede ser muy dañina para un público minorista en general falto de formación financiera.
Los inversores quieren rentabilidad y los reguladores evitar riesgos que pudieran contaminar los mercados financieros en su conjunto.  En ese equilibrio se mueve un sector que ha enterrado el monopolio de la deuda bancaria.