Scope Ratings | Las autonomías españolas mejorarán sus resultados presupuestarios en 2024 gracias al aumento de los ingresos asignados por el gobierno central a través del denominado régimen ordinario del sistema de financiación autonómica, que abarca a 15 de las comunidades. En el llamado «régimen foral», que abarca el País Vasco y Navarra, las comunidades autónomas son responsables de sus propios impuestos y no reciben transferencias del gobierno central. El crecimiento del gasto autonómico también debería ralentizarse.
La mayor contención del gasto reflejará la reimposición de las normas fiscales de la UE, la menor inflación y las medidas de rentabilidad adoptadas por las regiones.
A pesar de la debilidad de los ingresos en 2022, atribuida a la supresión gradual de las transferencias extraordinarias relacionadas con la pandemia, el gobierno central perdonó las liquidaciones negativas a las autonomías a través del sistema de financiación autonómica. En 2023, los ingresos aumentaron en las autonomías españolas con estatuto común gracias a los anticipos de fondos del gobierno central. El crecimiento de los ingresos debería continuar hasta 2024, ya que la relativa resistencia de la economía española refuerza los ingresos fiscales y favorece un mercado laboral fuerte.
Las autonomías españolas también deberán hacer frente a importantes gastos de inversión en los próximos años, pero gran parte de la financiación procederá de fondos de la UE, una parte significativa de los cuales se destina a la ejecución a través de las autonomías españolas. El aumento de la financiación de la UE también reforzará la liquidez regional, favorecerá el equilibrio general de los presupuestos regionales y reducirá la dependencia de la deuda.
Los resultados presupuestarios seguirán variando significativamente, debido a los criterios utilizados en la distribución de recursos dentro del sistema de financiación autonómica de España, que representa alrededor del 75% de los ingresos de explotación de las autonomías. Algunas autonomías, en particular Valencia, Murcia y Cataluña, tienen márgenes de explotación negativos y registran déficits considerables en la cuenta de capital (gráfico 2). En estas autonomías financieramente más débiles, se espera que persistan déficits sustanciales en los próximos años. Es probable que se produzca una cierta mejora de los déficits de explotación debido a la mayor participación de estas autonomías en los ingresos del sistema de financiación en 2023-25.
Por el contrario, autonomías como Baleares, Cantabria y La Rioja presentan unas finanzas más sólidas, manteniendo márgenes de explotación sistemáticamente por encima del 10% de los ingresos de explotación, lo que refuerza la capacidad de autofinanciación. Los datos fiscales del País Vasco y Navarra se encuentran entre los más sólidos, pero también son más vulnerables a las perturbaciones individuales debido al vínculo directo entre sus finanzas y la economía local, ya que no se benefician de los mecanismos de nivelación de ingresos del régimen ordinario.
La reimposición de las normas fiscales de la UE en 2024 debería garantizar aún más el crecimiento controlado de los gastos de funcionamiento, a pesar de las presiones sobre los costes derivadas de los elevados tipos de interés, que pesan sobre el margen de maniobra presupuestario de las autonomías dados sus rígidos compromisos de gasto. En consonancia con el marco autonómico español, el objetivo presupuestario para 2024 de las autonomías españolas ha pasado de un presupuesto equilibrado a un déficit del 0,1%. Este ajuste, complementado por un aumento previsto del 14,9% de los recursos procedentes del sistema de financiación en comparación con 2023, aumenta la flexibilidad presupuestaria de las autonomías para hacer frente a un mayor gasto estructural en ámbitos como la sanidad y la educación. De cara a 2025-26, el sector tratará de equilibrar ampliamente sus cuentas. La flexibilidad fiscal adicional de las autonomías (y las ciudades) también es necesaria debido a los esfuerzos del gobierno nacional por reducir el déficit de las administraciones públicas al 2,7% del PIB en 2024, frente al 3% del Plan Presupuestario para 2024.
Carga de la deuda y asequibilidad
La deuda total de las autonomías españolas representó el 182% de los ingresos de explotación en 2022 (Gráfico 4), lo que supone un aumento con respecto a 2021, invirtiendo así una tendencia a la baja desde 2015. La relación deuda/ingresos aumentó debido a la eliminación gradual de las transferencias relacionadas con la pandemia en 2022, pero debería disminuir este año, ya que las autonomías se benefician del aumento sustancial de los ingresos del sistema de financiación en comparación con el año pasado y del acceso a los fondos de la UE para satisfacer las necesidades de inversión.
El servicio de la deuda es manejable gracias a la reducción de los costes por intereses, facilitada por los représtamos del Gobierno central en los últimos años. La carga media de intereses había caído hasta el 1,7% de los ingresos de explotación a finales de 2021, frente a alrededor del 7,0% en 2014. Las autonomías que dependen de la financiación pública suelen tener una deuda más elevada con vencimientos medios más cortos, lo que las deja más expuestas a las subidas de los tipos de interés. Sin embargo, la posible absorción de la deuda de las autonomías por parte del Gobierno central podría dar lugar a una disminución del pago de intereses.
Los niveles de deuda varían entre las autonomías españolas en régimen ordinario (Gráfico 4). Con unos tipos de interés elevados, un descenso continuado de la deuda en relación con los ingresos de explotación será crucial para apoyar la sostenibilidad de la deuda.
El aumento de los costes por intereses reducirá el margen de maniobra presupuestario de las autonomías y pondrá más de relieve la sostenibilidad de la deuda, aunque los costes de financiación siguen siendo modestos desde una perspectiva histórica. La capacidad de las autonomías para hacer frente al servicio de la deuda está garantizada por el acceso a la liquidez de la Administración central en caso de necesidad.
El endurecimiento de las condiciones de financiación ralentizó la emisión de bonos por parte de las autonomías, pero algunas operaciones de deuda fueron bien recibidas. Sólo unas pocas autonomías emiten regularmente en los mercados de capitales, encabezadas por Navarra y el País Vasco en el régimen foral, además de Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Castilla y León, Galicia y Madrid.
Los préstamos de la Administración central siguen siendo la principal fuente de financiación, aportando aproximadamente el 60% de la deuda de las autonomías en régimen ordinario. Las dos autonomías forales no tienen acceso a la liquidez del Estado. La Comunidad de Madrid ha sustituido los empréstitos del Gobierno central por financiación propia desde 2020. Otras autonomías van ganando autonomía financiera, pero siguen dependiendo mayoritariamente del endeudamiento del Estado.
Es poco probable que las autonomías españolas aumenten significativamente la emisión de bonos en los próximos años. La autorización para emitir deuda en el mercado de capitales sólo se concede a las autonomías que cumplen los objetivos presupuestarios. Además, las regiones deben destinar los ingresos a la inversión, por lo que la emisión autonómica sustituye principalmente a la deuda existente. En cuanto a la vuelta de otras entidades regionales a los mercados de capitales, es probable que sea gradual, dado que muchos perfiles financieros siguen siendo débiles.
Sin embargo, algunas autonomías con perfiles crediticios relativamente sólidos están avanzando gradualmente hacia una mayor independencia financiera, recurriendo a los mercados de capitales de deuda para obtener financiación, especialmente a través de la emisión de bonos vinculados a ESG (gráfico 5).
