Iberdrola presenta una demanda contra Repsol por competencia desleal y publicidad engañosa

Sede de Iberdrola, en las cercanía del Museo Guggenheim

Norbolsa | Iberdrola (IBE) ha presentado una demanda contra Repsol (REP) en el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Santander por «competencia desleal y publicidad engañosa», al considerar que ha incurrido en greenwashing o blanqueo ecológico, según informaron a Europa Press en fuentes de la eléctrica. Esta demanda, presentada el pasado mes de febrero, ha sido admitida a trámite por el juzgado. No obstante, fuentes de Repsol señalaron a Europa Press que no les había sido aún notificada.

En la demanda, adelantada por ElConfidencial.com este lunes, Iberdrola acusa a Repsol de promocionar iniciativas sostenibles, cuando su oferta multi producto busca fomentar el uso de carburantes, así como de centrarse en la sostenibilidad, cuando constituye un elemento menor de sus actividades actuales.

Por otro lado, y según informó ayer el portal Bolsamania.com, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) ha aprobado un préstamo verde de 700 millones de euros para expandir la red de distribución eléctrica de Iberdrola en España. El primer tramo del préstamo, por un valor de 500 millones de euros, ha sido suscrito en Madrid por Jean-Christophe Laloux, director general de Operaciones para la UE del BEI y José Sainz Armada, director de Finanzas, Control y Desarrollo Corporativo de IBE.

La inversión total asociada al proyecto será de 1.440 millones de euros, los otros 740 millones de euros serán aportados por Iberdrola. El proyecto contribuirá a incrementar la eficiencia y resistencia de la red de distribución eléctrica, facilitará la conexión, los nuevos usos de electrificación como la bomba de calor o la movilidad eléctrica y permitirá integrar más fuentes de energías renovables a la red, con lo que se acelerará la transición energética y se avanzará en la descarbonización del sector eléctrico español. El proyecto también impulsará la industrialización y el crecimiento económico y del empleo en España, al permitir el mantenimiento de unos 10.000 puestos de trabajo anuales en 12 comunidades autónomas durante todo el periodo de implementación.