Raúl del Pozo via The Conversation | Desde principios de 2023 los medios españoles lo han estado contando: “Largas colas en el Banco de España para invertir en letras”; “Furor por invertir en letras”; “Fiebre en inversión en activos del Tesoro”; “Colapso en la página web del Tesoro”. Esto, acompañado de imágenes de largas filas de personas, en su mayoría mayores, esperando pacientemente su turno para adquirir una letra o un bono del Estado.

¿Tendría sentido que una familia solicitase al banco una hipoteca y que, en lugar de que la familia pagase los intereses correspondientes, fuese el banco el que, además de prestar el dinero, pagase a la familia los intereses? Eso sería el mundo al revés, ¿verdad?

Pero imagine el lector que esta familia pide prestado, recibe el dinero y el banco le paga los intereses. Aunque esta situación parezca surrealista, es lo que ha sucedido con estos productos financieros desde el segundo semestre de 2015. Los valores de la deuda española a muy corto, corto y medio plazo (todas las letras y la mayor parte de los bonos) empezaron a ofrecer rentabilidades negativas, a cobrar intereses en lugar de pagarlos. Y, además, para complicar un poco más la comprensión de este asunto, los inversores querían seguir comprando deuda del Estado.

¿Cuál es la explicación?

Aunque estamos simplificando mucho, se pueden dar dos respuestas fundamentales.

1. El efecto del mecanismo de política monetaria, conocido como Plan de compra de activos del Banco Central Europeo, que incluye compra de deuda pública y deuda de empresas privadas, entre otros activos. Se trata, en esencia, de una ayuda por la que el BCE presta dinero a los Estados a través de la compra de su deuda, y lo hace de manera testimonial, casi gratuita.
2. El concepto de diversificación y aversión al riesgo de los inversores. Pensemos en un pequeño inversor que tiene una cierta cantidad de dinero ahorrada y que lo que más le importa es que su dinero esté a salvo. Entre las opciones tradicionales, podríamos recomendarle que lo guardase en su casa, que lo invirtiese en bienes inmuebles o que lo dejase en una cuenta del banco. Estas opciones tendrían como inconvenientes que se lo podrían robar, que el alquiler o la revalorización de inmuebles tiene sus costes y sus riesgos, que el banco podría quebrar. Si el robo tiene sus probabilidades y la inversión en inmuebles sus dificultades, la quiebra de entidades financieras tampoco está exenta de riesgo (aunque los números apunten a que son menores).

Proteger el ahorro

Pensemos, con todos los matices pertinentes, en casos como el del Banco Popular, en el que parte de los inversores vieron gravemente afectadas sus inversiones. Si bien el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito garantiza hasta 100 000 € por beneficiario y entidad en caso de que una entidad financiera se declare en concurso de acreedores, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el Real Decreto Ley 16/2011 de 14 de octubre.

En los últimos ocho años los inversores han seguido comprando deuda pública española, a pesar de sus tipos de interés negativos. La explicación es sencilla: los inversores no quieren ver mermados sus ahorros y quieren evitar situaciones de riesgo. Para ello, lo que han hecho es pedirle al Estado que se los guarde, y los intereses que pagan en este caso los inversores, en lugar de entenderlos como una rentabilidad negativa a asumir, lo hacen como el pago por la guarda y custodia del dinero, es decir, como si el Estado fuera una caja fuerte donde los inversores depositan su dinero y, en el momento de retirarlo, pagan una comisión.

Esta explicación reside en un concepto muy importante de las finanzas, y es la concesión del nombre de activo libre de riesgo a los activos financieros emitidos por el Estado. Se entiende que es libre de riesgo porque el Estado nunca puede quebrar, nunca puede dejar de atender sus compromisos de pago y sus deudas y, por tanto, es el único bien objeto de inversión que carece de riesgo o libre de riesgo.

El atractivo de la deuda

La llegada del euro a España, dentro de la homogeneización de la política monetaria en Europa, conllevó una reducción de los tipos de interés del mercado hipotecario y de la deuda pública. En los años 90, el tipo de interés de los préstamos en España podía ser de entre el 14 % y el 16 %, mientras que la deuda pagaba por sus bonos y obligaciones hasta un 12 % o un 14 %.

Razón tenía mi amigo Antonio, agricultor de toda la vida, que ahora tiene 93 años. Cuántas veces me ha dicho: “Raúl, la mejor parcela que tenía eran los bonos del Estado. Ni maíz, ni cebada, ni trigo, ni girasol, ni ajos: bonos del Estado. Invertí 3 000 000 de pesetas (18 000 €), y todos los años recibía casi 500 000 pesetas (3 000 €) de intereses. Ni labrar, ni abonar, ni nada. Solo recoger”.

Es en esta línea en la que se enmarcan las colas de inversores que quieren adquirir ahora activos del Estado. Lo que quieren los inversores de esas colas es evitar riesgos. El BCE ha decidido reducir la adquisición de deuda pública y ha focalizado sus esfuerzos en contener la inflación mediante la subida del tipo de interés oficial (el tipo al que la institución presta a los bancos).

Una consecuencia directa de esta decisión monetaria ha sido un efecto contagio, con la subida de los tipos de interés de referencia, como son el euríbor (el tipo al que se prestan los bancos entre sí), el €STR y, por extensión, el de la deuda pública.

Los inversores saben que el Estado siempre paga, siempre devuelve el dinero. Y, aunque conocen de partida que no van a batir la inflación (obtener un rendimiento superior al de la inflación), al menos reducen su pérdida de poder adquisitivo sin correr ni asumir ningún tipo de riesgo.