Ricardo Jiménez (Harmon) | La CE ha aprobado a finales de 2022 una propuesta por la que las comisiones por la ejecución de órdenes de compra y venta, y las de asesoramiento a través de informes de análisis, se pueden cobrar de manera conjunta. Se elimina la obligación de desglosar individualmente dichas comisiones, establecida en 2018 por la propia CE.

El nuevo régimen de cobro de comisiones se aplicará para todas las compañías cuya capitalización bursátil sea inferior a diez mil millones de euros los últimos tres años. Es el segundo intento de la CE de revivir una actividad, la intermediación en bolsa, que quedó tocada de muerte por la entrada en vigor en 2018 de un conjunto de normas, conocidas como MIFID2.

El objetivo de dichas normas era aumentar la protección de los inversores y la transparencia de los mercados financieros. Las consecuencias de su aplicación han sido muy negativas para todos los participantes en el mercado, especialmente en los brokers independientes, analistas y en las pequeñas y medianas compañías cotizadas.

La única excepción han sido los grandes los bancos de inversión, los más fuertes financieramente. Estas instituciones han visto disminuir la competencia en términos de análisis bursátil y han pasado a tener un cuasi monopolio en la ejecución de los grandes flujos de compras y ventas, gracias a sus inversiones en tecnología. En un negocio estructuralmente en declive, altamente competitivo y poco generador de recursos, BBVA, uno de los principales bancos europeos, decidió abandonar esta actividad.

Los ingresos de los intermediarios financieros, las comisiones que pagan sus clientes, han disminuido significativamente. Abocados a un cambio estructural de su negocio y a una desaparición de más de la mitad de sus ingresos, tuvieron que implementar recortes de gastos muy agresivos.

La búsqueda de nuevos ingresos era muy complicada en un negocio donde una parte importante de sus clientes, las empresas cotizadas, estaban acostumbradas a no pagar nada por los servicios que recibían. Sus otros clientes, los inversores institucionales, se encontraron de repente con un gran poder de negociación de las tarifas que pagaban a dichos intermediarios.

Las llamadas comisiones de ejecución son las que se pagan al comprar y vender acciones en bolsa. A lo largo de los últimos veinte años y al igual que ha ocurrido en muchos sectores, el margen de dichas comisiones sobre el precio de la acción ha ido disminuyendo. Esto fue parcialmente compensado por el enorme incremento en el volumen de negociación.

Los intermediarios financieros independientes ya habían visto previamente caer sus comisiones por este concepto. Los grandes jugadores, aquellos que cuentan con capital para afrontar importantes inversiones en tecnología, llevaban años instalando sus propios sistemas de ejecución en las mesas de los gestores de fondos. Estos gestores ya no necesitaban intermediario para darles las órdenes de compra y venta. Podían ejecutarlas cómodamente desde sus oficinas.

Mifid2 obligaba también por primera vez a desglosar las comisiones que los broker cobraban a los gestores de fondos por suministrarles ideas de inversión, en forma de análisis de compañías. Había que poner un precio transparente a la actividad de análisis, a su calidad y decidir cuál era el valor añadido de cada broker.

Un inversor institucional puede recibir recomendaciones de unos treinta o cuarenta intermediarios. Su correo electrónico se satura diariamente con más de cuatrocientas recomendaciones de compra o venta sobre los miles de compañías que cotizan. La siguiente pregunta era si un gestor necesita tantos proveedores de ideas y que diferencia a unos y a otros.

El exceso de oferta de análisis se reflejó en que los precios que los gestores estaban dispuestos a pagar se situaban muy por debajo de las previsiones de los brokers. Se establecieron todo tipo de ‘tarifas a la carta” por recibir las notas diarias, los informes, o tarifas Premium por poder hablar con los analistas o tener acceso a toda la biblioteca de informes. Como suele ocurrir, los jugadores con mayor músculo financiero ofrecieron tarifas muy a la baja buscando quedarse con el mercado a medio plazo.

Un problema adicional de los mercados financieros más pequeños es que un gestor no suele colocar más del 10-15% de su cartera global en ellos. Esto reduce el porcentaje de comisiones que está dispuesto a gastar en dichos mercados.

Algunos gestores decidieron contratar a los mejores analistas, que fueron gradualmente saliendo de los intermediarios y sustituidos por jóvenes analistas en formación con menores salarios. Mifid2 también limitó los sueldos variables o “bonus” a dos veces el salario, lo que obligó a subir la parte fija de la retribución para retener a los analistas con mayor experiencia. Se aumentaba la base de costes del negocio, a la vez que el sector perdía atractivo para atraer talento joven.

Con sus ingresos significativamente mermados, lo intermediarios tenían que reducir gastos. Una de las vías principales fue disminuir el número de compañías sobre las que realizaban análisis o a las que invitaban a participar en seminarios o en roadshows. Las compañías, acostumbradas al gratis total, no entendieron en un primer momento este cambio radical y rechazaron el tener que pagar. La falta de informes y de un bróker que empujase las ideas de inversión ha llevado a muchas de ellas a desaparecer del radar de los inversores.

La reforma propuesta a día de hoy, volver al antiguo sistema de comisiones conjuntas, parece que llega muy tarde. El exceso de celo del regulador ha matado un negocio antaño muy rentable y competitivo convirtiéndolo en un cuasi monopolio.