Fernando Rodríguez | El periodo de juntas de accionistas está a la vuelta de la esquina y las grandes cotizadas españolas se están movilizando para instar al Gobierno a que legisle con máxima urgencia autorizando a las compañías a convocar y celebrar juntas telemáticas con cobertura jurídica plena.  “No se puede jugar con la flexibilidad del año pasado, que se justificaba por la pandemia del Covid19, ya que se corre el riesgo de impugnación de las juntas”, argumentan a Consenso del Mercado fuentes próximas a esta iniciativa que apoyan al menos una cuarentena de empresas.
Los principales emisores españoles esperaban que la nueva norma que va a transponer la SRDII –también conocida como Directiva de Inversión a Largo Plazo- se hubiera aprobado ya incluyendo la posibilidad de que las empresas pudieran convocar y celebrar juntas  exclusivamente telemáticas y de forma incondicional por decisión propia y sin necesidad de variar los estatutos sociales siempre que se garantizasen todos los derechos de accionistas e inversores, como figura en una enmienda introducida por el PSOE en esta norma en elaboración. Pero es probable que la tramitación de esta norma, que a pesar de haber cubierto el trámite de enmiendas en el Congreso y haber pasado ya al Senado acumula más de dos años y medio de retraso, no se culmine a corto plazo, por lo que no entraría en vigor a tiempo para aplicarse ya en el periodo de juntas en 2021, según varias fuentes consultadas.
El colectivo citado pretende solicitar a la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera –dependiente de Asuntos Económicos- la aprobación de un real decreto –“que debería estar listo en una o dos semanas, porque hay compañías que ya cerraron el ejercicio en septiembre y tienen que convocar junta próximamente”-, además de una comunicación del Colegio de Registradores y/o la CNMV similar al que ambas instituciones difundieron al estallar la pandemia del Covid 19 en marzo del año pasado, ofreciendo indicaciones para celebrar juntas telemáticas, entre otros aspectos.
España ha sido considerada por el proxy Georgeson como una best practice dentro de Europa en cantidad y calidad de juntas telemáticas en el ejercicio 2020, lo que, según las mismas fuentes, avalaría el enfoque que se pretende para la nueva norma sobre esta cuestión.