Jakob Suwalski (Scope Ratings) | Al igual que otros gobiernos muy endeudados de la zona del euro, España se enfrenta al reto de cómo ampliar la base de inversores en bonos soberanos para optimizar sus finanzas a medida que suben los tipos de interés y el BCE reduce su compra de activos.

Aun así, el déficit público español se mantendrá por encima del 3% del PIB en los próximos años, dado el aumento de la inversión pública y del gasto público actual. Éste abarca desde inversiones en infraestructuras a gran escala para diversificar las fuentes de energía del país y otros proyectos industriales hasta el aumento de los costes sanitarios y sociales relacionados con el envejecimiento de la población.

La emisión neta de deuda soberana de España en 2023 será sólo ligeramente inferior a los 70.000 millones de euros del año pasado, aunque el descenso contrasta con los aumentos registrados entre otros grandes prestatarios de la zona del euro, como Francia (AA/Estable) e Italia (BBB+/Estable). La reducción de las inversiones del BCE en títulos públicos españoles en el marco del programa de compra de activos ascenderá a 14 000-20 000 millones de euros este año y a 17.000-28.000 millones de euros en 2024 y de nuevo en 2025, lo que representa lo que el sector privado tendrá que financiar a medio plazo.

Esto plantea interrogantes sobre la estrategia de financiación óptima para España en términos de instrumentos, vencimientos y, lo que es más importante, inversores. También es importante para las regiones de país ya que su financiación depende en gran medida del Gobierno central, que representa alrededor del 60% de la deuda total del sector. La reincorporación gradual de las regiones españolas a los mercados de capitales mejoraría la diversificación de la deuda del sector público al añadir más emisores, reforzando así la estabilidad financiera.

Base inversora bien diversificada, con potencial al alza entre los inversores privados nacionales

La base inversora de la deuda pública española del 113% del PIB en 2022 está bien diversificada, pero la proporción de inversores privados que poseen deuda pública española tendrá que aumentar para sustituir gradualmente con el tiempo a las participaciones del BCE (que actualmente ascienden al 32% del PIB).
Una opción es atraer a más inversores institucionales extranjeros. El apetito extranjero por la deuda pública española sigue siendo fuerte a juzgar por el aumento de sus posiciones en deuda española en los últimos años y un alto nivel de participación en emisiones sindicadas.

Otra opción es diversificar los tipos de valores que ofrecen el Gobierno central y las comunidades autónomas, como los valores verdes u otros valores relacionados con la sostenibilidad. También se puede recurrir a los inversores institucionales nacionales activos en el amplio y profundo mercado nacional de capitales de España. Poseen el 36% de la deuda pública, frente al 52% de Italia, el 33% de Francia y el 32% de Alemania.

Sin embargo, la mayor oportunidad puede encontrarse en los inversores particulares nacionales y en las firmas no financieras, cuyas tenencias actuales de deuda pública son de sólo el 0,2% – ínfimas en sí mismas y en comparación con otros miembros de la UE – lo que sugiere un potencial significativo para diversificar el riesgo de refinanciación y contener los costes de endeudamiento.

Recurrir a una gama más amplia de inversores nacionales, animados por la mayor remuneración ofrecida, especialmente en valores con vencimientos a corto plazo, permitiría al Gobierno español mejorar la sostenibilidad de la deuda pública, la estabilidad de los mercados financieros y reducir los vínculos entre el endeudamiento público y el de los bancos nacionales. El creciente interés de los particulares por la deuda soberana española es visible en su inversión en las recientes subastas de letras del Tesoro.

La escasa renta neta de los hogares españoles es un obstáculo, pero los bonos ligados a ESG podrían ampliar la base de inversores

La tarea no está exenta de dificultades. Una de las razones de la pequeña proporción de inversores minoristas nacionales que invierten en deuda pública es la renta neta relativamente baja de los hogares españoles y los reducidos ingresos familiares. La renta real per cápita de los hogares superó los niveles anteriores a la pandemia en el tercer trimestre de 2022 en la mayoría de los países de la OCDE, pero no en España.

Aprovechar la demanda de deuda vinculada a ESG puede ayudar a compensar esta dificultad. La mayoría de los países de la región activos en los mercados de deuda están aprovechando más las oportunidades del mercado ESG. Los bonos verdes y, especialmente, los bonos de sostenibilidad, se han convertido en sus valores preferidos, sustituyendo en gran parte a los bonos tradicionales, lo que apuntala su papel pionero en el mercado nacional.

Asimismo, la emisión de deuda vinculada a ESG tiende a proporcionar acceso a una base de inversores más amplia y orientada al largo plazo, contribuyendo a ampliar el vencimiento medio de la deuda, lo que puede reducir las necesidades anuales de financiación.

La vinculación de los ingresos de los instrumentos de deuda emitidos por el sector público a objetivos específicos está demostrando ser popular, especialmente entre los ahorradores privados.