Joan Tapia (Barcelona) | Finalmente tenemos los presupuestos aprobados en el Congreso –falta el Senado que no alterará lo esencial– por una mayoría muy amplia de 188 escaños, doce por encima de la mayoría absoluta y veintiuno de la votación en enero de la investidura de Pedro Sánchez. El Gobierno ha logrado así algo imprescindible: un instrumento básico para el gasto público y la política económica y más estabilidad política. No ha conseguido, no obstante, por el voto en contra de C´s, superar la fractura entre el bloque de izquierdas (mas los nacionalistas) y el de derechas, lo que no ayudará a la gobernación en los próximos meses y mantendrá alta, como ya se está viendo, la crispación política.
Hay presupuestos y además las perspectivas que abre la vacuna, que ya han tirado al alza las bolsas de todo el mundo y mas todavía la española, incitan a un cauto optimismo sobre el 2021. Ahora se trata de gobernar un invierno que no se presenta fácil ya que la segunda ola de coronavirus ha obligado a todos los países a restringir la movilidad, lo que está volviendo a frenar el crecimiento.
El índice PMI, que anticipa la evolución económica y que por encima de 50 indica crecimiento, ha vuelto a experimentar un retroceso en noviembre que hace temer una nueva contracción del PIB en el cuarto trimestre que rompería así el fuerte rebote del tercero, cuando se acabó el confinamiento provocado por la primera ola.
En efecto el PMI compuesto de la zona euro cayó del 50 de octubre al 45,3 en noviembre. Sólo en Alemania se mantuvo por encima del 50 (51,7) mientras que retrocedió más en el resto de países: Italia (42,7), España (41,7) y Francia (40,6). Son los peores índices en seis meses. No obstante, esta evolución negativa ha sido mucho menor que cuando la primera ola y asimétrica entre el sector industrial, que evolucionó bien, y los servicios que se desplomaron por las duras restricciones a la movilidad. Y naturalmente ha perjudicado mas a las economías, como la española, más dependientes del sector servicios.
La gran incógnita ahora es el comportamiento del PIB en el cuarto trimestre. Muchos institutos creen que la economía europea volverá a un crecimiento trimestral negativo. En España hay división de opiniones ya que previsiones solventes, como la de Funcas, creen que la economía caerá un 5% tras el fuerte rebote del 16,7% del verano, mientras que la vicepresidenta Calviño no prevé cifras negativas y el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luís Escrivá, un experto macroeconomista que fue antes presidente de la Airef, se ha atrevido a pronosticar un crecimiento, basado en la evolución de los cotizantes a la Seguridad Social, o sea al incremento del empleo, del 2,4%. Si así fuere, además la caída del PIB en el 2020 sería del 10,3%, algo mejor que el 11,2% de las previsiones oficiales del Gobierno y que el 12,4% y el 12,8% de la Comisión de Bruselas y el Fondo Monetario Internacional.
Si el PIB vuelve a crecer este trimestre, las perspectivas para el 2021 serán alentadoras pues se habrá vuelto a comprobar la resiliencia de la economía española que ya sorprendió en el verano cuando rebotó con fuerza pese al mal comportamiento del turismo. Pero la evolución de la economía el próximo año dependerá también mucho del clima social. El Gobierno ha logrado, con la prolongación de los Ertes y de los ávales del ICO, que el diálogo social (Gobierno-patronales-sindicatos) neutralice el temido aumento de la conflictividad que podía acompañar a la fuerte caída de la actividad.
Pero es vital que este clima social se mantenga en los próximos meses e inspire confianza a los agentes económicos, condición sine qua non para el mantenimiento del empleo y de la inversión. Por eso la tan jaleada anulación total de la reforma laboral se ha ido posponiendo y sólo se han tocado “los aspectos más lesivos”. Pero los plazos van corriendo y los sectores más radicales exigen la vuelta a la primacía del convenio sectorial sobre el de empresa (lo que restaría flexibilidad a la economía) y el retorno total a la ultraactividad (el mantenimiento indefinido de un convenio hasta la firma del nuevo). Y es evidente que estos cambios tendrían un efecto negativo sobre los “animals spirits” de los empresarios, ya retraídos y asustados por la magnitud de la crisis.
¿Qué hará finalmente el Gobierno? Deben ser analizadas las declaraciones de Pedro Sánchez al director de El Periódico, Albert Sáez, el domingo 6 de diciembre, justo tras la aprobación de los presupuestos. Sánchez viene a decir que no habrá reforma laboral sin acuerdo social. Textualmente dice: “En el marco de las relaciones laborales, creo que es muy importante el ejercicio que se está haciendo de diálogo y paz social. Siempre y cuando los actores sociales quieran esa reforma, el gobierno está dispuesto a acompañarla. La economía va a caer este año dos dígitos y hay que preparar la recuperación. En este contexto lo importante es garantizar la paz social y por lo tanto vamos a apostar decidida y rotundamente por el diálogo y el acuerdo social porque creo que es lo que quieren los actores sociales”.
La conclusión es que la tan discutida reforma de la reforma laboral se va a negociar a fondo con los sindicatos y las patronales y que el Gobierno va a “acompañar” la reforma. Es decir que los agentes sociales deben acordar y que no va a haber diktat gubernativo, todo lo más indicaciones. ¿Es dar poder de veto a la CEOE? Seguramente no, pero si que el Gobierno sabe que una vuelta de la tortilla de la reforma de Rajoy en estos momentos de gran incertidumbre tendría efectos muy perniciosos para la recuperación. La CEOE y los sindicatos van a tener que negociar duro y llegar a un acuerdo. El Gobierno “acompañará”.
El mensaje está ahí pero el asunto no se puede eternizar porque las inversiones empresariales no deberían esperar y exigen claridad del marco laboral. Un atrevido analista me dice que la reforma laboral puede ser la OTAN de Pedro Sánchez. Felipe González lanzó la promesa, antes de ganar en el 82, de abandonar la organización atlántica. Cuatro años después hizo un referéndum, pero no para salir sino para quedarse (con reparos). Y estuvo a punto de perderlo.
¿Le puede pasar a Sánchez con la reforma laboral algo similar a lo de Felipe con la OTAN? Sería exagerado afirmarlo porque la CEOE y los sindicatos acabarán pactando y el Gobierno, que tiene medios, presionará para ello. Pero la reforma final no será la anulación de la de Rajoy. Se puede equilibrar la reforma sin anularla, evitando que perjudique la creación de empleo y de forma que sea bien vista por las autoridades económicas europeas. Y además los sindicatos no tratarán a Pedro Sánchez como a Felipe con la huelga general de 1988, o a Aznar con posterioridad. Porque tienen más experiencia, porque el empleo es la prioridad y porque respecto a Pedro Sánchez, los que le aprecian menos piensan aquello de “mas vale malo conocido que bueno por conocer”.
Pero negociar con Unai Sordo y Pepe Alvarez, y con Garamendi y Sánchez-Llibre, desde el ministerio de Trabajo y desde la vicepresidencia económica (que no piensan lo mismo), sin desanimar la inversión empresarial y sin alarmar al BCE, que tiene que financiar el fuerte incremento del déficit público, será un muy difícil encaje de bolillos.