Océane Balbinot-Viale (Crédit Mutuel AM) | ¿Qué tienen en común la inflación, los diferenciales soberanos y los desastres climáticos? Cada vez más, todo. Para aquellos que aún creen que el cambio climático es solo una preocupación ESG a largo plazo, distinta de los fundamentales económicos a corto plazo, el Banco Central Europeo (BCE) ha lanzado una respuesta contundente: “los riesgos relacionados con el clima son una preocupación inmediata para la estabilidad financiera y el crecimiento económico”. La advertencia vino acompañada de un nuevo análisis basado en escenarios a corto plazo elaborado por la Red para la Ecologización del Sistema Financiero (NGFS), que revela que los fenómenos climáticos extremos que comiencen ya en 2026 podrían reducir el PIB de la zona euro hasta un 4,7 % a finales de la década, una recesión similar en magnitud al impacto económico de la crisis financiera mundial. Incluso en ausencia de daños climáticos directos a nivel nacional, los efectos indirectos, como las interrupciones de la cadena de suministro en regiones ricas en materias primas, podrían reducir la producción de la eurozona en casi un 2%. Este es un momento crucial en el discurso sobre el riesgo climático: el enfoque ya no es exclusivamente a largo plazo. De hecho, el riesgo físico se está convirtiendo en un factor de perturbación macroeconómica dentro de los horizontes temporales de inversión, con implicaciones directas para los bancos centrales y el sistema financiero en general.
Las ramificaciones económicas más preocupantes señaladas por el BCE se derivan de un escenario titulado “Desastres y estancamiento político”, en el que una serie de desastres relacionados con el clima (desde olas de calor y sequías hasta incendios forestales, inundaciones y tormentas violentas) provocan daños físicos y económicos generalizados. El impacto es doble: la capacidad de producción y distribución se ve mermada, lo que empuja los precios al alza, mientras que la confianza de los consumidores y los inversores se deteriora, lo que frena la demanda. El resultado es la estanflación, una desafortunada combinación de inflación y bajo crecimiento que los bancos centrales no están preparados para gestionar. Aunque el endurecimiento de la política monetaria puede parecer la respuesta típica al aumento de los precios, hacerlo en un contexto de contracción económica inducida por el clima puede agudizar la recesión. Por el contrario, no actuar contra las presiones inflacionistas conlleva el riesgo de desanclar las expectativas de inflación, lo que socava la credibilidad del banco central.
Este dilema es especialmente grave para el BCE, cuyo mandato principal es la estabilidad de los precios, pero que también se encarga de salvaguardar la estabilidad financiera en un escenario marcado por la destrucción física, la disminución de la productividad y la expansión fiscal destinada a la recuperación tras las catástrofes. Estas dos prioridades pueden, quizás irónicamente, dejar de estar alineadas. La presión sobre los presupuestos públicos, en un contexto de balances soberanos ya limitados, podría amplificar las preocupaciones en torno a la sostenibilidad de la deuda y la fragmentación del mercado. Este riesgo es más grave para los Estados miembros fiscalmente frágiles, aunque, en términos agregados, la zona euro sigue teniendo más margen fiscal que otras economías avanzadas y las crisis recientes sugieren que, ante perturbaciones sistémicas (como la pandemia de COVID-19 o la invasión rusa de Ucrania), las respuestas fiscales se han coordinado cada vez más a nivel de la UE. Por lo tanto, es plausible que el gasto futuro relacionado con el clima también se mutualice, al menos parcialmente. Dicho esto, las instituciones financieras expuestas a regiones o sectores muy afectados podrían ver deteriorada la calidad de sus activos. El BCE podría verse así obligado a elegir entre apoyar el crecimiento y preservar la disciplina de inflación: una posición incómoda para cualquier banco central, pero especialmente para uno que opera en una unión monetaria políticamente diversa.
Es poco probable que los países se libren del creciente escrutinio de los inversores. La posibilidad de un deterioro fiscal impulsado por el clima y la revalorización del mercado de bonos plantea el espectro de una nueva fragmentación dentro de la zona euro. Si bien herramientas como el Programa de Compras de Emergencia frente a la Pandemia (PEPP, por sus siglas en inglés) y el Instrumento de Protección de la Transmisión (TPI) se diseñaron para evitar diferenciales injustificados entre los Estados miembros, su aplicabilidad ante la divergencia inducida por el clima sigue siendo incierta. Aunque las expectativas de inflación siguen bien ancladas (la mediana de las expectativas de los consumidores para 2030 sigue estando cerca del objetivo del 2% del BCE ), los consumidores perciben cada vez más el cambio climático como un factor que impulsa la presión inflacionista: Según una encuesta realizada en 2024 por PwC , casi 9 de cada 10 consumidores afirmaron haber experimentado de primera mano los efectos perturbadores del cambio climático en su vida cotidiana, y casi un tercio citó la inflación como el principal riesgo para sus hábitos de consumo. La aparición de una relación percibida entre los fenómenos climáticos y el aumento de los precios podría cambiar gradualmente la psicología de la inflación, especialmente si los fenómenos meteorológicos extremos se vuelven más frecuentes y dañinos. Esta divergencia entre las expectativas reales y los factores percibidos como impulsores de la inflación puede complicar la función de respuesta del BCE a lo largo del tiempo.
Para inversores como nosotros, estos acontecimientos tienen consecuencias de gran alcance. El régimen macroeconómico fundamental en el que opera la política monetaria está siendo remodelado por el cambio climático. Esto exige una reevaluación de la construcción de las carteras, especialmente en lo que respecta a los bonos soberanos. Los bonos del Estado de la zona euro, considerados durante mucho tiempo libres de riesgo o, al menos, de bajo riesgo, pueden requerir una visión más matizada que integre la capacidad fiscal ajustada al clima, las inversiones en infraestructuras adaptativas y la polarización política en torno al cambio climático. Del mismo modo, las estrategias de asignación sectorial deben evolucionar. Más allá de las calificaciones ESG y los indicadores de divulgación climática, lo que importa cada vez más es el grado de exposición de una empresa o sector al nuevo entorno macrofinanciero: uno que parece caracterizarse por patrones de crecimiento interrumpidos, una inflación impredecible y unas condiciones de financiación potencialmente más restrictivas.
En este contexto, los escenarios climáticos ya no deben limitarse a los informes de sostenibilidad o a los ejercicios de pruebas de resistencia. Deben convertirse en elementos centrales de las previsiones económicas, los modelos de activos y pasivos y las expectativas de rentabilidad a largo plazo. Esto incluye tener en cuenta tanto los desastres físicos como las tendencias crónicas (endurecimiento de la normativa, escasez de recursos, etc.). Igualmente importante es que la construcción de carteras conscientes del clima se complemente con una participación activa. Creemos que los gestores de activos deben seguir presionando para conseguir planes de transición más creíbles, una mejor divulgación de los riesgos físicos y señales políticas más claras. La defensa de mecanismos eficaces de fijación de precios del carbono, inversiones alineadas con la taxonomía y políticas públicas que fomenten la resiliencia no es solo una cuestión de valores: también se trata de preservar la estabilidad financiera y el valor a largo plazo.
El mensaje del BCE es claro… pero el plazo es corto. El cambio climático ya no es solo una cuestión de sostenibilidad a largo plazo. Es una realidad macroeconómica que ya se está infiltrando en los supuestos operativos de la política monetaria y amenaza con trastocar el sistema financiero tal y como lo conocemos. Para los gestores de activos, también requiere reconocer el principio de doble materialidad: en un mundo en el que las decisiones financieras influyen cada vez más en los resultados climáticos, los inversores deben evaluar no solo cómo afecta el cambio climático a las carteras, sino también cómo estas afectan al clima. Anticiparse e integrar estos cambios estructurales no solo es una buena práctica, sino que también es cada vez más importante para obtener un rendimiento resistente en una época de creciente incertidumbre.
