F.R. | Todas las empresas de más de 50 empleados, coticen o no, tendrán que contar con un sistema interno de denuncias antes de que acabe este año, so pena de incurrir en una infracción muy grave que conllevará multas que pueden alcanzar hasta un millón de euros. Es una de las consecuencias de la reciente aprobación y publicación en el BOE de la Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que transpone la Directiva UE 2019/1937 conocida como Directiva Whistleblowing.
La norma protege, entre otros, a los informantes que trabajen en el sector privado y que hayan obtenido información sobre infracciones en un contexto laboral o profesional. En su ámbito de aplicación están incluidos los casos en los que el informante haya obtenido la información revelada en el marco de una relación laboral ya finalizada, así como durante el proceso de selección o de negociación precontractual. Asimismo, la ley también prevé medidas de protección a los representantes legales de los trabajadores en el ejercicio de sus funciones de asesoramiento y apoyo al informante.