F. Rodríguez | “Virginia Occidental necesitar recuperar el control de los derechos de voto de sus accionistas para asegurar que nuestros fondos públicos no son usados para promover agendas políticas y sociales que van contra los intereses financieros de nuestros pensionista e impositores”. Esta es la declaración de Riley Moore, jefe del Tesoro de este Estado y candidato del partido republicano al Senado, quien se dispone a dictar normas legales para controlar que el sentido del voto de los consejos de las agencias regionales se basa en criterios de pura rentabilidad financiera. De momento, Virginia Occidental ha declarado no elegibles para acceder a contratos públicos de su estado –que mueven un negocio anual de alrededor de 18.000 millones de dólares- a BlackRock, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley y Wells Fargo.
El proyecto llega en un momento en el que las inversiones ESG –y los principios que conllevan- están siendo contestadas en Estados Unidos por diferentes instancias, desde los Estados a diferentes think tanks y grupos de presión de ideología republicana o conservadora.  Así, el Estado de Florida, donde gobierna Ron DeSantis –uno de los líderes republicanos llamado a suceder a Donald Trump en la carrera por la presidencia- ha retirado 2.000 millones de dólares de fondos públicos de BlackRock aduciendo que la mayor gestora del mundo tiene “metas distintas”, en alusión a las políticas ESG, “a la generación de ganancias para los ahorradores”.  El gobernador de Texas, Greg Abbott, también firmó una norma para prohibir las empresas financieras que tienen políticas ESG que discriminan supuestamente al sector del petróleo y el gas, enfoque al que se han sumado Estados de igual signo político como  Kentucky, Louisiana y Missouri, que han anunciado medidas similares.