Manuel Moreno Capa (Director de GESTORES) | Allá por 1987 aún no existía ni el Ibex-35. En mi revista de entonces, yo me ocupaba de los mercados internacionales. Pero también, cada tarde de viernes, hacía unas cuantas llamadas (con el teléfono fijo, el único que había) y recibía unos cuantos faxes (aparato ya casi extinto). En pocos minutos, con la información así conseguida elaboraba la tabla de fondos de inversión que publicaría la revista el día siguiente. Dos decenas de productos, con “etiquetas” bien simples: fondos monetarios (FIAMM), de renta fija, de renta variable y algún que otro mixto, lo más sofisticado entonces.

Treinta y seis años después, no sólo hay disponibles en el mercado miles de fondos de inversión, sino que además sus denominaciones/categorías/nomenclaturas se han multiplicado. Es el resultado de una enorme diversificación de la oferta, aunque también en un esfuerzo de las entidades por marcar la diferencia con etiquetas a cada vez más llamativas.

A la clasificación clásica se unen los garantizados, los tendenciales, los globales, los alternativos, los temáticos (los hay de todo, desde lo más prometedor, como la inteligencia artificial, hasta la madera, las infraestructuras, la cíberseguridad y cualquier tipo de negocio o mercado, incluida la salud de las mascotas)… y así hasta un largo etcétera, que además se enriquece y complica con el factor ASG (los criterios ambientales, societarios y de buen gobierno). A esto se une la creatividad de las entidades para vender fondos “contra cisnes negros” (una etiqueta de la que hablé hace ya dos años), contra crisis, anti cíclicos, anti inflación y, por supuesto, de todas las gamas del verde: de cero carbono, renovables, ecológicos…

Lo último que me ha llamado la atención son los llamados “fondos objetivo”, que no son más que fondos de renta fija invertidos a un plazo determinado (por ejemplo, en Bonos del Estado a tres años) que prometen una rentabilidad similar a la del bono en ese mismo plazo… siempre y cuando el inversor permanezca en el producto durante ese mismo periodo. Porque si vende antes y con los tipos de interés al alza (una tendencia que se va a mantener durante todo 2023), evidentemente el objetivo de lograr la misma rentabilidad que el bono se irá al garete, ya que bajará el precio de ese bono en el mercado (en cuando el Estado emita bonos más atractivos, con rendimientos más altos) y, por ende, caerá también el valor liquidativo del fondo, por lo que el inversor sufrirá minusvalías si necesita vender antes de los tres años previstos. Eso, que ya ha pasado en todas las crisis de la renta fija –la última, la del año pasado, de las peores que se recuerdan, y también en la reciente crisis bancaria “made in USA”– le quita especial valor a esa etiqueta de “fondos objetivo”. Además, se supone que todos los fondos tienen el objetivo de ganar dinero para el partícipe y no sólo para la gestora, aunque ya sabemos que lo primero a veces no sucede, mientras que lo segundo sucede siempre por el implacable impacto de las comisiones.

Ante tal proliferación de etiquetas más o menos comerciales y más o menos ajustadas a lo que de verdad ofrecen los productos, no sorprende que los reguladores, tanto nacionales como internacionales, se esfuercen por poner coto a lo que denominan “comunicaciones publicitarias” de los fondos, a fin de que no se desmadren, como las de los detergentes y los productos de belleza, y acabemos viendo anunciarse fondos con súper poderes, con mega garantías contra desastres financieros o con cíber protección contra la bobería congénita de los mercados o los gobiernos, o incluso anti pufos bancario, en respuesta a las penúltimas crisis financieras del Sillicon Valley Bank, del Credit Suisse y de los próximos bancos en la lista, que hay unos pocos.

 A este paso, parecerá que al comprar un súper-mega-cíber fondo, el inversor va a convertirse en un espécimen superior y tan atractivo como si hubiera adquirido al mismo tiempo la última crema rejuvenecedora o quemadora de grasa en quince días, resultados probados, osea, te lo juro…

En este esfuerzo regulatorio para frenar el previsible abuso comercial, la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM o ESMA, por sus siglas en inglés) anunció a comienzos de este año (el 16 de enero) la puesta en marcha de una acción conjunta con los diversos reguladores nacionales competentes. Su objetivo es supervisar que las comunicaciones publicitarias de los fondos se realicen según las normas de información que marca la conocida MiFid II, la normativa que regula los productos financieros en la Unión Europea.

Las autoridades de la Unión están especialmente preocupadas por algo de lo que ya he hablado mucho en esta columna: que cualquier fondo –aunque invierta en fabricantes de componentes para armas, apueste por mercados controlados por regímenes dictatoriales como el chino o esté lleno de acciones de petroleras que, sí, vale, ya están apostando un poco por la energía renovable– se cuelgue la etiqueta ASG (o ESG en su versión anglosajona). Es el famoso “greenwashing”, o camuflaje de verde, de productos que en realidad no apuestan de verdad por inversiones medioambientales, sostenibles, renovables, etc. Los reguladores quieren que sólo se apliquen la etiqueta ESG/ASG los fondos que cumplen los artículos 8 ó 9 del famoso reglamento en cuestión. ¿Cómo lo harán? Ya veremos.

Mientras tanto, corresponde al inversor preguntar, enterarse de qué fondo le están vendiendo de verdad e intentar comprobar si esos supuestos súper poderes no son más que una etiqueta tan dudosa como las de las dietas milagro que te prometen adelgazar en quince días, o las de las cremas mágicas que devolverán tu piel a la juventud en un par de semanas.