Intermoney | El Gobierno ha llegado a un acuerdo interno sobre el proyecto de la Ley de la Vivienda, que interviene los precios del alquiler. Si bien no se conoce aún la redacción del texto que será enviado al Parlamento, entre sus principales puntos se contará la obligación de los grandes tenedores, o personas jurídicas, de rebajar los precios de los alquileres en aquellas zonas que se definan como tensionadas. Los pequeños tenedores, definidos en principio como aquellos que posean menos de 10 viviendas, tendrán que mantener los precios, aunque podrán optar a bonificaciones en el IRPF de hasta el 90% de las rebajas que decidan hacer. Otros puntos de la futura Ley incluirían la obligación de dedicar el 30% de promociones de obra nueva a vivienda social, un recargo en el IBI de hasta el 150% en viviendas vacíasen determinadas circunstancias, así como un bono para inquilinos jóvenes de hasta 250 euros al mes durante los próximos dos años.

Valoración: Es de esperar que el Gobierno apruebe esta ley las próximas semanas, momento en el que se concretarán estas medidas. Con todo, la implementación de estas medidas dependerá de las comunidades autónomas y municipios, que son los que detentan las competencias de vivienda. Madrid capital ya ha anunciado que no las aplicará. Otra cuestión es ver cómo y bajo qué criterios se define lo que es un área tensionada. Creemos que estas restricciones al alquiler pueden tener como efecto la reducción de la oferta, algo que ya ha ocurrido en Barcelona capital tras la implementación de medidas parecidas. Una forma de evitar las restricciones es dedicar las viviendas al alquiler vacacional, por ejemplo. Por otro lado, una actividad pujante como la promoción de viviendas para alquiler podría sufrir un parón debido al menos a la incertidumbre regulatoria. No es descartable el que, de cara a las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2023, la vivienda sea un importante caballo de batalla.