Francisco Vidal | El covid, la inflación o la nueva subida del salario mínimo son solo problemas añadidos para unas pymes que sufren «una carga regulatoria que las ahoga: un establecimiento comercial que abriese sus puertas en 2021 en cualquier ciudad española se veía afectado por más de 3.000 normas, desde europeas a municipales».
Las PYMES conforman el corazón del tejido productivo de España y, de hecho, al término de 2022 existían 2,9 millones de pequeñas y medianas empresas que daban empleo a 10.829.044 personas. Esta realidad no evita que, en bastantes ocasiones, el entorno institucional de la espalda a su realidad y se convierta en un obstáculo más para su actividad.
La crisis inflacionista solo ha venido a enfatizar la realidad de un contexto estructuralmente complejo para la pyme española. En gran medida, esto es resultado de un entorno institucional -entendido como las reglas de juego- que no cumple con el principio de “piense primero en pequeño” consagrado en la Ley de la pequeña empresa para Europa.
Ese principio implica que las normas que afectan a las empresas deben crearse desde el punto de vista de las pymes, al considerarse estas el mayor grupo de interés en lo que a la regulación empresarial se refiere.
