Intermoney | A corto plazo, en España, la solvencia será un desafío para las empresas. La dureza de las crisis se verá reforzada por la recaída de la actividad en el cuarto trimestre de 2020 y su débil inicio en 2021, haciendo imposible la supervivencia de muchas empresas y los procesos de desaparición y reestructuración de compañías irán a más, si no se dan pasos decididos para apoyar la solvencia de las empresas viables.

En la actualidad, el deterioro vivido por muchas compañías hace que el mero suministro de liquidez ya no sirva para garantizar su viabilidad. Los problemas en sus negocios se derivan de una caída de la demanda que no se debe a la debilidad de su posición competitiva o a una mala gestión, sino a unas medidas gubernamentales de contención del COVID-19 que la coartan de forma decisiva y ante las cuales poco pueden hacer.

Por lo tanto, el respaldo a la solvencia empresarial debe ser el gran objetivo gubernamental en España ya que, de lo contrario, vamos a asistir a una dolorosa destrucción de tejido productivo y el problema radica en que no atesoramos la capacidad de otras naciones para recomponerlo. Así que la mejor estrategia que podemos llevar a cabo es aquélla que minimice la citada destrucción del tejido productivo, lo cual nos lleva al proyecto de ley de presupuestos de 2021.

En IM habríamos preferido unos presupuestos para “La contención del daño económico y la estabilización” en 2021 y habríamos retrasado “Los presupuestos para la transformación” a 2022. Por desgracia, echamos en falta que en la presentación del proyecto de ley de los citados presupuestos no se haga ni una sola mención explícita a la necesidad de dedicar recursos a apoyar la solvencia de las empresas viables y esto implica que una cuestión clave no es una prioridad.