Gerardo Cuerva (pte. de Cepyme) | La lucha contra la morosidad empresarial es, desde hace más de diez años, una prioridad para la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), que viene desarrollando una estrategia de seguimiento y recomendación de buenas prácticas orientada a propiciar un cambio cultural que destierre esta negativa práctica comercial.

Esta estrategia se ha visto reforzada en el último año con la creación e impulso del Observatorio de la Morosidad, que está trabajando en la elaboración y traslado de propuestas para combatir la morosidad empresarial, que tiene efectos, muy negativos en la financiación y tesorería de las empresas, especialmente graves en el caso de las pymes.

El objetivo de esta estrategia, es contribuir a la progresiva reducción de los plazos de pago actuales, de acuerdo con los establecidos por la ley, promover la difusión de los instrumentos legales con los que cuentan los empresarios para controlar la morosidad, y fomentar las buenas prácticas que permitan extender la cultura del pago en los plazos acordados.

En efecto, la morosidad es una lacra para las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas, que cuentan con memores recursos y capacidad de negociación para afrontar la merma de liquidez y loe elevados costes indirectos que se derivan de estas situaciones de demora de los pagos.

Durante la pandemia, la morosidad registró cifras muy elevadas, y esta preocupante tendencia se ha mantenido en 2021, alcanzándose registros que no veíamos desde hace una década.

Aunque los plazos de pago se han ido estabilizando, registrándose a finales de 2021 una media de 81 días, estos siguen siendo muy superiores a lo establecido por la Ley (60 días en el caso de pagos entre empresas), por lo que aún queda mucho trabajo por hacer en este ámbito

Además, y lo que es más preocupante, la deuda comercial con retraso en pago se incrementó en términos interanuales un 17’3% en el tercer trimestre de 2021, último dato disponible, hasta alcanzar un valor de 279.808 millones de euros. De esta manera, y teniendo como base de cálculo el tipo de interés legal del dinero fijado por el Banco de España, podemos estimar que los intereses de demora exigibles por retraso en el pago se elevarían a 1.411 millones de euros, lo que representa un incremento del 16% por ciento respecto del mismo período del año anterior.

Ante esta situación, desde CEPYME consideramos imprescindible y urgente abordar mecanismos eficaces que permitan minimizar el impacto que la morosidad tiene en las pymes, reduciendo el impacto financiero de las mismas, que supone un estrangulamiento financiero para muchas pequeñas y medianas empresas.

En este sentido, estamos elaborando propuestas en el marco de la Ley de Creación y Crecimiento Empresarial, que tengan en cuenta la realidad de las empresas.

Al final, el grave problema de la morosidad empresarial requiere un compromiso de todos para lograr un cambio cultural y de mentalidad en la gestión de las empresas, que rechace esta práctica comercial como lo que es, un grave mal para las empresas y para la competitividad de nuestro tejido empresarial, que hace recaer en cascada sus efectos más perniciosos sobre las empresas más pequeñas, que son quienes menos recursos y capacidad tienen para afrontar estas situaciones.