F.R. | Francia ha sido el primer país europeo en transponer a su ordenamiento jurídico la CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), o directiva de informes de sostenibilidad corporativa, que afectará a alrededor de 50.000 sociedades galas escalonadamente hasta 2028, comenzado a partir del 1 de enero del próximo año con las cotizadas que ya dispensaban en ese país el informe obligatorio denominado DPEF (Déclaration de Performance Extra-financière) y que tengan más de 500 asalariados y más de 40 millones de cifra de negocio o un balance total de 20 millones o más. De modo que Francia adelanta para este último colectivo el plazo para presentar esa memoria de información no financiera, ya que la CSRD indica que la norma es de aplicación general a partir del 1 de enero de 2025.
El supervisor francés, la Autorité des Marchés Financiers (AMF), ha elaborado una guía aclarando qué empresas, cómo y cuándo deben cumplir la nueva regulación, que introduce obligaciones adicionales de información detallada sobre riesgos, oportunidades e impactos materiales en relación con las cuestiones ESG en sus tres vertientes.