Funcas | La transición energética, independientemente de la velocidad a la que se lleve a cabo, no solo comportará cambios sustanciales en la producción de la energía y en sus usos, sino también en el orden socioeconómico de países desarrollados como los europeos. Aunque, de acuerdo con las encuestas de opinión disponibles, el consenso social acerca de la necesidad de una transición hacia una sociedad mucho más descarbonizada es amplio, no hay acuerdo, ni en España ni a escala global, sobre cómo debe llevarse a cabo. El último número de Panorama Social, publicación editada por Funcas, está dedicado a la transición energética e intenta contribuir al debate público español para que se tengan en cuenta perspectivas ignoradas, como la opinión y el comportamiento de la ciudadanía, a la que afectan crucialmente las decisiones en esta materia.
Bajo el título Energía y sociedad: perspectivas sobre la transición energética en tiempo de crisis, el monográfico señala que una de las principales resistencias que puede presentar el público, como consumidores o como ciudadanos, a la transición a las renovables intermitentes (eólica, solar) se refiere al coste. Juan Carlos Rodríguez, coordinador del número, explica en su artículo que, según muestran las encuestas internacionales, las conductas medioambientales más frecuentes entre los europeos son las que conllevan muy pocos costes y que la disposición a asumir costes extra por una electricidad renovable es escasa. Es decir, el público se muestra muy favorable a las energías renovables, pero siempre que sean baratas o muy baratas, y con unas preferencias que resaltan la seguridad del suministro energético, el cuidado del medio ambiente y el mantenimiento del nivel de vida.
Si es cierto que los europeos queremos ser neutrales en carbono, con las tecnologías actuales, se requerirán cambios muy sustanciales en muchos ámbitos de la vida cotidiana, desde el transporte hasta la vivienda, pasando por la alimentación. Así lo afirma Eric Heymann, según el cual no cabe imaginar una transición energética sin ganadores o perdedores y, probablemente, sin que, al menos durante un tiempo, se resienta la prosperidad. De ahí que la transición acelerada a la neutralidad climática, si es real y efectiva, afrontará resistencias políticas dentro de cada sociedad y conflictos por el reparto de costes entre unos y otros países miembros de la Unión Europa. El autor considera asimismo que en el debate público europeo no se han puesto suficientemente de relieve las implicaciones técnicas, económicas o de cambio de vida de los ciudadanos que trae consigo la transición energética.
Otra de las reticencias que están aflorando a la hora de transitar hacia una economía “climáticamente neutral” es la relativa al papel que desempeñarán ciertas fuentes de energía, como la nuclear, que ha cobrado nuevo protagonismo y se ha vuelto a postular como fuente energética para la transición ecológica en el actual escenario internacional de crisis energética. Josep Espluga y Albert Presas enfocan su trabajo en la opinión pública a este respecto. Su análisis de diversas encuestas internacionales les permite distinguir patrones diferentes en el rechazo o la aceptación de la energía nuclear en la población, condicionados por factores político-institucionales y socioculturales de los países. Los autores mantienen que la solución nuclear resultará socialmente más aceptable en aquellos países en los que la población tenga una mayor confianza en las instituciones (públicas y privadas), algo relacionado con la existencia de unas normas claras, la percepción de justicia en los comportamientos de empresas e instituciones, la transparencia en la toma de decisiones y la capacidad de articular diferentes intereses, entre ellos los de la población afectada.
La actual dependencia energética de la economía española centra el artículo de Roberto Gómez, que analiza las condiciones que tendrían que darse para que la transición energética llegara a buen término y con los menores costes posibles. Con una dependencia energética del exterior superior al 75% en 2020 y un recurso a las renovables intermitentes todavía muy lejos de cubrir la demanda final, España afronta retos de gran calado en ramas como las de la industria manufacturera, el transporte y la generación de electricidad. En opinión del autor, la reducción de la demanda de energía debería resultar de una mejora de la eficiencia y no de una limitación forzosa de la producción y/o el consumo de bienes y servicios, con el consiguiente perjuicio para el bienestar de sociedades como la española.
