Los reguladores preparan un estandar internacional de reporte ESG

Emisores | Las CNMV de todo el mundo, reunidas en IOSCO, ultiman un estándar de reporte internacional para los emisores de valores que pueda entrar en vigor en junio de 2022. Y abren consulta pública para perfilar otro estándar de reporte no financiero, el de los gestores de activos, que ayude a acabar con el “lavado verde” que sufren los mercados.

“Las áreas clave identificadas se basan en los pilares del marco TCFD (Task Force for Climate-related Financial Disclosures) ¿Está de acuerdo con este enfoque?. ¿Debería aplicarse esta recomendación a todos los gestores de activos o solo a aquellos que tengan en cuenta la sostenibilidad, con sus riesgos y oportunidades, en su proceso de inversión?”… De este tenor es la docena larga de preguntas que IOSCO, el organismo internacional que reúne a la mayoría de las “CNMV” del mundo, ha formulado, en consulta pública, el pasado 1 de julio. Los interesados pueden enviar sus comentarios a: consultation-01-2021@iosco.org

La idea es tener abierta la consulta hasta el 15 de agosto, para poder elaborar un prototipo de “estándar de reporte no financiero de los gestores de activos” que se pueda llevar en noviembre a la cumbre del clima de Glasgow. Un paso adelante para alinear los mercados de valores con el gran reto al que el mundo se ha comprometido.

Dos días antes, el lunes 28 de junio, en otro informe prolijo, IOSCO había explicado en qué punto se encuentra el otro “estándar de reporte internacional” en el que se trabaja, el de los emisores de valores cotizados. Una tarea que IOSCO ha acometido de la mano de la IFRS Foundation, los creadores de las Normas Internacionales de Información Financiera.

“Dada la velocidad con la que el cambio climático está afectando a la sociedad, a la economía mundial y al medio ambiente, el proyecto de IFRS se centrará en primer lugar en el clima” explica Ashley Alder, presidente de IOSCO y de la “Securities and Futures Commission” de Hong Kong. IOSCO e IFRS quieren crear un Consejo Internacional de Normas sobre Sostenibilidad, “posiblemente antes de la reunión del COP 26, en noviembre, que emita normas sobre el clima ya a mediados de 2022”. La idea es que ese Consejo fije los estándares internacionales de reporte no financiero para que estos resulten, por fin, “consistentes, homogéneos y comparables”.

La IFRS Foundation dispone ya de un prototipo de estándar -para el reporte no financiero de los emisores- con ese enfoque prioritario en el clima y basado en los principios TCFD y sus “qué pasa si…”. El del TCFD es el marco impulsado por el Financial Stability Board (FSB) y utilizado ya en el mundo por más de 4.900 empresas de medio centenar de países. Pero los reguladores reunidos en IOSCO le han pedido varias mejoras antes de poder recomendarlo como “estándar de reporte internacional”. Con la idea, por supuesto, de que las CNMV del mundo lo conviertan rápidamente en obligatorio.

Con la premura propia de quien sabe que llega muy justo a la fecha de entrega de los trabajos, casi tarde, el sanedrín del G20 quiere llegar a la COP26 de Glasgow con los deberes hechos, y esos dos estándares internacionales de reporte –el de los emisores de valores y el de los gestores de activos, dos caras de la misma moneda– ya encauzados.  Y en ello trabajan no solo IOSCO, también el FSB, NGFS, IAIS, OCDE, FMI, el Banco Mundial…

Hay un consenso claro en que los emisores deben comenzar por reportar las cuestiones relacionadas con el cambio climático, empezando por su “huella de carbono”, en un modelo estándar, construido por bloques, al que luego se le puedan ir añadiendo reportes sobre cuestión ambientales, sociales, de gobierno corporativo… “Cuando nos referimos a una construcción de bloques nos referimos a facilitar la flexibilidad para permitir la interoperabilidad con los requisitos de información que las jurisdicciones individuales pueden establecer, más allá de la línea de base. Si IOSCO aboga por este enfoque es para permitir a las jurisdicciones ir más lejos y más rápido sin perder la comparabilidad” explica Alder.

Pero la pregunta por contestar sigue siendo ¿Qué información no financiera debe exigirse, y de qué forma? ¿Qué parámetros deben medirse, con qué métricas, en qué escenarios, con qué mezcla de números y literatura…? ¿ Y cómo establecer un estándar internacional para que los inversores conozcan, de un lado, los riesgos financieros que el cambio climático y su combate pueden suponer  -al emisor o al gestor de fondos- y, del otro, las políticas y las concretas medidas que ese emisor o ese gestor de fondos tienen respecto a las denominadas cuestiones ESG?.

Los dos informes publicados por IOSCO dejan ver a las claras la necesidad de acabar con esa sensación de engaño que cualquier inversor puede tener hoy, al comprender la magnitud del “greenwashing” que sufren los mercados. Según Morningstar, los activos ESG captaron 152.000 millones de dólares –el 88% del flujo de inversión- en el último trimestre de 2020, que asistió a la emisión de 196 ofertas de nuevos activos ESG. Bloomberg Intelligence asegura que los activos ESG superarán los $53 tn en 2025, cuando representarán más de un tercio del total. Otras fuentes, más estrictas, rebajan esas cifras. Según Sebastian Zank, de Scope Rating “en lo que va de año, las emisiones vinculadas a factores medioambientales, sociales y de gobernanza (ASG) representan alrededor del 18% del volumen, una proporción todavía modesta del mercado global, pero que duplica con creces el 8% de todas las emisiones de bonos corporativos no financieros que se emitieron en 2020 con una etiqueta verde, social y de sostenibilidad. Hay demanda y esperamos que el impulso continúe, y que a finales de 2021 la cuota de bonos vinculados a la ESG supere fácilmente el 25% del total”.

Sin embargo, para alguien que conoce bien el negocio, el ex CIO de BlackRock, Tariq Fancy, “es todo marketing”; e insta a los reguladores a actuar. El problema es que aún no está lista la “caja de herramientas” y las métricas disponibles se limitan a unos pocos temas seleccionados: métricas de gases de efecto invernadero, métricas para la gestión de la energía, los residuos y el agua, estadísticas de empleo… Y tanto emisores como gestores de activos han utilizado, hasta ahora, los que les parecían más convenientes para obtener un buen retrato. Una debilidad de los reportes, incluso en los casos de aquellos emisores que han ido por delante en este camino, los Air Liquide, BASF, Imerys…

Así que el pasado 5 de junio, en su declaración final, el G7 declaraba la necesidad de disponer de «una norma global de referencia para la información sobre sostenibilidad, que las jurisdicciones puedan complementar». Una norma basada en la idea de “el clima primero” y en los principios del TCFD. Y expresaba su satisfacción por el programa de trabajo que desarrolla la Fundación IFRS, que con el apoyo de IOSCO espera tener operativa esa “norma global de referencia” en menos de un año, en junio de 2022.

Además de los principios del TCFD, la Fundación IFRS ha tenido en cuenta el prototipo de reporte planteado en diciembre del año pasado por “La Alianza” de organizaciones líderes en el reporte no financiero, que incluye el Climate Disclosure Standards Board (CDSB); la Global Reporting Initiative (GRI); el Consejo Internacional de Informes Integrados (IIRC), el Consejo de Normas de Contabilidad  (IIRC) y el Consejo de Normas de Contabilidad de la Sostenibilidad (SASB). Pero aún pretende mejorar cuestiones tan esenciales como “el marco conceptual que vincula los informes de sostenibilidad con los estados financieros”. 

Cuando concluyan los trabajos y finalmente se disponga de un estándar internacional de reporte no financiero, tanto para los emisores de valores como para los gestores de activos, IOSCO aún deberá rematar la tarea en un tercer frente: poner orden en el universo de los calificadores ESG, creadores de índices ESG… Ya en 2005, con el primer número de Consejeros, abordamos el asunto en un amplio reportaje -“¿Quién le pone la etiqueta a los Fondos?”- que venía a explicar la proliferación de certificadores dispuestos a “aceptar pulpo como animal de compañía”. Es este un universo ya superpoblado y al que no dejan de llegar nuevos actores, para certificar, elaborar “ratings” y otorgar premios sobre cualesquiera de los factores inscribibles hoy en el apartado ESG, desde las emisiones de CO2 hasta la ética. Un magnífico negocio que sin duda debe ayudar a acelerar este proceso de des carbonización en el que ha tenido que embarcarse la economía mundial.

La UE, un regulador regular

Desde marzo, los gestores de activos de la UE deben presentar, a nivel de entidad y de producto, información sobre los impactos de sus decisiones en los factores de sostenibilidad. Aunque hasta 2022 no habrá obligación de hacer reportes periódicos… para dar tiempo a que Bruselas elabore las normas técnicas que concreten qué y cómo se debe reportar.

Así que desde ahora oirán hablar constantemente de “Fondos del Artículo 8” (los que “promueven” la sostenibilidad) y “Fondos del Artículo 9” (que declaran un objetivo sostenible cuantificable). Lo exige el Reglamento sobre “divulgación de la sostenibilidad” (2019), que establece 18 parámetros ESG obligatorios.

Hasta ahora, gestores de activos y emisores de valores se inclinaban mayoritariamente por aplicar las 11 recomendaciones de divulgación del TCFD, que abarcan cuatro pilares: gobernanza, estrategia, gestión de riesgos y parámetros y objetivos. Las recomendaciones de la TCFD, de 2017, fueron incorporadas ese mismo año por la UE en su reglamento de divulgación empresarial de información no financiera.

Consciente de que el grado de exigencia al respecto no deja de aumentar, la UE publicó después el reglamento de 2019 para los gestores de activos y, el pasado 21 de abril, una nueva propuesta de directiva (de Información sobre Sostenibilidad Corporativa) que busca extender las obligaciones de divulgación de información no financiera a todas las empresas cotizadas y a que esa información sea auditada.

Según el mandato de Bruselas, el EFRAG –el Grupo Consultivo Europeo- debe desarrollar un primer conjunto de normas técnicas antes de octubre de 2022. Y esas normas “deberían tener como objetivo incorporar los elementos esenciales de las normas mundialmente aceptadas actualmente en desarrollo”. Esas en las que actualmente trabajan la IFRS Fundation e IOSCO.