Manuel Moreno Capa (Director de GESTORES) | Las redes sociales son el mayor logro técnico de la Historia, entre otras cosas, porque han permitido el acceso de todos los ciudadanos a una tecnología revolucionaria. Esto tiene sus ventajas, pero también sus inconvenientes para el inversor: si usted sigue un consejo de inversión que ha visto en las redes, ¿sabe de verdad quién se lo está dando y qué intereses tiene detrás?
Un reciente comunicado de la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA, por sus siglas en inglés) incide en los problemas de recibir consejos de inversión desde las redes sociales. Transparencia, objetividad, profesionalidad del experto o asesor son algunos de los conceptos, ya de sobra conocidos, que destaca la ESMA para que estos consejos de inversión tengan validez. Pero echo de menos una mayor incidencia en la principal pregunta: ¿Quién ofrece asesoramiento en las redes, alguien que tiene sólo objetivos informativos y de difusión, para que luego sea el inversor quién decida, o alguien que tiene objetivos ocultos y desconocidos para todos los que caen en su red?
Tanto la ESMA como la CNMV española inciden en que deben ser profesionales expertos, etcétera, etcétera, quienes informen con objetividad y transparencia, sin manipular al inversor. Es obvio que cualquier entidad financiera puede recomendar y asesorar, pero previamente se identifica, así que el inversor ya sabe con quién trata. Pero, como en toda la demás supuesta información, desinformación y demás especies que circulan por las redes, sigue sin definirse específicamente quién puede colocarse el título de informador. Es el mismo mal que aqueja al periodismo. Sin ánimo de ser corporativista, me gustaría recordar que un abogado, un ingeniero o un médico no pueden actuar como tales si no están debidamente titulados y colegiados, así como comprometidos con unos criterios éticos y profesionales, igual que nadie puede conducir un camión sin tener el permiso correspondiente de la Dirección General de Tráfico. Sin embargo, estamos hartos de ver, no sólo en las redes sino desde mucho tiempo antes en la telebasura, a personajes que dicen hacer periodismo, que claman aquello de “tengo una información” y que se auto titulan como profesionales de esto para hablar no sólo de cotilleos intrascendentes de los famosos, sino incluso para enfangar en temas tan sensibles como la pandemia o los precios de la energía. Un efecto que se ha acentuado en internet.
Entiendo lo del “periodismo ciudadano” como una vía para que cualquier persona comunique en redes asuntos de interés, o denuncie lo que considere injusticias o abusos, pero no lo entiendo si cualquier persona, sin cualificación y sin someterse a unos mínimos criterios éticos y profesionales, decide convertirse en informador profesional de lo que sea. Lo entendería si se permitiera también, por ejemplo, la abogacía ciudadana, la odontología ciudadana, la conducción ciudadana de vehículos especiales o la seguridad privada ciudadana si pudiera actuar como abogado, odontólogo, conductor de camión o vigilante armado en unos grandes almacenes cualquiera que se hubiera empollado decenas de tutoriales en las redes (que los hay para casi todo), pero no se hubiera molestado en certificar ante autoridad, colegio profesional o empresa especializada alguna su supuesta cualificación.
Con lo del asesoramiento al inversor ocurre desde hace tiempo algo parecido. Si se asesora desde una entidad financiera debidamente identificada, desde un medio informativo especializado o, por lo menos, desde alguien con nombres y apellidos y que deje claros sus intereses y/o posibles incompatibilidades ante las autoridades competentes, nada que objetar. Pero, ¿qué ocurre si, por ejemplo, cualquier “youtuber” o “influencer” comienza a soltar consejos para invertir, no digamos ya sobre temas tan delicados como las ciberdivisas, en canales seguidos por millones de personas? ¿Ha dejado claro ese sujeto quién es, de qué vive y cuáles son sus intereses en el mercado? ¿Qué pasa si, por ejemplo, ese “youtuber” tiene posiciones en los valores o activos que recomienda o incluso participa de algún modo en la gestión de algún producto financiero como, por ejemplo, un fondo de inversión? ¿Responde de sus consejos/comentarios/recomendaciones ante la autoridad competente o siquiera ante los responsables profesionales de un medio de información que siga criterios periodísticos tales como separar opinión de información, verificar las fuentes, contrastar los datos?
Si aquí cualquiera, repito, CUALQUIERA, puede ponerse a dar consejos y asesoramientos sobre fondos de inversión, acciones cotizadas o ciber calderilla, el resultado puede ser también CUALQUIERA. Si usted, inversor desprevenido, cae en sus redes, ya sabe: vaya luego a reclamar a la CNMV o a la ESMA y a ver qué pasa.
