CdM | Scope Ratings ha ratificado las calificaciones de emisor a largo plazo y de deuda sénior no garantizada de España en A, tanto en moneda local como extranjera, y ha revisado la perspectiva desde Estable a Positiva. El sólido desempeño económico, la solidez de las finanzas públicas y la disminución de las vulnerabilidades externas impulsan la mejora de las perspectivas del rating de España. La elevada deuda pública, el desempleo estructural, las presiones fiscales relacionadas con el envejecimiento de la población y la fragmentación parlamentaria constituyen desafíos.
Scope también ha ratificado las calificaciones de emisor a corto plazo de España en S-1, tanto en moneda local como extranjera, y ha revisado la perspectiva desde Estable a Positiva.
La revisión de las Perspectivas refleja:
- Se espera un sólido desempeño económico, respaldado por una afluencia sostenida de migrantes y recursos de los fondos NGEU (NextGenerationEU), junto con la disminución de las vulnerabilidades externas. Si bien se prevé que el crecimiento del PIB de España disminuya del 2,9% en 2025 a alrededor del 1,8% en el período 2026-2030 en promedio, mantendrá una tasa de expansión de casi el doble que la de la zona euro. Además, Scope prevé que las vulnerabilidades externas sigan disminuyendo, con los superávits de capital y de cuenta corriente favorables de cara al futuro. La economía española está moderadamente expuesta al aumento de los aranceles estadounidenses, y su balanza por cuenta corriente seguirá beneficiándose de la solidez de las exportaciones de turismo y servicios no relacionados con los viajes.
- La proyección de Scope apunta a que la ratio deuda pública/PIB mantiene una firme trayectoria descendente a medio plazo, impulsada por un crecimiento nominal sólido, aunque en descenso, unos costes de interés moderados y la vuelta a los superávits primarios. Las restricciones del gasto vinculadas a la prórroga de los Presupuestos de 2023, junto con unos ingresos fiscales sólidos y la supresión de medidas relacionadas con la energía adoptadas en el pasado, probablemente conducirán a una transición del saldo primario hacia un superávit el próximo año, por primera vez desde 2007. Scope estima que el déficit fiscal se mantendrá en torno al 2,3% del PIB en promedio hasta 2030, desde el 3,2% registrado en 2024. Esto contribuirá a que la ratio deuda/PIB mantenga una tendencia descendente hasta situarse por debajo del 93% del PIB en 2030, desde el 101,6% del PIB en 2024, una cifra significativamente inferior a su máximo del 119,3% en 2020.
De cara al futuro, Scope supervisará la evolución de la estabilidad política, la continuidad de las políticas y el compromiso del Gobierno con una postura fiscal prudente que respalde la reducción continua de la deuda pública más allá del ciclo político actual. Scope también evaluará el impacto de las reformas del sistema de financiación regional y sus implicaciones para los Presupuestos Generales de las administraciones públicas.
Los desafíos crediticios se relacionan con: a) una carga de deuda pública aún elevada, que limita la flexibilidad fiscal; b) la persistencia de debilidades estructurales del mercado laboral, incluyendo un alto desempleo de larga duración y juvenil; c) presiones presupuestarias crecientes a largo plazo, debidas principalmente al aumento del gasto relacionado con el envejecimiento de la población, provocado por la aceleración de la dinámica de envejecimiento; y d) la fragmentación parlamentaria.
El actual Gobierno, en minoría, a pesar de tener un parlamento muy fragmentado, ha logrado importantes reformas, incluyendo la del mercado laboral y la de las pensiones, que, entre otros hitos y objetivos, han permitido al país recibir 71.400 millones de euros en desembolsos del NGEU hasta finales de agosto de 2025. Scope prevé que España no solicite la totalidad del paquete de préstamos del NGEU, de 83.200 millones de euros, dados los obstáculos políticos que enfrenta un gobierno en minoría débil para cumplir todos los hitos y objetivos, y el menor beneficio relativo de financiación dadas las favorables condiciones de financiación soberana de España. Esto no debería alterar significativamente el impulso positivo que el plan tendrá en el crecimiento de España.
La ausencia de unos nuevos Presupuesto Generales, si bien limita una estrategia de consolidación proactiva, reduce significativamente las presiones al alza sobre las cuentas públicas. Al prorrogar los Presupuesto de 2023, el Gobierno ha reorganizado las partidas de gasto, además de aprobar, según la ley, medidas para alcanzar sus objetivos políticos. Por ejemplo, el Gobierno logró reorganizar el gasto para financiar 10.400 millones de euros de gasto militar adicional para alcanzar el objetivo del 2,0 % del PIB en 2025 (del 1,4 % estimado en 2024). Scope prevé que los Presupuestos de 2023 se prorroguen de nuevo para 2026.
