Thomas Gillet (Scope Ratings) | El presupuesto de otoño del Reino Unido (rating AA/Estable) refleja el firme compromiso del Gobierno de reconstruir los márgenes de maniobra en relación a los objetivos fiscales en medio de las previsiones por un menor crecimiento de la productividad a medio plazo.

El Gobierno tiene previsto aumentar el margen respecto a los objetivos fiscales hasta 22.000 millones de libras esterlinas en 2029 (desde 9.900 millones) mediante subidas de impuestos, la congelación de los umbrales del impuesto sobre la renta de las personas físicas hasta 2030-2031 y recortes selectivos del gasto social.

Si se aplica en su totalidad, la agenda propuesta respaldará las perspectivas fiscales del Reino Unido al moderar el aumento de la deuda pública general, que actualmente se prevé que alcance alrededor del 114% del PIB en 2030.

Independientemente de la flexibilidad presupuestaria del Reino Unido, la evolución del rating también dependerá de la eficacia del paquete de consolidación fiscal propuesto.

La estabilidad política continuará siendo una preocupación clave, ya que las subidas de impuestos suponen un alejamiento de las promesas electorales del Partido Laborista.

La capacidad del Gobierno laborista para aprobar el plan fiscal propuesto en el Parlamento sigue siendo incierta, dados los anteriores cambios de rumbo en materia de ayudas para la calefacción en invierno y gasto social.

La consolidación fiscal aplazada al final del actual mandato, con cambios fiscales al final de la legislatura, aumenta aún más la incertidumbre sobre si se obtendrán los ingresos fiscales adicionales, estimados en unos 26.000 millones de libras esterlinas al año para 2029/2030.

La evolución del rating también dependerá del impacto potencial de las medidas fiscales propuestas sobre la inflación y de la capacidad del Banco de Inglaterra para bajar los tipos de interés oficiales (actualmente del 4 %).

La confianza de los inversores será igualmente importante para la dinámica de la deuda, dada la introducción gradual de las subidas de impuestos y la necesidad inmediata de hacer frente a las presiones del gasto. Las condiciones de financiación seguirán siendo un reto para la solvencia, dada la diferencia desfavorable entre el crecimiento real del PIB, previsto en un 1,0 % en 2026, y los tipos de interés, con un rendimiento de los bonos del Estado a 10 años del 4,4 %. Es probable que los pagos netos por intereses aumenten hasta el 8 % de los ingresos públicos generales en 2030.