Banca March | Un aspecto fundamental es que la reforma NO considera una de las principales y ansiadas promesas en campaña de Trump: la reducción del tipo impositivo máximo sobre las sociedades al 15%, que, por
tanto, se mantiene en 21%. El nuevo proyecto presupuestario amplía y extiende la reforma fiscal de 2017 Tax Cuts and Jobs Act (TCJA), con un enfoque más centrado en los hogares que en las empresas. Sin embargo, la disminución de los gastos (1,4 billones de dólares hasta 2034) se queda corta para compensar los menores ingresos de los recortes de impuestos (4,5 billones).
El alivio impositivo va a pasar factura como consecuencia del importante deterioro sobre las cuentas públicas durante la próxima década. Se estima que entre 2026 y 2028 impulse el déficit en un promedio de 1,7 p.p. anuales. Con miras a más largo plazo, la deuda en manos del público pasará de los 117% previstos sin la extensión del TCJA 2017, a aumentar 10 p.p. a 127%.
Irónicamente, en el vaivén del documento de una cámara a otra del Congreso para ser modificado y votado, su versión más avanzada terminó contemplando un aumento mayor del déficit: de los 2,4 billones de dólares acumulados en 10 años aprobados por la Cámara de Representantes a 3,4 billones en la versión del Senado.
Entre las medidas que recoge la ley, se encuentra la extensión del TCJA de 2017 (aproximadamente un 1,3% del PIB en 2026), en la que destaca la reducción permanente de los tipos impositivos a las personas físicas, el aumento de la deducción estándar, las exenciones al impuesto sobre rentas altas y la extensión del crédito por hijos. A las empresas, se les aplicarán deducciones como la depreciación acelerada de ciertos activos y ventajas fiscales sobre gastos en investigación y desarrollo.
Entre las nuevas provisiones anunciadas en campaña (0,4% del PIB en 2026), figuran exenciones impositivas sobre las horas extra, las propinas y deducciones a personas mayores. En las partidas compensatorias de reducción del gasto destaca la eliminación de créditos a energía limpia y mayores restricciones a la cobertura de Medicaid, dos medidas que han suscitado un amplio debate.
