Fernando Rodríguez | Cerca de dos centenares de organizaciones civiles –principalmente, europeas- han emitido una declaración solicitando mejoras en la proyectada directiva de diligencia debida en materia de sostenibilidad que actualmente está en debate. Los firmantes consideran que el borrador en circulación “excluye directamente a aproximadamente el 99% de las empresas de la UE”, cuando las normas internacionales sobre sostenibilidad se aplican a todas, de modo que solicitan que el ámbito de aplicación alcance a todo tipo de compañías.

La declaración lamenta que  la propuesta de directiva limite la obligación de diligencia debida a las que se denominan relaciones comerciales establecidas, “no estando a la altura de las normas internacionales, y corriendo el riesgo de generar incentivos perversos para que las empresas reestructuren sus cadenas de valor con el fin de eludir su obligación de diligencia debida” , de modo que en la declaración se pide que los legisladores “introduzcan una obligación efectiva y robusta de prevenir y poner fin a los impactos adversos sobre los derechos humanos y el medio ambiente en toda la cadena de valor, de forma proporcionada y basada en el riesgo.”

Este colectivo de organizaciones civiles dice proponer estos y otros cambios “con el objetivo de garantizar que la Unión Europea no imponga legalmente un mero ejercicio de marcar casillas.”