Intermoney | El pasado viernes, el presidente de los EEUU, Joe Biden, daba a conocer su propuesta de presupuesto para el 2022 y revelaba sus ambiciones para expandir drásticamente el tamaño y alcance del gobierno federal. Esto sería posible gracias a las subidas de impuestos para las grandes empresas y las personas con rentas más altas; unas cuestiones que, ya descontándose por completo la oposición republicana al presupuesto, provocarán también dificultades en el lado demócrata en lo que respecta a su tramitación, transformación en ley y aprobación.
Bajo el título “Construyendo de nuevo mejor” («Building back better»), el presupuesto para el próximo año fiscal conllevaba un montante de expendio público cifrado en 6 billones $, el cual se destinaría a fines tales como la restauración de la infraestructura estadounidense, la expansión de la red de Seguridad Social, la lucha contra la desigualdad y el cambio climático. Gradualmente, se prevé que el gasto público se vaya elevando hasta llegar a los 8,2 billones $ en 2031 y que vaya aparejado a un mayor endeudamiento federal durante los próximos años, el cual pasaría de superar el 100% del PIB en la actualidad hasta alcanzar el 111,8% en 2022 y el 117% en 2031.
Todo ello, dentro de un marco de proyecciones macroeconómicas según las cuales el gobierno confiaría en que la inflación se mantenga estable entre el 2,1% y el 2,3% a lo largo de los próximos años y que la economía crezca un 5,2% este ejercicio y un 4,3% el siguiente. Por su parte, el bono a 10 años cerraría 2021 en el 1,2%, alcanzaría el 2% en 2024 y terminaría la década en el 2,8%, mientras que el desempleo caería al 4,7% este año, al 4,1% en 2022 y al 3,8% el año siguiente.
Tal escenario era objeto de crítica por parte de los opositores políticos de Biden, pues consideraban que el presidente de los EEUU utilizaría supuestos convenientes, pero improbables, para fundamentar sus previsiones. En este sentido, algunas voces republicanas, como la del senador Kevin Cramer, aprovechaban la ocasión para quejarse de que el presupuesto presentado el viernes conducía a una economía con “tasas de interés más altas, mayor inflación e impuestos más altos”.
Sin embargo, desde el actual ejecutivo se apuntaba que “los tipos de interés históricamente bajos hacen que este sea el momento adecuado para asumir deuda para modernizar la economía y expandirse”. En consecuencia, si bien el presupuesto dado a conocer por Biden incluía propuestas ya anunciadas (el Plan de Empleo Estadounidense, de 2,3 billones $; el Plan de las Familias Estadounidenses, de 1,8 billones; y 1,5 billones destinados a gastos discrecionales para el año fiscal 2022), se dejaba claro el inicio de un nuevo camino en el que las prioridades de la agenda política iban a cambiar.
Por ejemplo, uno de los principales objetivos, tal y como se ha mencionado previamente, pasaría a ser la lucha contra el cambio climático (36 mm. $) y se destinarían 1,7 mm. $ a impulsar la eficiencia energética de hogares, escuelas y edificios federales, con algunos esfuerzos dirigidos específicamente a climatizar las viviendas de bajos ingresos. Adicionalmente, el Departamento de Defensa aumentaría en un 30% su dedicación a innovación en energía limpia (10 mm. $), la Agencia de Protección Ambiental añadiría 21% más a sus cuentas (hasta 11,2 mm. $) y se dotaría de 1,2 mm. $ al Fondo Verde para el Clima bajo el amparo de las Naciones Unidas. Otras medidas serían la compra de más vehículos eléctricos para la flota federal (7,4 mm. $), especialmente, para el Servicio Postal de EEUU.
Otras de las partidas beneficiadas por el presupuesto de 2022 sería la atención médica, pues se proponía un aumento del 23% en los fondos discrecionales para el Departamento de Salud y Servicios Humanos hasta 134 mm. $, los cuales incluirían 8,7 mm. $ para los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y 6,5 mm. $ para una nueva Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada para la Salud centrada en áreas como el cáncer y el Alzheimer. Paralelamente, Biden anunciaba propuestas para permitir que las personas se inscriban en el programa Medicare de salud para ancianos y discapacitados a los 60 años en lugar de los 65, así como también la creación de una opción de seguro federal “similar a Medicaid” en los estados que no han ampliado la elegibilidad para los programas de Medicaid a los más pobres.
Además, un total de 54,9 mm. $ se destinarán al Departamento de Seguridad Nacional para “implementar un sistema de inmigración justo, ordenado y humano”, incluyéndose 345 mill. $ para que los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EEUU aborden sus problemas de acumulación de casos de naturalización y asilo. También se aumenta la financiación de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración en un 21% a 891 mill. $ y la dedicada a la ayuda exterior. En concreto, se establecían 10 mm. $ en asistencia humanitaria para refugiados, víctimas de conflictos y otras personas vulnerables en el extranjero, 861 mill. $ para abordar las causas de la migración de Centroamérica a los EEUU, 550 mill. $ para la oficina que maneja las admisiones de refugiados y 10,1 mm. $ en ayudas a los países que han sufrido daños por la pandemia.
En otro orden de cosas, se destinaban 1,6 mm. $ a contrarrestar el terrorismo nacional y 2 mm. $ a combatir los delitos violentos y la violencia armada. No obstante, en el terreno de los delitos, también destacaba el aumento de fondos para los organismos de control de la competencia: el presupuesto de la división antimonopolio del Departamento de Justicia aumentaría un 9% a 201 mill. $ y el de la Comisión Federal de Comercio lo haría un 11% hasta 390 mill. $. Finalmente, se elevaba la partida para el operador estadounidense de trenes de pasajeros Amtrak en un 35% hasta 2,7 mm. $, a la par que se asignaban 24 mm. $ para otros proyectos urbanos.
Todo este programa de gasto se financiaría mediante subidas de impuestos, por ejemplo, en el ámbito de las ganancias de capital. Éstas tendrían carácter retroactivo a abril de 2021, lo cual evitaría que se produjeran ventas de activos antes de finalizar el año.
El resto de aumentos tributarios previstos comenzaría el 1 de enero de 2022, así como también la expiración de muchos recortes de impuestos temporales propuestos por el gobierno Trump. Entre estos últimos, estarían la reducción del tipo de sociedades o la del tipo máximo a nivel individual, los cuales acabarían situándose en cotas del 28% y del 39,6%, respectivamente. Adicionalmente, se establecían medidas para promover un impuesto mínimo global y para prevenir deslocalizaciones de las multinacionales.
Entre las voces críticas a los planes de Biden, desde el ala demócrata, estarían aquéllas que detectarían que no se habría abordado la deducción de impuestos estatales y locales, así como también el hecho de que las consideraciones para Medicare y Medicaid eran meras propuestas que no estarían incluidas dentro del presupuesto, evidenciándose que los programas no serían una prioridad para Biden.
Sin embargo, cabría alabar cuestiones como la predisposición a combatir la elusión fiscal por parte de las grandes corporaciones y el hecho de la administración adoptara medidas valoradas en 1,8 billones $ para incrementar el financiamiento estatal de la educación y los servicios sociales; un gesto que, junto con el plan de reinversiones, permitiría hacer frente a dos de las mayores dificultades que acechan a EEUU en el largo plazo, esto es, la demografía en contra y la caída de la productividad.
