Mari Pinardo | El Ministerio para la Transición Ecológica presenta este martes al Consejo de Ministros un Anteproyecto de Ley para acabar con los windfall profits –poner coto a la sobre retribución, conocida como “beneficios caídos del cielo”– de las nucleares y las hidráulicas de cara a reducir la factura de la luz de los consumidores que ha subido notablemente, entre otras cosas, con el repunte de los C02. 

Cabe recordar que la mecánica de fijación de precios en el sistema eléctrico español sigue un esquema marginalista: el precio lo marca la última tecnología en entrar en el sistema para cubrir la demanda eléctrica.

En los últimos meses, han entrado al sistema los ciclos combinados, que queman gas para producir electricidad, justo cuando el precio del gas y de los derechos de emisión de CO2 están disparados, con el consiguiente sobrecoste para el sistema, y por lo tanto, para el consumidor final. Las nucleares e hidráulicas, que producen electricidad con un coste bajo, reciben el precio más alto que marca el sistema. Esta sobreretribución es lo que se conoce como “beneficios caídos del cielo”.

Según fuentes del Gobierno, la propuesta respetaría el marco normativo europeo (donde no se debería discriminar por tecnología) y sería similar al existente entre 2006/2009, con la minoración de una parte del “dividendo” del CO2 a plantas no emisoras previas al 2005 que vendan energía en el mercado. Se especula que esta minoración podría ser progresiva dependiendo del nivel de precios que marque el CO2. A diferencia de 2006/2009 cuando el Gobierno dejó de asignar gratuitamente los derechos de emisión a dichas plantas. 

Un impacto para las utilities de entre 800 y 1.000 millones de euros, según el Gobierno

La previsión del Gobierno es que, en función de los precios actuales por la emisión de CO2, de unos 50 euros/Tn, dicha minoración (en caso de ser total) tendría un impacto de entre 800 y 1.000 millones de euros y podría implicar una reducción del -5% en la factura de los consumidores. 

Las medidas propuestas por el Gobierno afectarían también a las plantas no emisoras de dióxido de carbono construidas antes de 2005, lo que podría incluir algunos parques eólicos. No está claro que esta medida alcance el apoyo político suficiente para ser aprobada, ya que el Gobierno no tiene una mayoría suficiente en el Congreso. Además de los posibles obstáculos parlamentarios, estas medidas también se podrían enfrentar a posibles demandas de las compañías eléctricas en los tribunales. La nueva ley no estaría lista hasta principios de 2022.

Endesa, una de las más afectadas por su explosión a la producción nuclear e hidroeléctricas (~12% del EV)

El equipo de análisis de Banco Sabadell señala que, aunque todavía falta por conocerse el detalle del texto del Anteproyecto de Ley y su aprobación en el Congreso, donde podría sufrir modificaciones y necesitaría el apoyo del 50% de la Cámara, «una minoración de esta parte del CO2 afectaría sobre todo a aquellas compañías con mayor exposición a centrales nucleares e hidroeléctricas, donde Endesa (ENE) contaría con un alto peso en EBITDA de producción de ambas tecnologías (~15% del EBITDA’20) vs 8% en Iberdrola (IBE), 5% Acciona y 4% Naturgy (NTGY) (en valoración el peso de ambas tecnologías supone ~12% del EV de Endesa, 4% en Iberdrola, 4% Acciona y 3% Naturgy)»

Sin embargo, los analistas de Sabadell creen que «la minoración de esa partida no debería ser muy significativa dado que las tecnologías de respaldo son necesarias en el actual sistema marginalista de precios, que tienen que cumplir el marco regulatorio europeo y que el Gobierno ya se beneficiará y recaudará mucho más con las subastas de emisión ante la escalada del precio del CO2″.

En todo caso, la cifra de entre 800/1.000 millones euros representa c. 5% del Ebitda conjunto de las compañías. Al mismo tiempo apuntan, «no hay que olvidar que unos precios del pool más altos siempre terminarían beneficiando a las eléctricas». 

Por su parte analistas de Bankinter recogen en su informe este martes que «si finalmente se introducen y aprueban estos cambios, algunas empresas del sector se verían negativamente perjudicadas» como los analistas de Sabadell señalan a aquellas con exposición a la energía hidráulica y nuclear como las más afectadas.

De nuevo, se pone de manifiesto el riesgo regulatorio al que está sujeto el sector

En el equipo de análisis de Bankinter tampoco ven claro que finalmente se lleven a cabo estos cambios ni cómo se podrían materializar. Sin embargo, insisten en la misma línea «son malas noticias para el sector, ya que pone de manifiesto el riesgo regulatorio al que está sujeto«. Y recuerdan: «Cada vez que salen a la luz este tipo de noticas el sector eléctrico reacciona con caídas al erosionar la confianza de los inversores».

Las acciones de Endesa cayeron el lunes un -5,71%, las de Iberdrola un -2,74% y las de Naturgy un -0,19%.