Portocolom | A nadie se le escapa que la salida de la crisis del Covid 19 ha hecho que la deuda a nivel global aumentara 30 puntos porcentuales sobre el PIB mundial. El principal responsable de este aumento son los gobiernos que han visto como las restricciones de movilidad y el cese de actividad han hecho caer sus ingresos fiscales al mismo tiempo que aumentaban sus partidas destinadas a ayudas al desempleo y aumento de los gastos sanitarios, a expensas de un aumento del déficit público. Ante esta situación existen dos visiones enfrentadas, por un lado, algunos quienes sostienen que las medidas monetarias y fiscales adoptadas por los encargados de la formulación de políticas para contrarrestar los efectos de la pandemia podrían garantizar que Occidente siga el camino que siguió Japón. Y, por otro lado, están los defensores de la teoría monetaria moderna, argumentando que la deuda no importa y que el cielo es el límite, así una montaña de deuda no es preocupante siempre que las tasas de interés sigan siendo bajas, es decir, que lo importante es que la tasa de crecimiento real, nominal menos inflación, esté por encima de la tasa media que se paga por la deuda. Esto último es lo que defienden desde los bancos centrales. Pero hay otra cosa que los formuladores de las políticas monetarias también tienen en cuenta, y es que el colchón social que se consigue por mantener los programas de protección social evitaría que las democracias caigan en una espiral que pudiera socavar en cierta manera sus libertades, como sí se produjo en el Viejo Continente tras la crisis de finales de los años 20, en el siglo pasado. Su conclusión es que el mejor antídoto para evitar la polarización es ampliar la protección social a costa de crecimiento más exiguos y generaciones endeudadas.

Otra consecuencia del escenario creado por el Covid 19 es el debate sobre las libertades individuales y el creciente control por parte del Estado. En Rusia, la implantación en el metro de Moscú de un sistema biométrico que permite acceder al servicio con reconocimiento facial y que se une a las más de 260.000 cámaras de videovigilancia con las que ya cuenta la capital rusa, vuelven a poner sobre la mesa el debate de hasta qué punto estamos dispuestos a renunciar a nuestra privacidad a cambio de una mayor comodidad (el sistema permite acceder al servicio sin tener que portar ningún tipo de billete o tarjeta, pero también puede servir para fines distintos para los que ha sido creado, como para controlar a la población). En ese sentido, el Comité Europeo de Protección de Datos y el supervisor europeo han manifestado que “la identificación biométrica a distancia en espacios públicos entraña un alto riesgo de intromisión en la vida privada de las personas, con graves efectos en su expectativa de ser anónimos en ellos”, por lo que instan a que se prohíba de forma general cualquier uso de la Inteligencia Artificial para reconocer automáticamente los rasgos humanos (rostros, huellas, ADN, voz marcha, etc.) bajo cualquier contexto, por lo que parece difícil que en la Unión Europea veamos en los próximos años sistemas como este o semejantes en espacios y servicios públicos.