Morgan Stanley | Pedro Sánchez se aseguró continuar en la presidencia mediante un gobierno de coalición formado por 8 partidos con diferentes ideologías. El 24 de octubre logró una alianza con el partido de extrema izquierda Sumar, bajo la condición de presionar por una reforma laboral para reducir la jornada laboral de 40 a 37.5 horas semanales, preservando los mismos salarios. Más recientemente, se cerró un acuerdo con Junts, en el que las dos partes abrieron una negociación sobre la ley de amnistía que se registró en el Congreso. Además, el acuerdo prevé el inicio de las negociaciones sobre la posición fiscal de Cataluña, con Junts solicitando que Cataluña pueda cobrar y gastar sus propios impuestos. Por otra parte, el partido de izquierda catalán ERC exigió un indulto de la deuda catalana de 15.000 millones de euros, que supone el 1.1% del PIB de España en 2022, lo que significa que la deuda se moverá del balance de la comunidad autónoma y se transferiría al gobierno central. Otros partidos obtuvieron concesiones, y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) solicitó la gestión de su propio sistema de seguridad social dentro del País Vasco. Si bien la coalición formada por Pedro Sánchez le permitió ser investido presidente, el hecho de que la coalición gubernamental involucre a una amplia gama de partidos de izquierda (PSOE, Sumar y ERC) y derecha (Junts y PNV) podría verse como una posible fuente de incertidumbre de cara a aprobar sus presupuestos.

PERSPECTIVAS ECONÓMICAS => La ministra de Economía actual, María Jesús Montero, ha estado trabajando en los presupuestos de 2024 (que se enviaron en octubre a la Comisión Europea como parte de la supervisión fiscal en la UE). Sin embargo, los presupuestos de 2024 de España aún no han sido votados en el Parlamento. Esta votación probablemente dependerá de las próximas negociaciones con todas las partes involucradas en la coalición. Si las negociaciones no son concluyentes, el presupuesto de 2023 se extendería a 2024, hasta que se llegue a un acuerdo sobre un nuevo proyecto de ley. El actual proyecto de presupuestos prevé que el déficit fiscal caiga del 3.9% del PIB en 2023 al 3.0% en 2024, una consolidación fiscal más rápida que la que espera Skander Garchi (4.2% del PIB en 2023 y 3.4% del PIB en 2024) y la Comisión Europea (4.1% en 2023 y 3.3% en 2024). El plan fiscal se basa en un sólido pronóstico para el crecimiento del PIB real, con un 2.4%Y en 2023 y un 2.0%Y en 2024, un factor importante detrás de la consolidación fiscal. La CE prevé un crecimiento mucho más débil para el próximo año (1.7%Y) y nuestros macros son todavía menos optimistas (1.1%). Esta visión negativa del crecimiento se basa en que el fuerte crecimiento de España de los últimos meses se ha visto impulsado por el consumo y una desinflación más rápida que el resto de países europeos. Sin embargo, la desinflación ya ha pasado y son los elevados tipos hipotecarios los que ahora cobran el protagonismo, siendo estos un lastre parta el consumo.,

Las políticas del gobierno, además de un crecimiento más débil, también podrían significar que el déficit no cae tanto como espera el Ministerio de Economía del PSOE. Con una coalición gubernamental mucho más amplia, los objetivos para el déficit fiscal de 2024 podrían modificarse en las próximas semanas. Por ejemplo, Pedro Sánchez indicó su intención de extender el recorte del IVA sobre los productos alimenticios durante los próximos seis meses. Esta extensión no aparece en el borrador del presupuesto enviado a la CE. El coste sería bastante pequeño (660 millones de euros, o el 0.05% del PIB de 2022), pero afectaría al perfil de inflación de España, con un efecto de 28 pb en la general.

EN CUANTO AL RRF, tras la enmienda de octubre de 2023 de su Plan de Recuperación, España sumó a su acuerdo anterior su participación en préstamos no utilizados, valorados en 83.000 millones de euros, y 10.000 millones de euros adicionales en subvenciones. El nuevo panorama político español probablemente podría influir en la implementación del fondo de recuperación actualizado en un futuro. Al igual que otros países, España está retrasada en su solicitud de desembolsos de RRF a la CE. A día de hoy, España ha recibido 37.000 millones de euros exclusivamente en subvenciones a través de tres pagos. De cara al futuro, se espera que el gobierno solicite 15.400 millones de euros a finales de 2023 y 35.200 millones de euros en 2024 y ejecute inversiones por 10.000 millones de euros en 2023 y 27.000 millones de euros en 2024. Si se acumulan retrasos en las solicitudes de desembolso a la CE, también podría tener que posponer el plan de inversión, lo cual podría reducir el impacto del RRF en el crecimiento a corto plazo. Se espera que las inversiones en el marco del plan actual repunten sustancialmente en 2025 y 2026 (con un gasto medio previsto de 44.500 millones de EUR/año). Es importante señalar que España negoció con la CE la posibilidad de gastar parte de los fondos después de la fecha límite de 2026, siempre que ya se hayan asignado a proyectos específicos. A corto plazo, es probable que el foco esté puesto en las medidas fiscales y una implementación fluida del RRF. En caso de que se amplíen las medidas fiscales sobre alimentos, la reducción de los ingresos del gobierno podría ascender a 660 millones de euros. Suponiendo que esto se contrarresta con una emisión adicional, el impacto sería prácticamente nulo. Sin embargo, con las negociaciones sobre los presupuestos todavía en curso, existen riesgos de un mayor déficit fiscal.

IMPLICACIONES PARA LA RENTA FIJA => El principal riesgo para el Bono podría ser el acuerdo alcanzado con Junts y las negociaciones adicionales sobre la independencia fiscal de Cataluña. En caso de alcanzar la independencia fiscal, sería un claro riesgo para el déficit fiscal de España, pero sería más un riesgo a medio plazo. En definitiva, el resultado de las elecciones no plantea ningún riesgo inminente para las proyecciones de déficit fiscal, emisión y crecimiento, lo cual también se reflejó en el mercado, en el cual la reacción negativa fue mínima. Sin embargo, nuestros estrategas de renta fija esperan que el Bono lo haga peor en los próximos meses ya que las perspectivas de un BTP más barato históricamente ha pesado sobre el rendimiento de los Bonos.