Raphael Olszyna-Marzys (J. Safra Sarasin Sustainable AM) | El Tribunal Supremo decidirá en las próximas semanas si la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, podrá permanecer en su cargo mientras impugna su destitución sin precedentes por parte de Donald Trump. Los inversores consideran que este caso es una prueba clave para la independencia de la Fed y una señal de si las barreras institucionales continúan siendo válidas. La economía populista, desde el proteccionismo hasta la injerencia monetaria, ha dejado históricamente a las economías más débiles, más volátiles y muy endeudadas. Incluso si Cook permanece en el cargo, los mercados se enfrentan al riesgo todavía mayor de una política monetaria politizada, una mayor incertidumbre y un ataque prolongado a las instituciones económicas.

Los mercados esperan con nerviosismo que el Tribunal Supremo de Estados Unidos decida si la gobernadora Cook puede mantener su puesto en la junta de la Reserva Federal mientras se impugna su destitución. Los presidentes llevan mucho tiempo intentando influir en el banco central. Sin embargo, Donald Trump ha ido más allá, destituyendo directamente a una gobernadora en ejercicio. La decisión del Tribunal sobre si puede permanecer en su cargo mientras se desarrolla el caso será la primera indicación de si la independencia de la Reserva Federal está a punto de ser puesta a prueba seriamente. La Fed no es una agencia cualquiera. Sus decisiones tienen importantes implicaciones para todo el sistema financiero global. Socavar su independencia supone un riesgo de desestabilizar los mercados y amplificar la volatilidad económica. Incluso si Cook sobrevive, el ataque forma parte de un giro populista más amplio que amenaza con lastrar la economía, independientemente de lo que ocurra en el banco central.

El populismo, tal y como se define en ciencias políticas, es una estrategia que enfrenta a un «pueblo» virtuoso contra una «élite» corrupta. Sus líderes afirman hablar en nombre exclusivo del pueblo, polarizando la sociedad, desacreditando a sus oponentes y tachando cualquier compromiso de traición. Al redefinir la democracia como puro mayoritarismo, los populistas debilitan los controles y contrapesos, amplían la discrecionalidad del ejecutivo y erosionan el estado de derecho.

La salud democrática de Estados Unidos, según la medición de V-Dem, un instituto de investigación independiente de la Universidad de Gotemburgo, comenzó a deteriorarse tras la crisis financiera, empeoró rápidamente durante el primer mandato de Donald Trump y solo se recuperó ligeramente bajo el mandato de Joe Biden. El índice del Estado de derecho, elaborado por el World Justice Project, muestra una tendencia similar (Gráfico 1). Hay pocos indicios de que vayan a mejorar. Trump hizo campaña con la promesa de perseguir a sus oponentes, intimidar a la prensa y desplegar tropas contra los manifestantes. Con una administración más disciplinada y un manual de políticas ya preparado (Proyecto 2025 de la Heritage Foundation), está actuando con rapidez para cumplir sus promesas.

Lo que está ocurriendo parece ser una ofensiva en todos los frentes contra las barreras institucionales de Estados Unidos. La administración ha tratado de ampliar el poder ejecutivo, frenar el control del Congreso sobre el presupuesto, debilitar las agencias independientes y despedir a decenas de miles de empleados públicos a través del DOGE, un organismo que no rinde cuentas. Más revelador aún es el efecto disuasorio que esto tiene sobre otros: rectores universitarios, directivos de compañías, la prensa y funcionarios locales están modificando su comportamiento para evitar los ataques del Gobierno. Cuando la disidencia se convierte en un cálculo de riesgo, señala Steven Levitsky, de la Universidad de Harvard, la democracia liberal se ve sometida a una gran presión. El nacionalismo económico, a través de aranceles y una inmigración más restrictiva, completa el panorama.

Las investigaciones sugieren que el populismo conlleva un elevado coste económico. Un amplio estudio realizado por Funke, Schularick y Trebesch revela que los gobiernos populistas dejan el PIB aproximadamente un 10% por debajo de lo que habría sido sin ellos tras 15 años. Los culpables son los de siempre: el proteccionismo, la laxitud fiscal y la injerencia monetaria. Estos factores provocan un aumento de la deuda pública, una mayor inflación, un crecimiento más débil de la productividad y una mayor volatilidad macroeconómica. La erosión de las normas democráticas agrava el daño al aumentar la incertidumbre política, la hostilidad hacia las compañías, el riesgo de expropiación, el amiguismo y la corrupción, todo lo cual disuade la inversión, la innovación y el talento.

Magistro y Menaldo, en otro estudio, informan de que cuando los populistas ostentan el poder tanto en el poder ejecutivo como en el legislativo, el crecimiento económico real per cápita disminuye durante más de una década. Atribuyen esto a una redistribución ineficaz y fuera de balance lograda mediante la represión financiera. Esta práctica debilita la intermediación financiera y desalienta la inversión privada, al tiempo que permite a los populistas ampliar el gasto público y desplazar la inversión en infraestructuras, ciencia básica e I+D.

El trabajo de Funke, Schularick y Trebesch también muestra que, una vez que se erosionan las normas democráticas, el populismo puede perpetuarse, encerrando a los países en ciclos de inestabilidad política y baja rentabilidad económica. Los populistas suelen utilizar su poder para distorsionar las elecciones, influir en los tribunales y controlar los medios de comunicación, lo que les ayuda a prolongar su permanencia en el poder, como se ha visto cada vez más claramente en Hungría con Orbán o en Turquía con Erdogan. Su éxito anima a otros: los políticos del mismo bando imitan su estilo para mantener movilizada a su base electoral, mientras que los oponentes adoptan tácticas populistas para romper la polarización del electorado. Según Rachel Kleinfeld, de la Fundación Carnegie para la Paz Internacional, quienes se resisten a menudo no logran captar la atención.

El conflicto por el despido de la gobernadora Cook y la posible decisión final del Tribunal Supremo va más allá de la independencia futura de la Fed. Es una prueba para ver si las instituciones estadounidenses pueden resistir a una presidencia envalentonada. Una sentencia que permita a Cook permanecer en su cargo tranquilizaría a los inversores, ya que al menos seguirían existiendo algunos controles. Pero incluso si ella se queda, las tendencias generales —polarización, erosión institucional y economía populista— apuntan a un futuro difícil. Para los inversores a largo plazo, la verdadera cuestión no es esta batalla en particular, sino si el sistema puede resistir un ataque sostenido.