F. Rodríguez | El 52% de los inversores particulares europeos desistió de ejercer su voto directo en juntas de compañías con sede fuera de su país de origen en 2022, según la encuesta Barriers to shareholder engagement – SRDII revisited. AGM season 2022, realizada en 13 países –incluida España- por BETTER FINANCE, la organización europea que representa, a través de asociaciones nacionales,  a 4 millones de inversores particulares comunitarios, y por DSW, la asociación alemana.
Falta de información, altos costes y procesos complicados son las tres barreras que tiene que superar el inversor minorista europeo para ejercer su derecho a voto en la junta y/o participar en esta cuando se trata de compañías cotizadas con sede en un país distinto al suyo de residencia.
La encuesta revela que una media del 67% de los inversores particulares –porcentaje que llega al 100% en España- tiene que informarse por sus propios medios de los puntos del orden del día sobre los que pueden votar en una junta a celebrar fuera de sus fronteras, en tanto que el 37% lo hace a través de su intermediario y un reducido 2% la recibe de la propia compañía en la que está invertido.
Para ejercer el voto transfronterizo, los costes medios en la decena larga de países analizados oscilan entre los 32 y los 250 euros, cuando este servicio no implica costes, en general, cuando se vota en el propio país dentro de la eurozona. El rango de fee de los 250 o más euros por cada voto que se quiere emitir fue el más habitual en la temporada de juntas de 2022, aunque Better Finance ha detectado la aparición frecuente de paquetes anuales de servicios para juntas –AGM Services Package– destinados a particulares que cuestan 400 euros, sin incluir otros gastos como los de delegación del voto en un proxy -250 euros más- o la obtención de la tarjeta de participación física en la junta, que puede suponer 450 euros adicionales.
Así las cosas, el 56% de los inversores no votó o no solicitó la asistencia a una junta fuera de su frontera o mercado en 2022 debido a que la información sobre esta llegó tarde, y el 19%, por los altos costes.
Better Finance y DSW incluyen en el informe citado una amplia batería de recomendaciones a las autoridades europeas en vista de que la directiva SRDII, conocida como de fomento de la inversión a largo plazo, después de dos temporadas de juntas desde su entrada en vigor, no sólo no ha mejorado el engagement del particular con las empresas donde está invertido fuera de su país, sino que lo tiene aún más difícil. “El estudio revela, por tanto, la necesidad de  hacer el proceso de voto transfronterizo más simple, más efectivo y menos costoso para los accionistas de toda la Unión Europea”, concluyen los autores.