Private Equity bajo sospecha

Rircardo Jiménez (Harmon) | Albertsons es la segunda mayor cadena de supermercados de alimentación en Estados Unidos por número de tiendas. La compañía cuenta con más de 2.200 establecimientos, dando empleo a cerca de 300.000 personas. Sus ventas superan los 75.000 millones de dólares.
En octubre de este año recibió una oferta de compra por parte de Kroger, la mayor cadena del país, por un importe cercano a los veinticinco mil millones. La unión de ambas compañías va a generar el grupo dominante en el sector de la alimentación en USA con mas de 5.000 tiendas. 
La operación de concentración empresarial debería ser una más de las que se producen continuamente. Sin embargo, la creación de grupos super dominadores del mercado en cualquier actividad empresarial está encontrando la creciente oposición del poder político y un mayor escrutinio por las autoridades antimonopolio. La unión de ambas compañías les llevaría dominar más del setenta por ciento del mercado.
Albertsons anunció a mitad de año que se encontraba inmersa en el estudio de alternativas estratégicas para la compañía, con la idea de fortalecer el balance y desarrollar su negocio. Fruto de este análisis, la compañía anunció en octubre un mega dividendo de 4.000 millones de dólares, pagadero en la primera semana de noviembre. En términos de dividendo por acción suponía 8,65 dólares, multiplicando por setenta y dos veces el dividendo habitual de la compañía.
Este hecho llamó la atención de las autoridades y, en movimiento inhabitual, el fiscal del Estado de Washington pidió en los tribunales que no se permitiera dicho pago hasta que se estudiase la mencionada fusión. El fiscal, al que luego se unieron los de California e Illinois, argumentó que dicho dividendo debilitaría significativamente a la compañía, disminuyendo su capacidad de competir y de invertir, poniendo en riesgo los empleos. El juez bloqueó inicialmente dicho pago, lo que ha dado lugar a una batalla legal por parte de la empresa.
Albertsons, en sus comunicados a la autoridad bursátil, ha protestado enérgicamente, negando las afirmaciones del fiscal y defendiendo que el acuerdo fue tomado por unanimidad por el Consejo de Administración de la compañía. La compañía defiende la existencia de líneas de crédito que garantizan la capacidad de inversión futura. Albertsons cotiza en Bolsa, con un valor de unos 11.000 millones de dólares. La cotización bajó aproximadamente un 20% desde el anuncio del posible dividendo.
La controversia sobre dicho pago está alimentada por el hecho de que el principal accionista de Albertina es Cerberus, un fondo de capital riesgo con más de 60.000 millones de dólares en gestión. Cerberus, que compró la compañía en 2006, la sacó a cotizar en 2020, pero sigue siendo su accionista de referencia. En los dos últimos años, la compañía ha tenido un fuerte crecimiento de ventas y resultados, por lo que parece un buen momento para seguir desinvirtiendo de la compañía, llevándose previamente la máxima caja posible vía dividendos.
La compañía cuenta con una deuda bancaria bruta de siete mil millones y una caja de más de 3.000 millones ,que desaparecía con el pago de dicho dividendo. Al igual que todas las compañías de distribución, que cobran de sus clientes al contado y pagan a plazos a sus proveedores, la compañía tiene deuda con proveedores por otros 4.000 millones. Su doble endeudamiento, bancario y operativo, se situaría cerca de los 11.000 millones de dólares, frente al resultado de explotación de 4.000 millones, lo que le deja muy endeble ante cualquier crisis.
Endeudar las compañías para llevarse un mega dividendo con el que recuperar la inversión y obtener una elevada rentabilidad está el libro de ruta de todas los prívate equity. Son las llamadas operaciones de recapitalización por dividendo.
Las mejoras operativas y el férreo control de costes implantados por los private equity permiten en muchas ocasiones aumentar los flujos de caja con los que pagar dichas deudas llevadas al límite. En esos años de pago de deuda, lo normal es que el fondo de capital riesgo ya no esté presente en el accionariado de la compañía, sino buscando otras oportunidades donde repetir el esquema.
La controversia está servida en un momento de mayor escrutinio de este tipo de operaciones por parte de los gobiernos. Bloomberg estima que en 2021 los fondos de capital riesgo endeudaron en más de ochenta mil millones a las empresas para poderse pagar dividendos.
El caso de Cerberus es especialmente sensible dado que el fondo era el principal accionista de la compañía automovilística Chrysler, que tuvo ser rescatada por el gobierno americano. Otro caso de quiebra de compañías cuyo principal accionista era un fondo de private equity fue Toys R “Us”, que quebró, con la perdida de miles de puestos de trabajo, tras multiplicar por veinte veces su endeudamiento.
Lo relevante del caso Albertson es plantearse si se está desarrollando lo que podríamos llamar un “nuevo feudalismo”, en el que las autoridades pueden permitirse intervenir de forma directa en decisiones empresariales tomadas por los accionistas de compañías privadas.
Desde el punto de vista de comunicación de relación con inversores el caso presenta un punto de debate sobre la gestión del corto plazo o del largo plazo. Todos los accionistas se benefician hoy del cobro del mega dividendo. A largo plazo la posición financiera de la compañía queda muy debilitada. El disponer de líneas de crédito, que probablemente verán aumentado su coste, supone automáticamente aumentar la deuda de la compañía.
La comunicación no debería basarse en el nivel de endeudamiento frente al EBITDA, múltiplo habitual en las presentaciones de las compañías. Una información más relevante es la ratio de servicio de la deuda en función de la generación de flujo de operaciones y su evolución en un escenario pesimista de caída de ventas o beneficios. Esta ratio es el que realmente mide la fortaleza de la compañía para soportar su estructura financiera. Este tipo de información, que aparece pocas veces en las presentaciones de las compañías, se basa en parámetros de caja en vez de un criterio contable y sujeto a interpretación como es el EBITDA.
Otro aspecto relevante del caso Albertsons es plantearse si se está desarrollando lo que podríamos llamar “un nuevo feudalismo”. Un escenario, como hemos visto en Europa, con los nuevos impuestos a los llamados “beneficios extraordinarios” de bancos y compañías energéticas, en el que las autoridades pueden permitirse intervenir de forma directa en decisiones empresariales tomadas por directivos y accionistas de compañías cotizadas en bolsa.
Después de varios meses de batalla judicial, el juez desestimó reiteradament las peticiones del fiscal, optando, como es normal, por la libertad de empresa y no por el feudalismo. Albertsons aprobó ayer mismo el pago inmediato del dividendo especial en cuestión.