Bankinter | La compra de GIP por parte de BlackRock coloca a este último como el tercer accionista del grupo con un 20,6% del capital social. El primer accionista es Caixa, que a través de Criteria controla el 26,7%, y el segundo la sociedad formada por CVC y Corporación Alba, que tiene el 20,7%. IFM es el cuarto accionista con el 15,01% del capital. IFM, irrumpió con el 10% en el accionariado a finales de 2021 tras una opa parcial, porcentaje que luego fue aumentando con compras en el mercado abierto.

El Gobierno aprobó la OPA de IFM, pero le impuso ocho condiciones para no truncar la operación. En primer lugar, estableció la obligación de apoyar la inversión de la sociedad en proyectos vinculados a la transición energética en España. También le obligó a no apoyar ninguna propuesta de desinversión que se presente al consejo o a la junta que implique que se pierda el control de filiales que puedan poner en riesgo el buen funcionamiento de las actividades de transporte y distribución de energía y gas natural en España. La tercera condición fue apoyar el mantenimiento del domicilio social y de la sede efectiva de gestión y dirección de los negocios en España. Una cuarta obligación era apoyar el mantenimiento de una parte significativa de la plantilla del grupo en España. La quinta era apoyar una política de dividendos prudente que permita acometer la política de inversión vinculada a la transición energética. La sexta condición era apoyar una política de endeudamiento externo encaminada a mantener la calificación crediticia de grado de inversión de la sociedad y permitir que las ratios de endeudamiento de sus filiales reguladas en España no sean superiores a las recomendadas por Competencia (CNMC). Como séptima condición estaba apoyar la difusión al mercado de información financiera anual y semestral y la octava era no apoyar ninguna propuesta de exclusión de negociación de las acciones de la sociedad en las Bolsas españolas, salvo determinados supuestos.

Todas las condiciones están vigentes durante cinco años, es decir, hasta 2026, excepto la de exclusión de Bolsa, que caducaría a los tres años, es decir, en 2024. Ahora el Gobierno se plantea aplicar estas mismas condiciones para dar el visto bueno a la entrada de BlackRock.

Opinión del equipo de análisis de Bankinter:

Naturgy (NTGY) es la primera gasista en España y la tercera eléctrica. Como tal, es considerada estratégica para la seguridad del suministro energético en España y cualquier operación que afecte a su accionariado debe contar con el beneplácito del Gobierno. Teniendo en cuanta el antecedente de la reciente entrada de IFM en el capital de Naturgy, era previsible que el Gobierno aplicase las mismas condiciones al analizar la entrada de BlackRock, de una manera indirecta a través de la compra de GIP. La vía de las condiciones asumibles, que ya se usó con IFM, parece la adecuada para la entrada de BlackRock en Naturgy. De aplicarse a BlackRock estas mismas condiciones o equivalentes –cinco o tres años de prevalencia– supondría volver a renovar los blindajes de Naturgy para temas clave como la exclusión de Bolsa o el dividendo.