Intermoney | Mencionábamos en el día de ayer cómo la inestabilidad política en Francia podía marcar la semana y desde luego que nos equivocábamos. En un principio, parecía que podía tener poco sentido que Macron formase un nuevo gabinete reponiendo a Lecornu como primer ministro, apenas una semana después de su dimisión, para sacar adelante un presupuesto. Ahora sabemos la razón ya que Lecornu anunció ayer en la Asamblea Nacional la intención de dar marcha atrás con la reforma de las pensiones de 2023. Esta reforma había sido la medida de Macron más importante en materia económica y que más tensiones había generado en una Asamblea ampliamente fragmentada. Para los socialistas esta cuestión era la línea roja que necesitaban modificar para evitar sumarse al voto de censura de los partidos más extremos (Francia Insumisa y Reagrupación Nacional).
La suspensión de esta controvertida medida, ha dicho, costará al Estado “400 millones de € en 2027 y afectará a 3,5 millones de franceses. Aún va a tener que trabajar mucho Lecornu. Si intenta ganar el apoyo de los socialistas con propuestas como mayores impuestos a las sociedades holding, corre el riesgo de perder el apoyo de los republicanos. Los mercados veían con buenos ojos la disposición de llegar a un acuerdo, lo que hacía que la curva de rendimientos gala mostrara notorias caídas, en especial en los tramos largos. El bono a 10 años veía perder -7,4 p.b. de rentabilidad para situarse en el 3,39%, lo cual hacía descender la prima de riesgo frente al bono alemán hasta por debajo de los 80 p.b.
Dicho esto, la estabilidad política en el corto plazo y la menor tensión en los bonos franceses no va a salir gratis en el medio plazo. Francia tiene un problema serio con el sistema de pensiones, que en dos tercios del sistema sigue el método de reparto y prestación definida, el mismo sistema que el español y el más expuesto a la evolución demográfica. Los gastos de jubilación, que constituyen el principal componente de las prestaciones sociales (en torno a un 45%), se aceleraron a un ritmo más intenso (+5,2%) hasta superar los 400.000 millones de euros y el 14% del PIB galo. El coste fiscal de suspender la reforma de pensiones hasta 2027 dependerá de qué parte se suspenda realmente, ya que por ahora sólo se ha frenado hasta las próximas elecciones de ese año. Según algunas estimaciones, mantener congelada la edad de jubilación en su nivel actual hasta las próximas elecciones presidenciales añadiría 0,3 p.p. al déficit en 2026-2027 y en el caso de revertirla completamente, el impacto sobre la deuda en el largo plazo sería bastante superior.
