Banca March | El regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y sus agresivas propuestas, incorporan incertidumbre, pero también nos trasladan a un escenario ya vivido en 2016. En la era Trump 1.0, hemos presenciado un abanico diverso de promesas y amenazas, muchas de ellas con una connotación sobredimensionada o como herramienta de negociación.
En materia de inmigración, la campaña electoral de 2016 ya incluía una mezcolanza de algunas de las medidas que ahora vuelve a proponer. Entre ellas, la eliminación del derecho a la ciudadanía por nacimiento, una orden ejecutiva que en el pasado ya fue desestimada por inconstitucional, puesto que son necesarios 2/3 de los votos a favor en ambas cámaras del Congreso. Ahora, la firmada el pasado 20 de enero, se encuentra temporalmente bloqueada. Lo que sí se materializó durante Trump 1.0, fue el refuerzo de las barreras fronterizas con México y la disminución de la inmigración ilegal. Pese a las dificultades de contabilidad, las estimaciones gubernamentales señalan una reducción de 11,8 millones de inmigrantes sin autorización en 2016 a 10,5 millones en 2020.
Otra temática que se repite es la búsqueda de eficiencia gubernamental. Para ello, esta vez con Elon Musk al frente, se ha creado el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés). En 2016, Trump se comprometió a reducir el número de empleados públicos (ex. defensa) mediante la congelación de contrataciones en el Gobierno, pero lo cierto es que esta orden ejecutiva duró solo 79 días y, durante su mandato, los empleados públicos aumentaron un +3,4%.
Más allá de qué hizo y qué no, toma relevancia qué puede hacer. El partido republicano dispone de la máxima legitimidad política, con el control del Gobierno y las dos cámaras del Congreso, al igual que ocurrió durante los dos primeros años de Trump 1.0. Sin embargo, el punto de partida de la economía es ahora diferente y las cuentas públicas están más deterioradas, lo que limita su margen de actuación.
En su primer mandato heredó unos niveles de inflación más reducidos, del +1,3% frente al +3% de 2024, lo que requerirá de esmero y meticulosidad al implementar nuevos aranceles para evitar un impacto excesivo sobre los consumidores. Algo que ya hizo en el pasado y en plena guerra arancelaria con China.
Trump optó por retrasar desde septiembre a mediados de diciembre la implementación de aranceles sobre 160.000 millones de dólares en importaciones chinas –incluían teléfonos móviles, portátiles y juguetes–, para evitar durante un período clave de compras navideñas, la posibilidad de un fuerte contagio sobre los precios. De hecho, a pesar de su amplia beligerancia comercial en el primer mandato, lo cierto es que la inflación no se disparó de una forma excesiva, tan solo aumentó +0,5 p.p. en tres años y el IPC se mantuvo por debajo del objetivo del +2%.
El principal obstáculo al que se enfrenta ahora el dirigente es el agravamiento del desequilibrio fiscal: la deuda pública se sitúa en el 123% del PIB, casi 20 p.p. más frente a su llegada en 2017, y se prevé un déficit del 7% para 2024, el más alto entre las principales economías desarrolladas. Durante su primer mandato, las reducciones de impuestos llevaron a una disminución de los ingresos, sin que esto se viera contrarrestado por una reducción en los gastos. El «efecto Trump» incrementó el déficit en casi 2 p.p. sin conseguir ajustar los presupuestos.
En este contexto, contener el gasto seguirá siendo un desafío dada la limitación en las partidas susceptibles de ser intervenidas. Los pagos de intereses de la deuda son ineludibles y Trump no está dispuesto a reducir el presupuesto de defensa. Por otro lado, los gastos obligatorios, son aquellos que, para recortarlos, es necesario cambiar la ley mediante una mayoría de 60 votos en el Senado –los senadores republicanos representan un total de 53–. Incluyen programas como Medicare, Medicaid, la seguridad social y beneficios para militares retirados, por lo que incluso entre los propios senadores republicanos, no existe certeza de un consenso para tales cambios. Por lo tanto, solo está garantizado un margen de maniobra sobre el 2,4% del PIB correspondiente a gastos discrecionales, que también son difíciles de recortar en su totalidad, ya que financian áreas críticas como la educación, la investigación médica, la administración de justicia y el transporte.
