Florian Späte /Martin Wolburg (Generali AM) | El objetivo de la UE de que su deuda sea tratada como soberana se ve restringido por los limitados recursos de ingresos propios -apenas alrededor del 1% del PIB (150.000 millones de euros en 2025)-, procedentes principalmente de las contribuciones de los Estados miembros (65%), con porcentajes menores de derechos de aduana (14%), IVA (16%) y gravámenes sobre residuos plásticos (5%).
Los principales proveedores de índices rechazaron en 2024 incluir a la UE en un índice de deuda pública, entre otros motivos, por la bifurcación de opiniones dentro de la comunidad inversora.
Desde enero de 2023, todas las emisiones de la UE están bajo un mismo paraguas de bonos de la UE, independientemente del programa que se financie, lo que hace que la deuda de la UE sea más soberana. Un verdadero salto sería emitir deuda común. Hasta ahora, el único paso hacia la mutualización de la deuda ha sido la concesión de subvenciones como parte de los fondos NGEU para mitigar los efectos perjudiciales de la pandemia. Son reembolsadas colectivamente por el presupuesto de la UE.
Dicho esto, las tensiones fiscales son cada vez mayores. Las perspectivas presupuestarias de la Comisión para 2025 ponen de relieve que el reembolso de la deuda de los nuevos Estados miembros será una de las principales limitaciones del gasto futuro de la UE, junto con otras presiones como la defensa, el apoyo a Ucrania y la ampliación. Algunos países, como España, son partidarios de retrasar los reembolsos para aliviar la presión fiscal a corto plazo y mantener la capacidad de inversión. En cambio, Alemania y otros Estados fiscalmente conservadores se oponen, por temor a que pueda conducir a una unión fiscal permanente.
Este verano se espera que la Comisión presente su propuesta para el próximo Marco Financiero Plurianual (MFP), que comenzará en 2028. Se prevé un recorte del 20% en los principales programas de la UE, debido sobre todo a la necesidad de empezar a devolver los fondos de la UE de Nueva Generación (NGEU).
Crece el apoyo a un nuevo planteamiento presupuestario, centrado en primer lugar en las prioridades estratégicas -qué quiere hacer la UE, qué necesita comprar y cuánto costará- en lugar de discutir sobre las cifras principales. El debate sobre la financiación de los bienes públicos europeos, como las redes y la protección de fronteras, avanza, lo que podría dar lugar a una revisión de la estructura presupuestaria.
Los recursos propios tradicionales comprenden principalmente los derechos de aduana (75% de los recaudados por los Estados miembros en la frontera exterior). En los últimos años, estos se han visto incrementados por las contribuciones basadas en el IVA (tipo normal del 0,3% de la base IVA de cada Estado miembro, la contribución está limitada al 50% de la renta nacional bruta (RNB) del país) de los Estados miembros.
Los esfuerzos de la UE por aumentar permanentemente sus recursos encajan bien con la ambición de la UE de ser percibida cada vez más por los inversores como una entidad soberana y no supranacional.
