Fernando Rodríguez | La federación europea de asociaciones de accionistas minoritarios cree que “en una vasta mayoría de casos, los accionistas no pudieron ejercitar completa o parcialmente sus derechos fundamentales en las juntas generales de accionistas” de 2021, lo que “revela una situación alarmante”. Esta es la principal conclusión del informe Barriers to Shareholder Engagement 2.0: SRD II Implementation Study, realizado por la European Federation of Investors and Financial Services Users (BETTER FINANCE) y su rama alemana DSW.
El estudio mantiene que a pesar de la entrada en vigor en Europa de la directiva SRDII de fomento de la inversión a largo plazo en septiembre de 2020 “el ejercicio de los derechos de voto de los accionistas, especialmente trasfronterizos, continúan enfrentando obstáculos sustanciales” entre los que menciona “numerosos casos en los que se les han cargado altos costes –en algunas ocasiones de más de 250 euros por junta-” u otros derivados de las “complejas cadenas de intermediarios y el uso de cuentas `omnibus´ -con intemediarios o `nominees´ depositarios de las acciones de los inversores individuales-“ que acaban por hacer más difícil, costoso y limitado el engagement del minoritario.
El informe de BETTER FINANCE y DSW considera, que, “dado el nivel y la falta de transparencia de los costes y cargos en las juntas, los legisladores de la UE deberían revisar si son no discriminatorios, proporcionados y están debidamente justificados, y considerar la exigencia de que los `fees´ globales cargados a los accionistas individuales no profesionales que votan de forma transfronteriza no sean más altos que para hacerlo domésticamente.”
Estas dos organizaciones piden que se armonicen a nivel europeo los requisitos documentales para votar e introducir “una definición eurocomunitaria” del concepto mismo de accionista e indican la necesidad de “clarificar quién es el responsable de supervisar los procesos de las juntas generales de accionistas y de armonizar el régimen de vigilancia regulador y de supervisión.”
Adicionalmente, sugieren que se investigue “la involucración de los `neobrokers´ en los procesos de gobernanza y el cumplimiento de la SRDII” y que los legisladores de la UE fortalezcan los mecanismos tecnológicos de comunicación directa entre minoritarios y empresas. “En el siglo XXI ya es hora de que los ciudadanos europeos sean capaces de ejercer sus derechos de voto, a través de sí mismos o con un `proxy´ -por ejemplo, de una asociación independiente de inversores-, como copropietarios de compañías europeas desde sus `smartphones´”, concluyen.
