Fernando Rodríguez | La propuesta de directiva sobre Corporate Sustainability Due Diligence presentada a mediados de esta semana por la Comisión Europea (CE) sigue encontrando oposición. A las críticas de los emisores europeos –a través de European Issuers– se han unido las de los consejeros europeos, representados por la organización ecoDa, en la que se integra la española ICA.

“La propuesta de la CE es poco clara e imprecisa cuando entra en las obligaciones de los miembros de los consejeros de administración. Como resultado, existe un riesgo obvio de disputas legales que involucran a los `stakeholders´ en desacuerdo con las decisiones adoptadas por el consejo”, argumenta un comunicado de ecoDa sobre el borrador de directiva.

En efecto, la propuesta de directiva, aplicable a compañías con más de 500 empleados y 150 millones de euros de facturación –o menores ingresos pero operando en sectores críticos como alimentación, agricultura y pesca, materias primas y minerales o textil- pretende que este colectivo de empresas presente informes anuales de “debida diligencia” supervisados por los estados miembros que incluyan la “identificación de los actuales o potenciales impactos adversos” respecto a determinados  riesgos ligados a la sostenibilidad, así como políticas y sistemas de gestión, prevención, monitorización y comunicación, además de un “procedimiento” concreto de solución de litigios relacionados tanta para empresas como para particulares. En este contexto, la propuesta de directiva apunta directamente a los consejeros de las compañías, al indicar que “los estados miembros se asegurarán que los consejeros son responsables de la ejecución y supervisión de las acciones de diligencia debida”, con la ”debida consideración de  los `input´ relevantes  de los `stakeholders´ y las organizaciones de la sociedad civil”, entre otras obligaciones.

En este sentido, el comunicado de ecoDa sostiene que “la propuesta proporciona una relativamente poco útil clarificación sobre el concepto de debida diligencia del consejero. Los consejeros son conscientes de sus responsabilidades y de la necesidad de incluir a los `stakeholders´ en su estrategia.No necesitan más legislación, sino más ejemplos de buenas prácticas. Estándares más consistentes y dinámicos medioambientales y sociales serían más útiles que una legislación que amplía las obligaciones de los consejeros de un modo impreciso”.  

EcoDa concluye que “hay que tener cuidado de no desanimar a las compañías. Los estados miembros no pueden desviar todas sus responsabilidades hacia las compañías; especialmente, cuando prueban ser incapaces de alcanzar sus propios compromisos climáticos. Además, esta obligación no tiene sentido para todas las compañías en todos los sectores”.