Eiko Sievert (Scope Ratings) | Los planes de recorte de impuestos y aumento de gasto público de la nueva primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, corren el riesgo de poner en peligro las finanzas públicas y la confianza de los inversores si las reformas no mejoran también la credibilidad fiscal y preservan la independencia de los reguladores financieros y del Banco de Inglaterra.

Elegida este lunes como líder del gobernante Partido Conservador, convirtiéndose así en la nueva primera ministra del Reino Unido, Truss asume el cargo en unas circunstancias económicas inusualmente difíciles.  

La alta inflación, el aumento del coste de la energía, la depreciación de la libra esterlina frente al dólar y la desaceleración del crecimiento económico pondrán a prueba el éxito en la tarea de ayudar a los hogares a hacer frente al aumento del coste de vida. Además, esta política también definirá su mandato en el período previo a las próximas elecciones generales, previstas para dentro de poco más de dos años.

Un reto concreto del Reino Unido con el que el Gobierno de Truss tendrá que lidiar es la elevada proporción de deuda vinculada a la inflación. El Tesoro ha sido un gran emisor de bonos ligados a la inflación, que representan alrededor del 25% de la deuda pública en circulación, más que otras grandes economías europeas como Alemania (4%) y Francia (11%).

Hasta ahora hemos previsto un descenso gradual de la deuda pública del Reino Unido hacia el 84% del PIB en 2027, tras un fuerte aumento durante la pandemia hasta el 103% del PIB en 2020. Tal y como están las cosas, la deuda del Reino Unido en relación con el PIB seguiría estando muy por encima de los niveles de deuda previstos para 2027 en economías con rating AAA, como Alemania (65%) y los Países Bajos (47%), aunque sería inferior a la de algunos países con calificación AA, como Francia (115%) y Bélgica (118%).

Truss promete una amplia serie de reformas

Truss promete una amplia serie de cambios políticos, entre los que se incluyen importantes compromisos de gasto público, una reforma fiscal y una reevaluación de los marcos regulatorio y fiscal del país.

Una de estas propuestas consiste en amortizar la deuda pública relacionada con el Covid en un plazo más largo, lo que aumentará la carga de la deuda del Reino Unido y es una muestra de las deficiencias del marco fiscal británico. A diferencia de los marcos más rígidos de Alemania o de varios países nórdicos, el marco del Reino Unido se ha adaptado con frecuencia en los últimos años en respuesta a las perspectivas económicas.

Las reformas fiscales propuestas tendrían como objetivo, al menos, contener la presión fiscal del país. Según estimaciones anteriores de la Oficina de Responsabilidad Presupuestaria, ésta iba a alcanzar en los próximos años su nivel más alto desde los años 60, sobre todo debido a la subida prevista del impuesto de sociedades.

Los cambios para reducir la presión fiscal incluirán probablemente la anulación de la subida de las cotizaciones a la seguridad social de abril, la supresión de las subidas previstas del impuesto de sociedades y la revisión de los impuestos a las empresas, los autónomos y a las herencias.

Los ingresos por impuestos están en peligro en medio de la crisis energética

Sin embargo, esto podría dar lugar a una menor recaudación fiscal en los próximos años si los recortes no suponen un impulso suficiente para la actividad económica que compense los vientos en contra a los que se enfrenta la economía británica, desde los obstáculos relacionados con el Brexit al crecimiento impulsado por las exportaciones, la elevada inflación y el aumento de los costes de la energía, además de la posibilidad de que este invierno se produzcan nuevas tensiones relacionadas con la pandemia en los servicios sanitarios. Creemos que se ha hablado poco de recortes del gasto público en áreas no esenciales para compensar.

A la incertidumbre sobre las perspectivas de las finanzas públicas se suma la preocupación por el futuro de los sólidos marcos de supervisión financiera y gobernanza económica y monetaria del país, que Truss tiene previsto revisar. El sofisticado sistema de regulación financiera del Reino Unido y el sólido marco de gobernanza macroprudencial del Banco de Inglaterra y la Autoridad de Conducta Financiera respaldan la actual calificación del país (AA/estable).

Si el nuevo Gobierno pretende reformar el sistema de regulación financiera del Reino Unido, con la revisión del mandato del Banco de Inglaterra o la reestructuración de otros reguladores clave, será crucial que estos organismos mantengan independencia suficiente frente a la interferencia política.