Bankinter | Endesa (ENE), Iberdrola (IBE) y Naturgy (NTGY), los principales propietarios de los siete reactores nucleares que siguen produciendo electricidad en España, reclaman un precio mínimo garantizado por cada megavatio producido para mantener abiertas esas instalaciones hasta el cierre definitivo que se había acordado con el Gobierno, en el año 2035. 

Fuentes del sector cifran este precio en una horquilla de entre 58 y 59 euros por megavatio hora. Con la producción actual de las centrales nucleares como referencia eso supondría unos 3.000 millones de euros al año. Teniendo en cuenta el cierre escalonado ya programado para esas instalaciones, el total, de aquí a 2035, supondría más de 25.000 millones de euros. De no cubrir esos ingresos, las centrales entrarían en situación de quiebra técnica, lo que desembocaría en un problema financiero y operativo para el sistema eléctrico.

Según un informe de PwC elaborado para la patronal, el Foro Nuclear, en 2020 como consecuencia de los bajos precios de la electricidad que se produjeron ese año, las centrales nucleares tuvieron un flujo de caja negativo de unos 500 millones de euros y unas pérdidas superiores a 1.000 millones de euros. 

Opinión del equipo de análisis de Bankinter:

Las nucleares aportan más del 20% de la generación eléctrica del país. Su producción, de forma continua da estabilidad al sistema. No se pueden sustituir de golpe por otras tecnologías, como es el caso de las renovables, que producen electricidad de forma intermitente. El Gobierno acordó con las eléctricas el cierre escalonado de las centrales nucleares entre el año 2025 y 2035. Sin embargo, este acuerdo queda afectado por la reciente aprobación por parte del Gobierno del denominado “anteproyecto de ley sobre la retribución del C02”. Este anteproyecto, que ha de conseguir la aprobación en el Parlamento, reduce en más de 1.000 millones de euros/año los ingresos de las centrales hidráulicas y las nucleares, con el recorte de los conocidos como windfall profits (beneficios caídos del cielo). Las eléctricas están dispuestas a renunciar a parte del margen que tienen las nucleares cuando el precio de le electricidad sube hasta niveles elevados, tal como está ocurriendo en estos momentos debido a los altos precios del gas y de los derechos de emisión de C02. Pero como contraprestación, reclaman un ingreso mínimo para seguir operando hasta 2035 que es cuando está previsto su cierre definitivo. Comienza un periodo de negociación entre las dos partes.