CdM | El control de la inversión extranjera potencialmente perjudicial deja ángulos muertos que comprometen la eficacia y la eficiencia a la hora de identificar, evaluar y mitigar los riesgos para la seguridad y el orden público en toda la UE, según señalan los auditores de la UE. Aunque el recientemente creado marco de la UE constituye un avance positivo que permite detectar posibles riesgos para la seguridad o el orden público de la UE, entre 2020 y 2022, buena parte de la IED no se sometió a control ni se notificó en la UE. Esto se debió a varios motivos, en particular, a que no existiera un mecanismo de control en algunos países, mientras que aquellos que sí contaban con él diferían en cuanto a la identificación de los sectores críticos o interpretaban de manera diversa conceptos clave de las normas de la UE adoptadas en 2020.

La apertura a la IED es un principio clave del mercado único de la UE, y la inversión extranjera puede mejorar el crecimiento y la innovación en los países receptores del dinero. Sin embargo, la inversión en sectores estratégicos vitales para la seguridad y el orden público de la UE (por ejemplo, puertos, centrales nucleares, semiconductores o microchips de doble uso) en algunas ocasiones puede implicar el riesgo de que inversores ajenos a la UE (por ejemplo, implicados en actividades delictivas, o controlados por Gobiernos o fuerzas armadas extranjeros) ejerzan un control injustificado. Este riesgo puede aumentar si los países de la UE no coordinan sus esfuerzos.

Los auditores constataron que la Comisión Europea ha adoptado medidas adecuadas para establecer el marco, y que son cada vez más los países de la UE que realizan un seguimiento de sus propios mecanismos de control y trabajan en colaboración más estrecha. Esto posibilita la detección de riesgos que de otro modo pasarían desapercibidos. No obstante, algunos factores todavía impiden el funcionamiento correcto del sistema. Las normas de la UE no exigen a los países que establezcan un mecanismo de control, y también les reconoce un margen de apreciación para determinar el alcance de sus normas nacionales de control. Los países tampoco están obligados a notificar el resultado de sus decisiones de control a la Comisión, aunque esta emita una opinión u otros países hayan manifestado su preocupación. Los auditores observaron que varios países solo notificaban las transacciones que podían afectar a su propio orden público o a su seguridad, privando así a los demás Estados miembros y a la Comisión de la posibilidad de evaluar el posible impacto para ellos o para los programas de la UE. Entre 2020 y 2022, los países de la UE notificaron a la Comisión 886 casos controlados. Constatamos que, en varios países, el número de notificaciones no concordaba con el nivel de IED recibida. Seis países presentaron el 92 % de los casos, y nueve países, el 8 % restante. Doce países no realizaron ningún control ni notificaron ningún caso, aunque representan casi la mitad de la IED recibida en la UE. Al mismo tiempo, el mecanismo está sobrecargado con un elevado volumen de casos de bajo riesgo o no subvencionables.

También deben mejorar las evaluaciones de la subvencionabilidad y del riesgo, las opiniones y las recomendaciones de la Comisión. Aunque sus evaluaciones identifican riesgos y permiten anticiparse a posibles vulnerabilidades, los auditores hallaron problemas en las evaluaciones de la Comisión y aspectos de las recomendaciones que pueden plantear dificultades para la aplicabilidad o ser incompatibles con un entorno de economía de mercado.

La política comercial es competencia exclusiva de la UE, mientras que la seguridad nacional y el orden público son responsabilidad exclusiva de los Estados miembros. Hasta hace poco, muchos países de la UE carecían por completo de mecanismos de control de las inversiones. El Reglamento de la UE estableció por primera vez el mecanismo de cooperación, que permite a los Estados miembros y a la Comisión compartir información sobre el control y la evaluación de riesgos de la IED. El control de la IED no solo debería evitar la elusión, sino también que los Estados miembros apliquen criterios derivados de medidas proteccionistas bajo el pretexto de la seguridad. Las entradas de IED en la UE ascendieron aproximadamente a 117 000 millones de euros en 2021. Entre 2020 y 2022, Francia presentó la mayoría de las notificaciones (193), seguida de cerca por Italia, España y Austria. Los Países Bajos y Luxemburgo, que representan el 50 % del total de entradas de IED, notificaron solo siete casos y ninguno, respectivamente.