Bankinter | El Gobierno, con apoyo del PNV, ha introducido una enmienda en la Ley de Residuos que ahora tramita el Senado para reactivar el canon hidráulico. Se trata de un impuesto para obtener ingresos por el uso de las presas hidráulicas para la producción de energía. El canon supone el 25,5% de la producción hidráulica. De salir adelante, a los precios actuales, supondría un coste de 1.200 millones de euros para las eléctricas.
Opinión del equipo de análisis de Bankinter:
Entre los años 2000 y 2013 el sistema eléctrico obtuvo unos ingresos demasiado bajos para cubrir sus costes, acumulando una deuda de más de 30.000 millones de euros. En 2015, el Gobierno de aquella época introdujo el canon como un intento de contener este déficit de tarifa y estableció que tendría carácter retroactivo desde 2013. El año pasado el Tribunal Supremo emitió una sentencia anulando el canon. El Tesoro tenía que devolver todo lo recaudado entre 2013 y 2021 más los correspondientes intereses de demora. El Ministerio de Hacienda tuvo que disponer un crédito especial de 1.900 millones de euros con cargo al fondo de contingencia para hacer frente a la sentencia.
A pesar de las recientes sentencias en contra de este canon, el Gobierno intenta ahora recuperarla, esta vez tratando de corregir sus anteriores errores legales formales. De salir adelante serían malas noticias para el sector, sobre todo para Endesa (ENE), Iberdrola (IBE) y Acciona Energía (ANE) que son las que más hidráulicas tienen. Aunque el impacto económico sería limitado, pone de manifiesto la incertidumbre regulatoria a la que está sujeta el sector.
En esta línea, el fuerte incremento del precio del gas y su impacto sobre la tarifa eléctrica está llevando al regulador a un posible replanteamiento del sistema marginalista para la fijación de precios. El objetivo es excluir los ciclos combinados de gas de los mercados mayoristas para evitar que puedan determinar los precios del pool. De esta manera se evitarían los llamados “beneficios caídos de cielo” o “sobre retribución” que reciben otras tecnologías cuyo coste de producción no está ligado al precio del gas o a los derechos de emisión de CO2 como son la nuclear, la hidráulica, la eólica y la solar.
Red Eléctrica (REE) y Enagás (ENG) no están sujetas a esta incertidumbre regulatoria. Sus ingresos están determinados en función a un retorno sobre una base de activos regulados que se establecen por periodos de seis años y que ya han sido fijados. Esta es la razón por la que hemos incluido, de manera táctica, estas dos empresas en la cartera española de 5 valores mientras duren la volatilidad existente derivada del conflicto de Ucrania.
