La CE recomienda modificar la propuesta de limitar el precio del gas de España y Portugal para que pueda ser defendible ante tribunales

Sector eléctrico

Banco Sabadell | Según prensa, la CE ha solicitado a España y Portugal cómo se financiará el límite a los precios del gas propuesto por ambos países para bajar la tarifa de la luz. En este sentido, la propuesta hispano-portuguesa aboga por que sea la demanda, esto es los consumidores de mercado libre, los que sufraguen el coste de rebajar el precio del gas. Esto implicaría que serían los clientes de mercado libre los que pagarían la diferencia entre el coste real y el precio de venta de los ciclos combinados. Entre otras cosas la CE no quiere que se financie esa diferencia contra presupuestos o que se genere un déficit de tarifa (que pagarían todos los consumidores, incluidos los de PVPC). La CE también tiene dudas de posibles demandas judiciales de empresas (sobre todo industriales competidoras de las españolas y portuguesas, entidades del sector o financieras) si autoriza en sus actuales términos la propuesta presentada por España y Portugal para limitar el precio del gas por considerarlo como ayudas de Estado y del funcionamiento a nivel de interconexión eléctrica en Europa de la propuesta (España y Portugal proponen dos subastas para que la interconexión con Francia no se vea afectada). También consideran excesiva la idea de limitar los precios del gas a 30 euros/MWh y el plazo solicitado (hasta final de año). Según las fuentes, la cifra que se considera que podría no provocar distorsiones al resto del mercado europeo está c. 80 euros/ MWh y solo sería aceptable en un período de varias semanas. Con todo, lo que se ha filtrado hasta ahora es que los técnicos de la CE recomiendan modificar la propuesta para que pueda ser aceptable y defendible ante tribunales españoles y europeos.

Valoración: Se pone de manifiesto la dificultad para sacar adelante la propuesta en los términos iniciales. Si bien algunas de las modificaciones que plantea la CE, a priori, invalidarían gran parte del efecto perseguido por el Gobierno sobre el precio del pool, beneficiarían al sector eléctrico –especialmente renovable- al mantenerse unos precios del pool más altos y desdibujarse el riesgo regulatorio (a la vista del limitado margen de actuación de los Gobiernos nacionales para intervenir el mercado eléctrico europeo).